Carlos Ilabaca

En las últimas dos semanas la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos, que lidera Jorge Loncón, decidió hacerse escuchar luego que durante dos meses el trabajo de profesionales se viera enlodado por el Caso Convenios y luego por la denuncia de transacciones secretas desde las cuentas del Gore a terceros.

La falta de una defensa institucional que proviniese desde la máxima autoridad en la región los llevó a buscar una asesoría que les permitiera defender la institucionalidad en los tribunales. Es aquí donde surge la figura del abogado y conocido penalista Oscar Montecinos, quien remeció esta semana el ámbito político con dos querellas que este viernes fueron declaradas admisibles.

Ahora como querellante, Montecinos apunta sobreseguro hacia lo que considera falencias inaceptables de control, investigaciones sumarias donde no se cita a funcionarios a declarar y la farandulización de las investigaciones. Asegura que perseguirán las responsabilidades políticas y que no aceptarán acuerdos para enterrar el Caso Convenios, sino que sentencias judiciales que consideren duras sanciones. Caiga quien caiga.

-¿Como llegó usted a asesorar a los funcionarios?

-Por mi experiencia, por haber llevado causas que han sido emblemáticas para la región. Uno de los funcionarios me conocía y él recomendó a la asociación que tuviéramos una reunión en la cual me pidieron una opinión respecto a lo que estaba pasando, yo la di y parece que eso produjo una muy buena sintonía y desde ahí la asociación me eligió como el abogado que tenía que llevar adelante esta causa.

-¿Por qué los funcionarios deciden hacerse parte en esta querella?

-Primero porque tenemos la teoría de que esta es una investigación que está equivocada no en su fin, sino en su proceso. Y eso es porque efectivamente se está investigando a personas que no tienen ninguna posibilidad que tengan relación con los delitos que se están investigando. En el caso de transferencias secretas a terceros se está investigando a funcionarios que no tuvieron participación en la línea programática de la entrega de recursos y sí sabíamos los nombres de las personas que sí estaban involucradas. Entonces, hemos perdido mucho tiempo valioso de investigación.

-¿En la investigación sumaria también ha habido malas decisiones?

-En las investigaciones sumarias hay equivocaciones con respecto a que todavía no tenemos citaciones a declarar por ejemplo, de personas que ya están querelladas o son querellantes en temas penales.

-A más de dos meses de esa investigación interna...

-Porque en definitiva creo que el gobernador, con su equipo de trabajo, ha sido reactivo. Él está reaccionando a lo que están haciendo los funcionarios y el Ministerio Público, él no está liderando las acciones. Esa es la principal crítica que nosotros tenemos.

La punta del iceberg

-En el caso transferencias, ¿se evalúan más querellas?

-Hoy día estamos frente al 20% de lo que realmente está sucediendo. Conocemos una pequeña parte de algo que evidentemente es un iceberg, que se ha producido durante años y que se ha vuelto una costumbre, que es efectivamente no tener control sobre las inversiones, sobre los depósitos y sobre los giros de dineros que se producen con platas fiscales. Hoy estamos enfrentados a una investigación que recién nos está dando luces y que es mucho más grave de lo que nosotros estamos diciendo. Por eso siempre decimos que vamos a partir con cautela, pero en mi experiencia vamos a encontrarnos quizás con la crisis más grande que los gobiernos regionales hayan pasado en su historia.

-¿Cómo se entiende, que durante más de 2 años nadie haya advertido estos desvíos irregulares?

-Es por la falencia de las personas que se nombraron en puestos claves en esta Gobernación. Por ejemplo, en el Departamento Jurídico. Eran personas que no tenían la experiencia para asumir el órgano regional más importante y donde hoy día necesitamos otra visión administrativa, y ellos no la tuvieron. Hay que recordar que todo esto parte por una decisión de Patricio Vallespín como gobernador, de no devolver recursos a Santiago y en pocos días decide, para mostrar gestión y regionalización, ordenarle a sus personas que a través del Departamento de Presupuesto se planifique una arquitectura y se gaste.

La política que no estableció fue la de fiscalización, porque no estaba dentro de sus planes.

Desde el año 2000

-Su querella individualiza a un funcionario. ¿Cuánto tiempo llevaba en la administración pública?

-Nosotros hemos realizado una investigación paralela que arroja querellas y en esa investigación hemos descubierto que por lo hemos desde el año 2000 (este funcionario) estaba a cargo de funciones que podrían presuntamente establecer delitos.

Son áreas específicas, muy sensibles, y que tienen mucha relación con los gastos directos y los pagos directos, y eso es lo grave, porque él lo hizo sin fiscalización. O sea, por los montos determinados, por lo que este funcionario hizo, cómo lo hizo, nosotros creemos que tienen participación otros funcionarios o él estudió tan bien el sistema que pudo averiguar que habían falencias de fiscalización de tal naturaleza que era muy fácil perpetrar este delito. A él le resultó fácil.

-¿Entonces esto vendría de mucho antes?

-Eso es lo que estamos investigando y las querellas que vamos a presentar en los próximos días justamente apuntan a establecer esa verdad. Creemos que esto venía de mucho antes, era casi una práctica.

-¿Este funcionario aprobaba transacciones?

-Fiscalizaba y aprobaba. La pregunta de fondo es si la autoridad administrativa, o sea la autoridad elegida para ordenar esto, ¿no sabía esa información? Si tiene jefes de división, ¿no averiguaron que eso era así?, ¿o permitieron que eso pasara? Es ahí adonde queremos apuntar. Y lo otro que hay informes de Contraloría que nunca objetó esas decisiones.

Notable abandono

-¿Cuál es su opinión respecto del rol que ha jugado la política?

-Yo creo que la política ha utilizado este conflicto jurídico, esta crisis política grave, solamente como beneficio para cada una de sus tiendas. La única forma de salir de esta crisis es con una sentencia ante los tribunales de justicia, porque una sentencia nos va a permitir llevarle verdad a la gente y eso es lo que estamos buscando.

-¿Han cambiado en algo los procedimientos internos desde el momento en que los funcionarios denuncian?

-La querella es muy clara en establecer que nosotros desde que la presentamos existían los mismos procesos. Mi pregunta es porqué nosotros tuvimos que querellarnos para que el público conociera que seguían los mismos procesos, o sea, la autoridad administrativa del Gobierno Regional sabe, porque la denuncia la hizo él, que el año 2021 había una fórmula para efectivamente cometer delitos dentro del Gobierno Regional. ¿Bastaba solo la denuncia? No. Bastaba la denuncia y un curso de acción, y ese no se tomó. Por lo tanto, esa es la responsabilidad administrativa.

Yo de verdad creo que llegó la hora de empezar a discutir el notable abandono de deberes y espero, de verdad, que el Consejo Regional esté a la altura. El Consejo Regional tiene la responsabilidad hoy día de discutir el notable abandono de deberes y espero que no sea parte de una negociación política.

"Yo emplazo al Core a discutir, a juntarse con los funcionarios, a enterarse de cuales son los cursos de acción, porque ellos son el órgano fiscalizador"