Los concejales acusan que existen 299 procesos sumariales en tramitación, entre 2013 y 2021. Para ello acompañan el informe final de la Contraloría General de la República "Daem Puerto Montt auditoría a los recursos de la ley 20.248, subvención escolar preferencial, agosto de 2022", que constató la existencia de todos estos procesos notariales en tramitación. Ante ello, el alcalde ha declarado que estos se encuentran en curso. Los ediles sostienen en el servicio traspasado de salud y administración municipal los procesos siguen pendientes.

Los concejales acusan al alcalde de contravenir la determinación del Concejo respecto a remover de su cargo a Patricio Tapia, quien hasta fines del año pasado se desempeñó como administrador municipal. Uno de los motivos de dicha determinación fue la falta de coordinación con el cuerpo colegiado. El funcionario, sin embargo, renunció a la corporación edilicia y Paredes acusa que los concejales "hicieron mal el procedimiento" de remoción.

El año pasado, el municipio firmó un convenio con la Corporación Gea Vida (ver página 4), para el trabajo con los adultos mayores de la comuna, como en un centro de atención diurno. Especifican que a fines de 2022 es nombrada Carla Comicheo como directora de Desarrollo Comunitario, quien tramita y gestiona la subvención municipal. Tras ello, los concejales indican que se inició sumario por una vinculación familiar. Paredes descarta tal conflicto de interés.

El municipio de Puerto Montt registra en el sistema financiero deudas por más de $498 millones, las que serían de larga data y que evidenciarían una falta de control de los compromisos financieros contraídos por el municipio. Para Paredes se trata de una información que no es exacta, aunque los ediles apuntan a que esta clase de compromisos tienen que estar debidamente respaldada, por lo que estas moras no debieran existir.

Otro de los puntos demandados por los ediles ante el TER se refiere a la falta de probidad de la administración. En el documento apuntan a una serie de contrataciones, en diferentes áreas, que tendrían relación con familiares de autoridades y de personeros municipales. Para ello acompañan también antecedentes recopilados por las indagaciones realizadas por Contraloría en esta materia y que abordan eventuales conflictos de interés y faltas a la probidad.

Acusan que el alcalde no ha tenido una conducta acorde a sus deberes funcionarios, toda vez que de forma reiterada su ex administrador municipal, Carlos Soto, hoy director de Concesiones, ha tenido reparos de parte de la Contraloría, como la investigación sobre eventuales irregularidades en el pago de las horas extras, que -según Contraloría- se autorizó a sí mismo. En la administración señalan que aún no llegan los resultados de la investigación de Contraloría.

Los concejales acusan que no se les otorga atención a sus requerimientos, los que han sido planteados en sesiones del cuerpo colegiado. Aseguran que la suma de documentos no respondidos llega a unos 178 en los últimos cuatro años. "Podrían ser unos 500, porque no podemos dedicarnos solo a contestarles a ellos. Se cae por sí solo", retrucó el alcalde Paredes, apuntando a la disponibilidad de los funcionarios para cumplir con dicha tarea.

Los concejales argumentan que un informe de la Dirección de Control del municipio estableció que más de $1.694 millones entregados a 422 organizaciones no han sido rendidos de forma oportuna. Especifican que el 92% de estos recursos corresponden al período de Paredes, mientras que un 8% al que se extiende entre 2000 y 2011.

Los ediles alegan que la Dirección de Obras Municipales (DOM) ha realizado una serie de peticiones de demoliciones al alcalde por diferentes razones, como falta de permisos de edificación o por constituir un peligro debido a su estado de abandono. Ejemplifican que la no demolición de El Teniente ha significado un encarecimiento de las obras de pavimentación. Alcalde señaló que están trabajando para tercerizar este servicio. "Están equivocados", puntualizó.