Montes: "No es verdad que no se vaya a recuperar" el dinero
DEMOCRACIA VIVA. El contralor Jorge Bermúdez explicará en el Congreso la detección de la "inexistencia de un procedimiento formal" en las licitaciones.
Redacción
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó ayer que "no es verdad que no se vayan a recuperar" alrededor de $90 millones que adeuda Fundación Democracia Viva, en el marco del Caso Convenios, proceso que, a su vez, mantiene bajo investigación a 47 organizaciones por eventuales irregularidades en transferencias desde el Estado por cerca de $32.000 millones.
"No sólo a esta Fundación (Democracia Viva) se le está pidiendo que restituya recursos, hay varias otras fundaciones que se les ha pedido", puntualizó el secretario de Estado, ya que la entidad debió devolver $391 millones a mediados de agosto, de un total de $426 millones, a causa de la obra ya ejecutada.
Pese a ello, hasta ayer, reconoció Montes, "faltan aquí $90 y tantos millones, $92 creo que hay que recuperar, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el día 30 (de agosto), se querelló contra ellos buscando la manera de recuperar".
Informe de contraloría
El contralor Jorge Bermúdez declarará el lunes en el Congreso, ante la comisión investigadora por el Caso Convenios, razón por la cual el ente fiscalizador publicó durante la noche del jueves un informe sobre las irregularidades detectadas en la seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, donde comenzaron las pesquisas a causa de Democracia Viva.
Entre 2020 y mediados de este año, indicó la Contraloría, "se constató la inexistencia de un procedimiento formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa asentamientos precarios", donde el exseremi, exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (suspendida en RD) y exmilitante de RD, Carlos Contreras, benefició a Democracia Viva, liderada por la expareja de la legisladora y exRD, Daniel Andrade.
Bermúdez, además, señaló en TVN que "no es casualidad que uno de los hallazgos más graves, aparte del tema de los recursos públicos, sea que, por ejemplo, haya 12 personas que trabajan en la seremi de Vivienda y, otras tres que trabajan en el Serviu en Antofagasta, están contratadas por las fundaciones que trabajan como funcionarios públicos".
Esto "es gravísimo", dijo la autoridad, ya que tienen "acceso a los sistemas, (... y a la) toma de decisiones".