Carlos Ilabaca

Con preocupación reaccionaron parlamentarios de la región, tras conocerse que cinco funcionarios del Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos están siendo investigados en el marco de la detección de transferencias secretas por más de $300 millones que venían ocurriendo desde hace más de dos años sin que hubiesen sido detectadas por los órganos de control interno.

Los diputados respondieron a la información dada a conocer ayer por El Llanquihue y exigieron que los organismos encargados de la investigación actúen con celeridad para aclarar las responsabilidades funcionarias y que, de ser así, se castiguen de acuerdo a la ley.

El diputado liberal Alejandro Bernales no dudó en "pedir celeridad a las instituciones que están haciendo la fiscalización, porque es importante transparentar y dejar claro ante la ciudadanía qué es lo que está sucediendo, y además para diferenciar quiénes hacen bien el trabajo y quienes lo hacen mal", recalcó.

En tanto, el diputado Héctor Ulloa (Ind.), se mostró preocupado, por una parte, respecto al desvío de recursos públicos "que estaban destinados a mejorar la calidad de vida de familias y comunidades sociales que realmente lo requieren, que hacen la fila para obtener aportes, y que terminan en el bolsillo de funcionarios corruptos". En ese sentido, también resaltó que "es preocupante la mención sobre el uso de RUT y claves personales de trabajadores vinculados a estas transferencias que incluirían incluso familiares, lo que da cuenta de responsabilidades evidentes, por lo que es de esperar máximas sanciones, que sean ejemplificadoras, y que no se repitan situaciones de este tipo que afectan fuertemente a nuestros ciudadanos y la credibilidad en instituciones públicas", dijo.

Contra la corrupción

Por su parte, el diputado de RD Jaime Sáez fue más al fondo del problema y planteó la necesidad de aumentar los estándares de control. "Mi visión es que los estándares siempre tienen que ir aumentando y uno no puede dar por sentado o por finalizada la lucha contra la corrupción cuando se toman determinadas medidas, porque la corrupción siempre va a existir y por lo tanto lo que corresponde es que la legislación se vaya modernizando para prevenir nuevos hechos".

El legislador enfatizó que es importante fortalecer la descentralización, más que frenarla cuando ocurren este tipo de hechos que afectan la fe pública. "Hay algunos bien dados a caer en la tentación de paralizar el proceso de descentralización. Yo creo que eso sería negativo. Lo hay que hacer es fortalecer el espacio institucional, en este caso los gobiernos regionales, para evitar que ocurran desfalcos, estas transferencias secretas que no corresponden y toda una serie de situaciones derivadas de los últimos hechos que se han conocido y que demuestran que falta capacidad para poder solicitar recursos y ejecutar presupuestos de manera adecuada".

El diputado Sáez valoró que el Gobierno Regional ha sido proactivo en entregar los antecedentes y en ese marco, espera que tanto Contraloría como Fiscalía puedan realizar una investigación "que no se extienda por la eternidad en el tiempo, para que la ciudadanía tenga claridad respecto a los hechos; si hay delitos o no, si hay responsabilidades o no, es importante que se esclarezcan oportunamente", agregó.

300 millones de pesos

2021 es la estimación que realizó el Gobierno Regional de los montos desviados hacia terceros ajenos al ejecutivo.

También el senador socialista por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, expresó su opinión frente a un caso que calificó como de "extrema gravedad". "Uno no tiene porqué de dejar de decir algo que es totalmente necesario plantearlo. De ser efectivo que hayan funcionarios públicos involucrados en esto, qué lástima que se hayan metido en lo peor que puede hacer un funcionario público, que es traicionar la confianza de la gente sustrayendo recursos que van destinados a la ciudadanía. Ese tipo de actos son simplemente inaceptables y hay que perseguirlos con toda la rigurosidad de la ley", explicitó el legislador.

Unánime fue la decisión de la sala uno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que revocó la cautelar dispuesta por el Juzgado de Garantía de los 3 imputados por el delito de robo con violencia e intimidación registrado en Alerce.

De esta forma el tribunal de alzada decretó la prisión preventiva para los detenidos de 18 años (2) y uno de 20.

El magistrado Rolando Díaz, del Juzgado de Garantía de la capital regional, declaró ilegal la detención porque la aprehensión de los imputados ocurrió a las 21:20 horas del miércoles en el hospital, pero la orden de detención fue despachada por el tribunal a las 22:40 horas.

En base a ello y otros argumentos entregados por las defensas, negó la prisión preventiva, e incluso el arresto domiciliario. Dio orden que los detenidos no se acerquen a la casa asaltada y a las víctimas.

También el juez no permitió el análisis de los celulares de los imputados, sólo la incautación.

La fiscal Pamela Salgado recurrió de apelación ante el tribunal de alzada y el ministro Jaime Meza, la fiscal judicial Mirta Zurita y el abogado integrante Darío Parra le dieron la razón en forma unánime a la fiscal Salgado y decretaron la prisión preventiva para los tres detenidos por Carabineros.

"Se estima por estos sentenciadores que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, atendida la gravedad del delito por el cual fue formalizada la presente causa en su contra, la pena asignada al mismo, el carácter y forma de comisión, como así también las circunstancias de haber actuado en grupo o pandilla, se revoca la resolución en alzada de fecha 24 de agosto del año en curso, dictada por don Rolando Díaz , juez del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, y en su lugar se declara que se ordena la medida cautelar personal de prisión preventiva", señala el dictamen de la Corte de Apelaciones.

Recordar que en esta causa se entregó un plazo de 3 meses para la indagatoria a cargo de la Sección OS 9 de Carabineros y de peritos del Laboratorio de Criminalística (Labocar).