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el deterioro de los materiales de construcción que permanecen en la obra". Esa respuesta, agregó, servirá para sustentar la presentación que se hará llegar a Moreira.
Extensión del plazo
El abogado reconoció su preocupación por el proceso de liquidación que está llevando a cabo el municipio, puesto que se proyecta que será necesario inyectar más recursos a los que quedaron disponibles, luego que el pasado 7 de julio la corporación edilicia puso término anticipado al contrato, por incumplimientos de la constructora Cosal.
"Están haciendo la liquidación del contrato y poder ver los valores que están invertidos efectivamente en la obra. Pero también es importante saber cuánta inversión se va a necesitar. Al costar más, eso tiene que entrar a un nuevo proceso de evaluación que ingresará al Ministerio de Desarrollo Social. Si se aprueba, deberá pasar nuevamente por el Consejo Regional, en busca de aprobar esos nuevos recursos. Eso es un problema, porque retardará todos los tiempos que se habían pensado en un comienzo, con un perjuicio, sobre todo para los comerciantes y residentes del sector, así como para todos quienes transitan a diario por esa calle, que es muy concurrida", afirmó.
Sostuvo que ese mayor valor no ha sido establecido y que se está realizando esos cálculos. Con todo, aseveró que los dineros que no se pagaron a Cosal bordean los 2.600 millones, aparte de boletas de garantía de fiel cumplimiento, por más de $421 millones; y de retenciones por cada estado de pago, que suman algo más de 300 millones de pesos.
Wainraihgt admitió que teme que ese procedimiento además implique una extensión de los plazos de ejecución comprometidos por el municipio.
Recepción
A modo de cautelar que no haya nuevos inconvenientes en esta reanudación de trabajos, Wainraihgt planteó que funcionarios del Gore también pidieron contar con certificados de recepción de las obras que alcanzó a realizar Cosal.
Especificó que la Municipalidad, como mandante de la obra, debe encargarse de pedir esos documentos tanto al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), respecto de los pavimentos y veredas; a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), en cuanto al colector de aguas lluvia en la intersección con calle Ancud y que descarga en la costanera; además de Suralis, sobre las redes y conexiones de agua potable y alcantarillado.
"Queremos que nos digan si lo que está hecho sirve o no. Porque hay que darle certeza a la empresa que se adjudique esta obra. No sabemos si lo que está hecho sirve o hay que demoler y hacer todo de nuevo", expuso.
Para agilizar esta tramitación, en la instancia se solicitó una nueva reunión con representantes del municipio y de los organismos vinculados a este proyecto.
Piden reunión
De su lado, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Luis Díaz, confirmó que existe vandalismo y daños al mobiliario urbano en calle Varas. Citó el caso de algunas unidades que "se están descascarando y dañando producto del óxido. Es mejor atacar ahora y no cuando el daño sea mayor", aconsejó, ya que "mientras más tiempo pase sin atender esto, mayor y más costosa será la intervención que se tendrá que realizar".
Al conocer que para terminar la obra habría un aumento de presupuesto y que deberá volver a ser evaluada por Desarrollo Social, el también vecino de calle Varas estimó que de ser así, no se cumplirá el cronograma fijado por la Municipalidad, que dio cuenta que en noviembre se adjudicaría la licitación y que en febrero de 2024 estaría entregada la obra.
Díaz evidenció que existe intranquilidad entre residentes y comerciantes de esa céntrica calle de Puerto Montt, más todavía "porque no se ha logrado concretar la reunión con el alcalde (Gervoy Paredes), en la que se pueda conocer la Carta Gantt de las etapas de licitación del proyecto".
Dijo confiar en que esa audiencia tenga lugar en los próximos días, puesto que hace tres semanas que esperan por esa confirmación. "Hay vecinos que tienen que tomar decisiones relevantes: seguir o no en el barrio; vender o no en los próximos meses. Dilatar esta reunión genera mucho daño", remarcó el dirigente.
Por ello es que se mostró partidario de "seguir el consejo de los propios vecinos de Varas: dar el plazo realista o incluso pesimista, más que el optimista. El sector ya se cansa de tanto plazo anunciado desde el municipio y que no se termina cumpliendo nunca".
Planes estatales
Al ser requerida la versión de la delegada Moreira sobre los problemas de seguridad que se registran en calle Varas, no hubo una respuesta desde la Delegación Presidencial.
En su lugar, se compartió un audio de Paulina Muñoz, coordinadora regional de Seguridad Pública, en el que hace mención a la implementación de planes en el área céntrica de la capital regional.
De acuerdo a ese registro, tanto Moreira como Muñoz lideran una mesa público-privada "para recuperar espacios públicos, sobre todo en el polígono de la calle Antonio Varas, con el objetivo de mejorar la seguridad, de fomentar la denuncia y de prevenir distintos delitos", precisó la coordinadora regional de Seguridad Pública.
Especificó que esa zona del centro de Puerto Montt está incorporada en el programa Calles sin Violencia "y también con una intervención en la línea de Estado Presente".
Muñoz especificó que "en este trabajo participan distintos actores", como el municipio y sus unidades de fiscalización y seguridad.
Aunque este diario solicitó contar con un pronunciamiento de la Municipalidad de Puerto Montt, al cierre de esta edición no se conocía la planificación o tareas que emprendería la administración edilicia en esta materia.
"Es importante saber cuánta inversión se va a necesitar. Al costar más, eso tiene que entrar a un nuevo proceso de evaluación"
Rodrigo Wainraihgt,, consejero regional.
"Hay vecinos que tienen que tomar decisiones relevantes: seguir o no en el barrio; vender o no en los próximos meses"
Luis Díaz, vicepresidente, Cámara de Comercio.
$8.463 millones es el valor final del contrato que financió el Gobierno Regional para este proyecto elaborado por la Municipalidad de Puerto Montt.
67% es el avance financiero estimado de la obra. Según datos del Gore, se alcanzó a pagar una suma de 5 mil 873 millones 852 mil 134 pesos.
16 de septiembre era el plazo para dar término a esos trabajos, con una ampliación de 260 días. Pero, el 7 de julio el municipio puso fin anticipado al contrato.