Hace dos semanas, la comunidad del sector de Mirasol, en Puerto Montt, resultó conmocionada con el violento asalto que afectó a un minimarket. El nieto de un matrimonio de adultos mayores regresó a la casa y se encontró con una escena horrenda: su abuela fallecida, su abuelo gravemente herido -finalmente murió hace pocos días- y una hija de ambos con evidentes señas de haber sufrido una agresión. Se acusa al atacante, yerno de las víctimas fatales, de haber cometido los crímenes para quedarse con el dinero producto de la venta de una propiedad, el cual estaba en una caja fuerte.

El pasado fin de semana, en tanto, un joven que transitaba por la vía pública perdió la vida en la población Crucero, también en la capital regional, al ser baleado por la espalda por un grupo de personas que iba en un automóvil. La víctima había sido detenida hace tres meses en un operativo contra el narcotráfico, el cual en su momento arrojó una decena de detenidos. Por el crimen de Crucero, a las pocas horas la policía capturó a dos sospechosos.

Dos hechos ocurridos en un corto espacio de tiempo en Puerto Montt y que reflejan, lamentablemente, el nivel de inseguridad que se ha alcanzado en la ciudad. Se condice con la preocupación ciudadana que hay en torno al tema y con el dato evidente de que hoy por hoy, se observa un mayor nivel de violencia en los delitos que se cometen contra la vida y la propiedad. Lo mismo sucede en Santiago y todos los grandes centros urbanos del país: la seguridad es un bien que se ha extraviado, en una conjura en la que fueron confluyendo el estallido social, la pandemia y el deterioro de los espacios públicos, en un círculo vicioso que no tiene visos de detenerse.

Esta es la gran urgencia del país. Hay bandas criminales organizadas, avance del narcotráfico, descrédito por la autoridad y familias encerradas en sus casas, mientras en los centros del poder, pareciera que la clase política gira en torno a otras prioridades. En ese insólito y centrípeto extravío, la agenda de seguridad, el fortalecimiento de las policías, los recursos para el Ministerio Público y la recuperación de los espacios públicos quedan en segundo plano, como si las familias chilenas pudiesen esperar que alguien tenga una epifanía.

El pasado jueves 17 de agosto de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.595, denominada Ley de Delitos Económicos, que sistematiza los mismos y, entre otros aspectos relevantes, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Esta iniciativa legislativa comenzó su discusión en el año 2020, con la finalidad de actualizar y concretamente modernizar los delitos económicos, como también los modelos de prevención de delitos de las personas jurídicas, y promover la implementación de estos modelos para empresas que aún no cuentan con uno.

En esta nueva normativa, se definen los delitos económicos como aquellos que por su naturaleza son económicos, y otros que pasan a ser económicos en determinadas circunstancias (como los cometidos en el ejercicio de un cargo en la empresa, o los cometidos por un funcionario público a instancias de alguien que tenga un cargo en una empresa).

Adicionalmente, la ley incorpora los delitos contra el medio ambiente en la categoría de delitos económicos.

En términos generales, la ley establece un estatuto diferenciado de determinación de penas para este tipo de delitos, aumentando las sanciones y, además, ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas, a través de sus respectivos representantes. Así, cuando el delito tenga una pena de presidio o reclusión (cárcel) es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con la privación de libertad, ya que lo que se busca a través de esta nueva legislación es evitar que se produzca una sensación de impunidad frente a este tipo de delitos, considerando el gran impacto social, económico y medioambiental que estos pudiesen tener.

Lo anterior, entre otras cosas, a través del cumplimiento de ciertos requisitos que establece la ley, como que se trate de medianas o grandes empresas (quedando, por ende, excluidas las pequeñas y micro empresas); que el delito sea cometido por una persona natural que ocupe un cargo o función en la organización, o bien sea un tercero intermediario (por ejemplo, un proveedor externo); y el hecho debe haberse favorecido por la falta de implementación de un modelo de prevención de delitos.

En esta ley, los delitos económicos se clasifican en distintas categorías, y establece atenuantes y agravantes especiales para este tipo de delitos, considerando que no pueden aplicarse las normas actualmente existentes en el Código Penal en esta materia, por tratarse de otro tipo de criminalidad.

Además, hay penas sustitutivas nuevas, estableciendo otras más estrictas en comparación a las que actualmente existen, lo que implica una mayor probabilidad de aplicar una efectiva pena privativa de libertad.

Sin duda es un avance en nuestra legislación actual, la que esperamos tenga una correcta y adecuada aplicación.

80 años | 24 de agosto de 1943

Gestionan construcción de alcantarillado

El diputado Héctor Correa Letelier solicitó, a través de una carta al ministro de Vías y Obras Públicas, la pronta construcción del anhelado alcantarillado para la ciudad de Ancud. Según estimaciones locales, se requieren de al menos 600 mil pesos para realizar las faenas. La idea es lograr estos fondos a través de la Ley 6.710 y por intermedio también del presupuesto de 1944.

50 años | 24 de agosto de 1973

Entel quiere instalarse cerca de planta de agua

Responsables de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) hacen gestiones en Puerto Montt para la compra de terrenos en la ciudad. En la mira de la telefónica está un predio de cuatro mil metros cuadrados, en Presidente Ibáñez, cerca de la planta de agua potable. El proyecto se enmarca en el plan de expansión nacional de Entel, que agregaría dos mil teléfonos a la zona.

10 años | 24 de agosto de 2013

Carteros cumplen dos semanas de paro

Dos semanas de paro completan los carteros de Correos de Chile, quienes exigen mejoras salariales y laborales. En este contexto, los trabajadores más antiguos lamentan los constantes ataques que sufren de perros mientras realizan su labor en las calles de Puerto Montt. Usuarios del servicio reclamaron por el retraso, tanto en el envío como la llegada de encomiendas y cartas.