Diez parlamentarios apoyaron el proyecto de ley de usurpaciones
REGIÓN. Solo la oposición respaldó el artículo sobre legítima defensa privilegiada, puesto que para el oficialismo constituye un riesgo de enfrentamiento armado.
Diez de los 12 parlamentarios de la región respaldaron -en general- el proyecto de ley de usurpaciones, aprobado el martes por la Cámara de Diputados y un día después por el Senado.
La iniciativa, que fue presentada por el Gobierno, con el objetivo de regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles recibió el apoyo de los tres senadores de Los Lagos: Fidel Espinoza (PS), Iván Moreira (UDI) y Carlos Kuschel (RN), además de los diputados Alejandro Bernales (PL), Mauro González (RN), Fernando Bórquez (UDI), Héctor Ulloa (Ind.-Ciudadanos), Héctor Barría (DC), Harry Jürgensen (Ind.- Partido Republicano) y Daniel Lilayú (UDI).
Votación contraria presentaron los diputados Jaime Sáez (RD) y Emilia Nuyado (PS).
Escenario distinto, en todo caso, ocurrió con el artículo sobre la "legítima defensa privilegiada", ya que sólo encontró apoyo en los congresistas de oposición. Precisamente, el sector que lo incorporó al proyecto, pero que generó el rechazo de los integrantes del bloque oficialista, quienes se alinearon con el Gobierno en su anuncio de veto de dicha iniciativa, bajo el argumento de que su aprobación constituye un riesgo de un enfrentamiento armado, lo que fue descartado por la oposición.
"Mayor fuerza"
Fidel Espinoza comentó que votó a favor de la iniciativa gubernamental con la finalidad de penalizar con "mayor fuerza" las usurpaciones ilegales de terrenos.
En su análisis, recordó que si bien hace cinco décadas "muchas de nuestras ciudades fueron tomas ilegales", hoy la realidad es otra producto de la política habitacional que existe en nuestro país, por lo que "no hay nada que justifique la toma".
De ahí su respaldo, lo mismo respecto a que la flagrancia sea permanente y no como antes que finalizaba a las 12 horas. "Es un cambio sustancial en la ley, que permitirá que un juez, en cualquier momento, pueda ordenar desalojar".
Distintas visiones
Al igual que Fidel Espinoza, sus pares Iván Moreira y Carlos Kuschel aprobaron el proyecto en general, pero discreparon con el socialista en el artículo sobre la legítima defensa privilegiada.
Al respecto, Espinoza considera que sería un retroceso civilizatorio para Chile.
"Es un artículo demencial porque permite que exista enfrentamiento entre civiles, como sucedió en Frutillar en 1972 y que terminó con la vida de campesinos, lo que no podemos volver a repetir, menos con el beneplácito de una ley".
Para el senador, es "tremendamente grave la autotutela que genera dicha legislación aprobada por la derecha", por cuanto no se puede permitir que civiles generen un conflicto al ir a defender de manera legítima su tierra, en circunstancias que tiene que ser la ley y las fuerzas policiales, bajo mandato jurídico, las que establezcan un desalojo, pero no "civiles desalojando civiles".
Iván Moreira, en cambio, argumentó que es necesario este articulado para que los dueños de predios y quienes viven en ellos "puedan defenderse".
Acusó que dicha indicación fue "demonizada" por el Gobierno, al calificarla como de "aberrante y peligrosa. Pero nosotros le dijimos a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que al vetar la ley estaban demostrando que no están con las víctimas, sino que con la impunidad".
"El Gobierno ha sido incapaz de controlar el terrorismo y la delincuencia, porque está más preocupado de los derechos humanos de los delincuentes y de los terroristas, que de las propias víctimas", sentenció.
Es por ello que emplazó con un "hasta cuándo seguiremos postergando que las víctimas puedan defenderse".
Así también calificó como de un agravio al Senado que el Gobierno "nos amenazara antes de que se votara la ley con no promulgarla".
En la misma línea de Moreira, Carlos Kuschel agregó que el riesgo que teme el Ejecutivo es el mismo que esté presente en la actualidad e incluso mayor que con la aprobación del artículo que rechaza. "Hoy está regulado, pero el Gobierno hace vista gorda".
"Desnaturalizada"
Jaime Sáez fundamentó su opción en el sentido de que se trata de una "ley que ha sido desnaturalizada durante toda su tramitación y que ha sido radicalizada por la extrema derecha en el Congreso".
Así también describió que "incorpora aberraciones jurídicas como la legítima defensa privilegiada, lo que me parece un retroceso para el Estado de derecho en Chile, ya que en la práctica implica que conflictos vecinales en Chile podrían solucionarse a balazos, que es lo que pretende justificar la ley y ante eso no estoy disponible, ni voy a estar y por esa razón voté en contra de su articulado".
Emilia Nuyado, en tanto, y quien también votó en contra de la ley en general y en el artículo sobre la legítima defensa privilegiada no respondió la consulta formulada por este medio.
En línea
Héctor Ulloa (Ind.- Ciudadanos) expuso que en su preferencia siguió la línea del Gobierno, en específico de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el sentido de que votó a favor el proyecto a nivel general.