Carlos Ilabaca

Por segunda vez en un lapso de 22 días, el fiscal Marco Muñoz, que investiga las transferencias de recursos desde el Gobierno Regional de Los Lagos a distintas fundaciones y corporaciones, acudió hasta el edificio del Centro Administrativo Regional en Puerto Montt para coordinar un operativo de allanamiento junto a funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que duró cerca de 2 horas.

El procedimiento, que se inició alrededor de las 10:30 de la mañana, se realizó en virtud de una orden de entrada y registro que fue previamente autorizada por el Juzgado de Garantía de esta ciudad.

Muñoz, quien es el fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Los Lagos, se entrevistó primero con el gobernador regional Patricio Vallespín, quien -según expresó más tarde el propio persecutor- "dio todas las facilidades para que tanto al interior del recinto de la gobernación (regional) como sus funcionarios pudiesen colaborar y entregar toda la información que fuese requerida por el Ministerio Público y la PDI".

Las diligencias se centraron principalmente en el cuarto piso, donde se ubican la Oficina de Partes, Informática y la jefatura de División de Presupuesto e Inversión (Dipir).

Según se pudo observar, el fiscal revisó información en varios computadores en compañía de funcionarios del Gore y la PDI, e incluso respaldó documentación en formato digital.

Investigación focalizada

Al respecto, el gobernador Patricio Vallespín informó que "hemos recibido nuevamente, y con la plena cooperación que siempre ha planteado este gobernador regional, diligencias complementarias que nos ha solicitado el fiscal que está haciendo la investigación de los recursos con Kimün y Participa, más otras instituciones. Sin duda hemos facilitado el acceso a eso, que básicamente significa la revisión de algún antecedente complementario, llevar nuevos antecedentes".

Asimismo, Vallespín confirmó que se firmaron las respectivas autorizaciones para la entrega voluntaria de toda la documentación solicitada. "Ellos han ido focalizando un poco más la investigación y nos parece sumamente pertinente y razonable que así sea, porque de alguna u otra manera así se va avanzando en esta investigación que va bastante rápida. Nosotros celebramos que así sea, porque lo dijimos del comienzo, mantenemos plena disposición a entregar todo el antecedente que corresponda", resaltó respecto al avance de la indagatoria del Ministerio Público.

Luego de permanecer por poco más de dos horas al interior del Centro Administrativo Regional, y a diferencia de lo ocurrido con el anterior allanamiento que se realizó el 20 de julio, el fiscal Marco Muñoz aceptó conversar con los medios de comunicación que siguieron el desarrollo de las diligencias, no sin antes aclarar las restricciones para la entrega de información propias de una investigación en curso y que todavía tiene otras diligencias que cumplir. "Lo que puedo señalar es que como Ministerio Público estamos cumpliendo nuestra labor, que nos encomienda la ley y la Constitución en relación a investigar los delitos y perseguir la responsabilidad penal en el caso que se acrediten estos y se identifique la responsabilidad penal de personas determinadas en ello, con especial preocupación y énfasis en los delitos de corrupción", explicó el persecutor, quien agregó que "efectivamente se trata de la segunda diligencia que se realiza acá en el Gobierno Regional y en materia de delitos de corrupción no les puedo asegurar, anticipar ni descartar que eventualmente puedan haber otras diligencias similares o iguales acá o en otro lugar".

Caso Kimün

El fiscal Muñoz se refirió escuetamente también a la investigación por lavado de activos que el Ministerio Público sigue en lo relativo al presunto desvío de los $1.200 millones otorgados por el Gobierno Regional a la Corporación Kimün para el saneamiento de títulos de familias vulnerables y que podrían haber ido a parar al CFT e IP Los Lagos, razón por la cual se encuentran detenidos el actual sostenedor, Diego Ancalao Gavilán, y el rector, Jaime Huincahue Melipil.

En relación a este último, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal reconoció que ya fue controlada su detención en la ciudad de Puerto Montt y que permanecerá detenido en el cuartel de la PDI en Puerto Montt hasta la formalización de cargos, fijada para el día lunes a las 11 horas. Según Muñoz, como se trata de una investigación por lavado de activos se aplican normas especiales, "y también el control puede ser incluso telefónicamente en algunos casos especiales como este", aclaró.

El persecutor insistió que "la investigación es secreta y por lo tanto así se mantendrá", aunque posteriormente explicó sus palabras. "Las decisiones respecto al secreto y reserva están orientadas exclusivamente a la eficacia de diligencias de investigación. Estamos haciendo nuestro trabajo como Ministerio Público, lo vamos a seguir haciendo, y si los medios de comunicación no toman conocimiento de esta reserva por alguna diligencia que se esté haciendo o que se vaya a realizar en el futuro, eso es únicamente no para que se pueda pensar de que hay cierto oscurantismo detrás de esta decisión, sino que es garantizar y asegurar que cada una de las diligencias que podamos realizar tengan las mayores posibilidades de éxito y así las diligencias puedan ser realizadas con eficacia y logremos nuestro objetivo que es conocer todas las circunstancias que rodearon los hechos que se investigan", dijo.

Consultado finalmente sobre cuánto tiempo se podrían mantener este tipo de restricciones, Muñoz citó que la ley 19.913 -sobre lavado de activos- señala un plazo de seis meses.

10:30 horas inició la diligencia el fiscal Marco Muñoz en el Gobierno Regional con una orden de entrada y registro.

2 horas permanecieron el fiscal y detectives de la Bridec revisando documentación en diversas oficinas.

A la misma hora que el fiscal Muñoz coordinaba el allanamiento en el Gore, en el mismo cuarto piso estuvo sesionando la comisión provincial de Palena del Consejo Regional. En la oportunidad, uno de los temas que estaba en agenda fue una exposición de la Fundación Participa, una de las tres investigadas por la Fiscalía Regional. El presidente de la instancia, Fernando Hernández, explicó que existían dudas por un cierto retraso en la ejecución del programa, que a la fecha llevaba cerca de 140 potenciales beneficiarios identificados, mientras que la meta es de unos 300. Tras la exposición del coordinador Fredy Seguel, el core Hernández se mostró confiado en que la fundación podrá tomar a beneficiarios de zonas rurales que inicialmente eran parte del programa asignado a la corporación Kimün.