Un fantasma recorre Chile y no es por cierto el que Marx y Engels pretendían que recorriera Europa en 1848. Nuestro fantasma es el de la desconfianza. El alud de evidencias que el llamado Caso Fundaciones ha arrojado en torno a nuestra debilidad institucional como país y, en algunos casos, de corrupción pura y dura desarrollada al amparo de esa debilidad, ha generado una desconfianza generalizada: las chilenas y los chilenos, hoy, desconfiamos de la calidad de nuestras instituciones y también de la probidad de nuestras autoridades, junto a la efectividad de los mecanismos de control sobre la utilización de los recursos públicos.

La Fiscalía Nacional ha declarado estar investigando a 47 fundaciones en 11 de las 16 regiones del país; números que, por cierto, pueden aumentar. Y entre esas regiones se encuentran tanto Arica y Parinacota como Magallanes y también nuestra región. Las fundaciones son investigadas en relación con sus vínculos con autoridades públicas regionales, por lo que es el sistema de gobierno en regiones, a todo lo largo del país, el que se encuentra bajo sospecha.

Como el principal cambio experimentado por la estructura de nuestro Estado durante los últimos años ha sido el proceso de descentralización, no resulta extraño que muchas de las voces críticas del fenómeno de corrupción y debilidad institucional tiendan a concentrarse en ese proceso. Se trata de algo no solamente injusto, puesto que flaquezas en la construcción del sistema no cuestionan la pertinencia de éste, sino que además refractario a la voluntad unánime de todos los que en nuestro país habitamos en regiones.

El centralismo imperante en casi todos los aspectos de la vida cotidiana de nuestro país, desde la cultura a las decisiones administrativas, se ha convertido en una realidad agobiante que ha postergado muchos proyectos necesarios, ha dejado otros tantos inconclusos y ha generado un crecimiento desigual de las regiones con la capital. Se trata de un defecto grave de nuestra realidad nacional y debe ser superado. No es posible que decisiones cruciales sobre el desarrollo, la calidad de vida y el bienestar de quienes vivimos en regiones, sigan siendo tomadas a miles de kilómetros de distancia. La mayor parte de esas decisiones pueden y deben ser analizadas y asumidas desde la realidad de las regiones.

Durante los últimos 40 años se ha ido avanzando gradualmente en la legislación, dotando a las regiones de nuevas facultades que, recientemente, han incluido la elección de las máximas autoridades regionales por votación popular. Es verdad que ese proceso manifiesta debilidades. Hoy día los gobernadores regionales tienen mucho menos capacidad de control sobre las autoridades sectoriales regionales que la que tenían los antiguos intendentes. Su máximo poder radica en su capacidad, compartida con el Consejo Regional, de aprobar los proyectos de inversión financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), que bordean el 15% del total de la inversión pública en la región.

Libre disposición

Por otra parte, los gobernadores regionales pueden disponer, prácticamente de manera libre, de parte de los recursos de inversión destinados a gastos corrientes para actividades culturales, deportivas o sociales que realicen instituciones sin fines de lucro. Un dictamen de Contraloría de mayo del año pasado estableció la libre disposición de esos recursos por el gobernador, sin necesidad de examen por parte del Consejo Regional. Se creó, así, un fondo de libre disposición de los gobernadores de alrededor de 91 mil millones de pesos en 2022. Un fondo del que se ha alimentado la mayoría de las decisiones de asignación de recursos ahora cuestionadas.

También es necesario admitir que los gobiernos regionales tienden a no admitir su incapacidad de ejecutar su presupuesto anual y a gastar sus saldos no ejecutados de cualquier manera, con el objeto de no arriesgar una disminución en el siguiente ejercicio presupuestario. El 31 de octubre del año pasado, el promedio de ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales alcanzaba sólo al 49,6%. Al finalizar el año, sin embargo, todos estos gobiernos se acercaron al 100% de ejecución.

En ese gasto desesperado y muchas veces inconsulto, que se repite cada fin de año, se sitúan también muchas de las operaciones ahora cuestionadas y en investigación.

El develamiento de estos problemas hace imposible no pensar qué estaría ocurriendo en este instante en nuestro país, de haberse aprobado el proyecto propuesto por la Convención Constitucional. ¿Se imaginan a Chile dividido no sólo en regiones autónomas, sino también en territorios autónomos (tantos como pueblos originarios aceptara esa nueva Constitución)? ¿Y todo ello con los mismos recursos actuales, esto es aumentando exponencialmente los mismos déficits de capacidades administrativas y de control por parte de ese Estado fraccionado y disperso que se nos proponía?

Afortunadamente las chilenas y chilenos pudimos superar ese riesgo utilizando los instrumentos de la democracia. Ahora debemos concentrarnos en superar los problemas que han sido puestos en evidencia durante las últimas semanas en relación con la descentralización y el arma principal a utilizar es la transparencia: transparencia en las actuaciones de gobernadores y consejos regionales; rendición de cuentas públicas en todo momento.

El proceso de descentralización debe perfeccionarse permanentemente, pero de ninguna manera debe detenerse. En regiones no aceptaremos que errores en el diseño de la descentralización, que pueden ser corregidos, o las conductas impropias de algunos, paralicen ese proceso que es una de nuestras más sentidas aspiraciones.

Es fundamental recuperar la confianza en nuestras instituciones y en quienes las lideran, porque una adecuada descentralización puede mejorar la calidad de vida de millones de chilenos y chilenas.