Una vez que el Caso Convenios estalló en Antofagasta, pronto el Gore Los Lagos quedó en la mira por los traspasos realizados a 17 fundaciones, 10 corporaciones y ONG para lograr una ejecución presupuestaria del 98% a diciembre de 2022. El 29 de junio, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer anunció el inicio de una investigación de oficio para indagar las transferencias a las fundaciones Chinquihue, Participa y la Corporación Kimün, que sumaron $4.420 millones.

El gobernador regional Patricio Vallespín, quien desde el primer momento enfatizó que "no hay nada que ocultar" sobre las transferencias del Gore, decidió acudir el 3 de julio hasta las oficinas de la Fiscalía local de Puerto Montt para entregar al fiscal Marco Muñoz 69 cajas que contenían información sobre los convenios relacionados con las tres entidades bajo investigación. El abogado se negó a recibir la documentación por no venir debidamente inventariada.

El martes 4 de julio, 16 cores de la Comisión de Fomento firmaron una carta dirigida al gobernador solicitando todos los antecedentes sobre los 30 programas aprobados en 2022 y acusaron falta de información. En paralelo surgieron críticas de los ex intendentes Sergio Galilea, Rabindranath Quinteros y Harry Jürgensen por la forma de ejecutar el presupuesto transfiriendo dineros a fundaciones a "última hora",

El "mea culpa" que los consejeros regionales de Los Lagos realizaron por la entrega de millonarios recursos a fundaciones abrió un flanco que el senador Fidel Espinoza ocupó para apuntar a la responsabilidad del órgano colegiado por la falta de prolijidad y acusó que desde el Gore "les ofrecían que salieran a buscar fundaciones". El presidente de la Comisión de Fomento, Fernando Hernández (RN), negó por su parte que se eligieran "a dedo" las fundaciones, sino que colocaron las temáticas a trabajar.

La tarde del lunes 17 de julio, el Gobierno Regional de Los Lagos, mediante la Resolución Exenta N°2.337, anunció el término anticipado al convenio de transferencia por $1.200 millones con la Corporación Kimün, en virtud de "incumplimientos en que incurrió la corporación durante la ejecución del programa y que impiden el cumplimiento de los objetivos y finalidades del mismo dentro del plazo de vigencia acordado". Kimün presentó en los cinco días siguientes un recurso de reposición.

Cerca de las 10:30 horas del jueves 20 de julio, funcionarios de la PDI, junto al fiscal Muñoz, dieron cumplimiento a una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Puerto Montt con la finalidad de incautar documentos, equipos telefónicos, soportes digitales y computadores, entre ellos al gobernador Vallespín, jefes de División y su equipo de confianza. El mismo día detectives allanaron las dependencias del CFT e IP Los Lagos que administra Kimün en Temuco, Valdivia y Osorno.