Carlos Ilabaca

Un mecanismo de transferencias secretas de recursos desde el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos a personas naturales e instituciones ajenas al ejecutivo regional, y que a lo menos datarían de febrero de 2021, denunció ayer lunes el gobernador regional Patricio Vallespín.

Según lo informado por la autoridad, a la fecha se han transferido más de $300 millones, situación por la cual ordenó un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, como asimismo se cursaron las denuncias correspondientes a la Contraloría y al Ministerio Público.

De esta manera, una nueva arista de presuntas irregularidades por millonarios traspasos de recursos públicos se abre para el Gobierno Regional, pero distinta y paralela al denominado Caso Convenios.

La principal diferencia radica hasta el minuto en que en este nuevo caso los recursos fueron obtenidos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), sin que exista constancia de registros o respaldos contables, autorizaciones respectivas y tampoco estarían vinculados a ningún programa visado y aprobado.

El nuevo mecanismo

De acuerdo a la información proporcionada ayer por el gobernador regional, Patricio Vallespín, este sistema quedó al descubierto "en el marco de las revisiones internas para la eficiencia institucional".

En concreto fue la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional -que hasta el lunes 7 de agosto estaba a cargo del administrador público y técnico en Contabilidad, Rubén Quintul- la que detectó las "transferencias secretas de recursos de manera irregular a personas ajenas al Gobierno Regional", a personas jurídicas y naturales sin relación contractual con el Gobierno Regional de Los Lagos y sin que exista un movimiento contable que justifique o acredite estas transacciones o transferencias realizadas.

Según enfatizó el gobernador Vallespín, la situación se "comenzó a investigar por instrucción mía a mediados del mes de julio. Esto con la finalidad de constatar y documentar todo detalle que conlleve a aclarar esta anomalía en el sistema".

La primera medida adoptada por la autoridad fue ordenar la instrucción de un sumario administrativo. "Posteriormente se ha iniciado una auditoría a las conciliaciones bancarias, fondos fijos y arqueos por parte de la Contraloría. Si bien hemos descubierto nosotros esta posible falta grave, es vital que la Contraloría nos colabore en esa área. Puesto que nuestra propia revisión preliminar, detonada por retrasos en procesos bancarios, nos permitió descubrir y detener estas acciones que a la fecha suman poco más de 300 millones de pesos en transferencias", dijo el gobernador.

Asimismo, Vallespín recalcó que "estamos posiblemente ante un sistema de desviación de fondos públicos que estaría funcionando hace varios años. Por aquello, ya hemos pedido al banco la apertura de los archivos de los años 2018, 2019 y 2020 para saber desde cuándo partió esta muy mala práctica. Puesto que vamos a llegar al fondo de esta y serán las indagatorias las que verifiquen estas informaciones", y recalcó tajante que " no vamos a tolerar este tipo de prácticas".

Desde el Gobierno Regional se informó que el 4 de agosto ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado. Además, Vallespín acogió la petición realizada por los gobernadores regionales en el último plenario realizado en Maullín, para realizar una auditoría externa a todos los procesos administrativos, presupuestarios y financieros del Gobierno Regional.

Senador se querella

El 8 de agosto, el abogado Sergio Coronado presentó ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt una querella criminal en representación del senador PS Fidel Espinoza.

En dicha acción legal, se vierten antecedentes clave para entender la envergadura del mecanismo dentro el Gore.

Uno de estos antecedentes deriva de un proceso de auditoría efectuado entre los meses de marzo y julio de 2023 por el Departamento de Finanzas y Presupuestos del Gore a las cuentas corrientes asociadas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del programa de Presupuesto e Inversión Regional.

Dicha auditoría arrojó la sustracción de $57.500.000 desde las cuentas corrientes destinadas a los recursos del FNDR, a través de cinco transferencias realizadas en enero de 2022 ($4.000.000), junio de 2022 ($11.500.000), julio de 2022 ($5.000.000), agosto de 2022 ($22.000.000) y septiembre de 2022 ($20.000.000).

El mismo documento consigna que "las sustracciones/transferencias de recursos fiscales, que fueron detectadas, no cuentan con registros y respaldos contables, no fueron autorizadas por el Gobierno Regional de Los Lagos, y no están vinculadas a ningún programa visado y aprobado. En definitiva, las transferencias detectadas tienen relación con actividades ilícitas en las que han participado, por una parte, funcionarios públicos del Gobierno Regional de Los Lagos, y por otra parte, particulares que han recepcionado los recursos que fueron malversados a través de un mecanismo defraudatorio, diseñado y ejecutado, con la finalidad de apropiarse de recursos públicos, a fin de destinarlos a su beneficio propio/personal".

Consultado sobre el tema, el parlamentario socialista comentó que la información contenida en la querella fue recibida en una carpeta que se le hizo llegar, que contenía "información bastante reveladora, además de eventuales delitos que habrían incurrido funcionarios del Gobierno Regional. Una carpeta de una serie de elementos que me parecieron importantes de entregarlos a la justicia", explicó.

"Aquí es caiga quien caiga, y desde ese punto de vista, tengo la plena impresión de que aquí tienen que investigarse todos los hechos que también ha transparentado públicamente el gobernador regional, que fueron pesquisados en las investigaciones que se están desarrollando el día de hoy", sostuvo Espinoza, quien además aclaró que esto no está relacionado con el llamado Caso Convenios. "Serían delitos funcionarios que se vendrían cometiendo desde el año 2018 al interior del Gobierno Regional, lo cual demuestra precarios niveles de fiscalización en el gobierno anterior también, y que dan cuenta que entregaron su mandato dejando estos hoyos financieros que hoy día están apareciendo y descubriéndose", puntualizó el legislador.

$57 millones 500 mil se habrían sustraído desde las cuentas corrientes del FNDR entre marzo y julio.

300 millones de pesos

Quien también opinó sobre el tema fue el senador UDI Iván Moreira. "Es extraño que esta denuncia se haga ahora, cuando el gobernador Vallespín lleva tres años en el cargo. ¿Qué pasó con sus equipos que no fiscalizaron? Más allá de esta denuncia, que me huele a empate o desviar el foco de atención del robo del siglo de tantas fundaciones, lo que todo el mundo espera es que el gobernador regional haga alguna autocrítica respecto de su administración y los traspasos a Corporación Kimün, la Fundación Participa y ahora el Centro Universitario para la Innovación de Chiloé, de la que ya teníamos conocimiento hace mucho tiempo y de sus estrechos vínculos con dirigentes de la DC", subrayó.