La trama de transferencias del Gore que tiene a cinco funcionarios investigados
LOS LAGOS. Si bien el sumario administrativo sigue su curso, trascendió que un trabajador fue sacado de la División de Administración y Finanzas. Fiscal Myriam Pérez ya inició la indagatoria penal.
Tensión es la palabra que mejor describe el ambiente que se vive en pasillos y oficinas del Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos, un sentimiento que ha ido en aumento desde que estalló el llamado Caso Convenios y la investigación por parte de la Fiscalía Regional para indagar los traspasos de recursos a fundaciones y corporaciones, y que se ha visto exacerbado por los dos allanamientos realizados por la PDI en el Centro Administrativo Regional de Puerto Montt.
A lo anterior se sumó hace tan sólo 11 días una nueva arista que fue confirmada públicamente por el gobernador regional. Se trata de la detección de transferencias secretas, que a la fecha suman más de $300 millones, y que salieron desde las propias arcas del Gore a personas naturales e instituciones ajenas al ejecutivo regional.
Estos desvíos fueron detectados, según informó en su minuto el gobernador Patricio Vallespín "en el marco de revisiones internas para la eficiencia institucional". Concretamente fue el ex jefe de la División de Administración y Finanzas del Gore, Rubén Quintul, quien dio con el insólito mecanismo durante una revisión detonada por retrasos en procesos bancarios.
Lo que se descubrió fue un sistema de transferencias irregulares que logró eludir todos los controles internos, al menos entre febrero de 2021 y hasta julio de este año, cuando la autoridad regional fue notificada de la situación y se ordenó un sumario administrativo. Los movimientos se realizaron sin una constancia contable que acreditara o justificara las transacciones.
Investigados
Según fuentes consultadas al interior del Gobierno Regional de Los Lagos, cinco serían los funcionarios de la División de Administración y Finanzas que están siendo investigados por su eventual responsabilidad en los hechos denunciados.
De acuerdo a lo que se habría logrado establecer, tanto los RUT como las claves personales de estos trabajadores fueron utilizadas para realizar transferencias de recursos -que incluirían a familiares, particulares e instituciones, entre las cuales incluso figuraría un colegio-, que originalmente estaban destinados para mejoramientos o ayudas a entidades sociales.
El día 4 de agosto el Gobierno Regional concretó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía y Contraloría. En la Fiscalía de Puerto Montt la causa fue asumida por la fiscal adjunto Myriam Pérez, quien todavía se encuentra en la etapa de diligencias investigativas preliminares para recabar antecedentes.
Una vez que los hechos fueron informados por la máxima autoridad regional, dos trabajadores tomaron la decisión de presentar una autodenuncia. Por su parte, la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, que asesora a cuatro de los cinco trabajadores investigados, solicitó al abogado Oscar Montecinos interponer una acción penal, a través de la cual esperan hacerse parte en la causa y colaborar con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos.
Si bien se ha informado que existe todavía un sumario en curso para establecer las eventuales responsabilidades administrativas, según ha trascendido, al menos un funcionario ya fue sacado de la División de Administración y Finanzas para asumir otras funciones en el Gore, en espera de las conclusiones de dicho proceso interno.
Molestia funcionaria
La tensión acumulada por los funcionarios del Gore Los Lagos fue tema de análisis en la asamblea que sostuvieron la semana pasada con el presidente nacional de la Anef, donde hicieron presente su preocupación por la afectación de sus derechos y garantías en cuanto a la honra, dignidad en el empleo, integridad y salud síquica durante los dos allanamientos, donde se les requisaron teléfonos personales y equipos computacionales.
Lo anterior derivó en que los presidentes de la Anef, José Pérez, y de la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, Nayadé Aguirre, representaran por escrito su molestia tanto al fiscal nacional del Ministerio Público como al director general de la PDI, por el actuar de su personal en estos operativos realizados en Los Lagos y Biobío. De igual modo se envió copia del documento al presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Ricardo Díaz.
La molestia de los funcionarios radica en que no existe un protocolo del Gore para responder a este tipo de procedimientos cuando son ordenados por un tribunal de justicia. A nivel regional, trascendió que incluso se solicitó dicho protocolo a la Unidad Jurídica, sin obtener respuesta, por lo que decidieron elaborar uno propio.
4 de agosto el Gobierno Regional interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que indague los hechos.
14 de agosto el gobernador Patricio Vallespín informó la detección de transferencias secretas por $300 millones.