Funcionarios arremeten contra Fiscalía, PDI y gobernador por el Caso Convenios
LOS LAGOS. Abogado de la Asociación de Funcionarios del Gore anunció ayer la presentación de acciones de tipo penal, administrativo y un recurso de queja.
A 13 días de producido el segundo allanamiento en las dependencias del Gobierno Regional de Los Lagos, la Asociación de Funcionarios que integra esta repartición pública emitió una declaración en la cual expresó su "preocupación y rechazo" por actos atentatorios contra el ejercicio laboral y el derecho a la privacidad, así como también cuestionó indirectamente a la cabeza del Gore por la falta de protección hacia sus trabajadores.
Esta declaración fue emitida por la directiva de la asociación que preside Jorge Loncón e integran además la tesorera Gloria Quezada y el secretario Patricio Zúñiga.
En el documento hecho público este miércoles, expresan que en relación al llamado Caso Convenios, "los funcionarios han puesto a disposición toda la información que las autoridades competentes han requerido para que se investigue y sancione a quienes hayan participado en presuntos delitos o faltas administrativas".
Aún así, cuestionaron la forma cómo procedió tanto la PDI como la Fiscalía en los allanamientos producidos el 20 de julio y posteriormente el 11 de agosto últimos. "Exigimos de la autoridad competente (Fiscalía y PDI) respeto a las garantías de los trabajadores y funcionarios de este organismo. Por lo anterior, participaremos de todas y cada una de las investigaciones exigiendo que se cumpla el estado de derecho", reza el texto.
A mayor ahondamiento, fue el abogado de la asociación, Oscar Montecinos, quien se refirió al punto. "Creemos que hay falencias importantes de cómo se ha hecho la investigación y cuáles son los fines que persigue (...) Estamos hablando de decisiones investigativas, de acciones investigativas, de algunas diligencias que se han realizado en forma muy violenta y vulnerando los derechos de los funcionarios y también de algunas decisiones administrativas", detalló.
El profesional cuestionó en específico la incautación de teléfonos personales de los funcionarios, "que no tienen nada que ver con la función administrativa", así como también el que no les fueran debidamente comunicados sus derechos a los funcionarios. "Algunos no saben si están en carácter de imputados, investigados, testigos. Eso es fundamentalmente lo que estamos tratando de esclarecer", refrendó el jurista.
Acudirán a la justicia
Por las razones expuestas, desde la directiva de la asociación confirmaron que buscarán hacerse parte del Caso Convenios, a través de la presentación de acciones judiciales.
Sobre este respecto, el abogado Montecinos informó que "en los próximos días vamos a interponer acciones penales, administrativas y a presentar los recursos y quejas en el órgano jurisdiccional competente, para que primero se investiguen los hechos vulneratorios que acabo de contar y segundo se establezca cuál es el grado de participación que tienen todas las personas que han sido investigadas, y especialmente los funcionarios vulnerados. Vamos a pedir todos los sumarios que sean necesarios a todas las autoridades que sean necesarias", acotó.
Consultado respecto a si ejercerán acciones similares en relación al caso de traspasos secretos detectados en el Gobierno Regional, Montecinos recalcó que "creemos que es parte de una misma maquinaria, que es parte de lo mismo que se está tratando de imputar y queremos una investigación acabada, profesional y técnica que nos va a dar la razón respecto a que, si bien es cierto son aristas distintas, nacen de los mismos hechos y posiblemente constituyan los mismos grados de vulneración", dijo.
Finalmente, respecto a la falta de protección de los funcionarios, el abogado sostuvo que las acciones administrativas que se tomen, apuntarán a "quien tiene el mandato soberano de haber sido elegido democráticamente".
20 de julio
11 se produjo el primer procedimiento con orden judicial de entrada y registro en el Gobierno Regional.