En medio de las investigaciones por el Caso Convenios en el país, el contralor general de la república, Jorge Bermúdez, decidió frenar la toma de razón de convenios con fundaciones para realizar un exhaustivo proceso de revisión. La región más afectada fue Los Lagos, donde Contraloría congeló 29 convenios y además ordenó un sumario por el traspaso de fondos a una fundación pese a tener observaciones.

Con escasos días de diferencia, el senador PS Fidel Espinoza y abogados de la UDI presentaron querellas enmarcadas en el Caso Convenios. La querella del legislador PS, patrocinada por el ex fiscal Sergio Coronado, fue la primera en ser admitida. La acción legal de la UDI incluyó a la Fundación Participa. También siguió el mismo camino el Gore Los Lagos, aunque en su caso fue desestimada por ser parte investigada.

Un complejo escenario se abrió para la Corporación Kimün luego que se rechazara su apelación al Gore. En ese contexto, su vicepresidente Arnoldo Ñanculef dijo que "no existe posibilidad de devolver los recursos porque esos dineros no los manejó la corporación" y apuntó a su representante legal, Jaime Huincahue, quien le habría afirmado que al menos $900 millones ingresaron como aportes de capital al CFT e IP Los Lagos, los que fueron vendidos a la Fundación Instituto para el Desarrollo y Liderazgo Indígena, que preside Diego Ancalao Gavilán.

Dieciséis días después del primer allanamiento al Gore Los Lagos, el Ministerio Público decidió suspender de sus funciones al fiscal de Sacfi, Marcelo Sambucetti. Si bien desde la Fiscalía Regional declinaron referirse al tema, trascendió que la medida obedece a que en los teléfonos incautados al gobernador Patricio Vallespín y su administradora regional, Viviana Godoy, se encontraron registros de llamadas desde el teléfono del fiscal. Lo anterior dio origen a un sumario administrativo y a una investigación penal por el delito de obstrucción a la investigación.

El jueves 3 de agosto, Diego Ancalao dio una conferencia de prensa como nuevo sostenedor del CFT e IP Los Lagos, en la cual se desmarcó de la Corporación Kimün, para la cual prestó servicios profesionales entre enero y junio de 2023. Menos de 24 horas después, Ancalao fue detenido por la PDI en Osorno y luego formalizado en Puerto Montt por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa. El Juzgado de Garantía dictó su prisión preventiva y120 días para investigar.

El viernes 11 de agosto, la Procuraduría de Puerto Montt del Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso la primera querella por el Caso Convenios en el país. La acción legal se presentó contra Jaime Huincahue, representante legal de Corporación Kimün; Diego Ancalao, primer imputado formalizado en la causa, y contra quienes resulten responsables de la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Según el CDE, la indagatoria daría cuenta de traspasos irregulares.

Con 22 días de diferencia, el fiscal Marco Muñoz volvió a liderar un allanamiento junto a detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en el edificio del Gobierno Regional de Los Lagos, operativo que duró cerca de dos horas. Al término el fiscal dijo que "estamos cumpliendo nuestra labor (...) en relación a investigar los delitos y perseguir la responsabilidad en el caso que se acrediten estos (...) con especial preocupación y énfasis en delitos de corrupción", dijo.

El 7 de agosto, el gobernador Vallespín informó la salida de sus cargos de la jefa de División de Fomento, Gloria González; el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir), Mauricio Saavedra; y del jefe de la Unidad Jurídica, Alejandro Macías. Once días más tarde, durante el plenario del Core en Quemchi, la autoridad regional hizo por primera vez un mea culpa al reconocer que "se cometieron errores" (...) "sin duda se pudo haber hecho mejor".