La delincuencia que afecta al comercio está en niveles históricos, según advirtió el estudio de victimización elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), que alertó hace unos días que durante el segundo semestre de 2022, un 60,1% de los locatarios fue víctima de algún delito, el mayor nivel desde 2008, cuando comenzó a elaborarse el indicador. El comercio es uno de los sectores más afectados por la delincuencia y junto con perjudicar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, también desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos. Con ello también se limita el crecimiento de fuentes de empleo, lo cual agrega una notoria derivación social.

Los dirigentes del gremio han dicho que es evidente el aumento de la victimización y que lo más preocupante es que esta alza es generalizada en todo el país, con distintas magnitudes. El delito con mayor ocurrencia es hurto (25,8%), seguido por otros daños materiales al local (24,3%), lo que incluye destrozos, rayados e incendios, entre otros. Entre quienes fueron victimizados, un 58,4% no denunció ningún delito, debido a que ya en ocasiones anteriores no hubo resultados. Las principales barreras que frenan las denuncias se relacionan con que no confía en la eficacia de la denuncia o que es un trámite engorroso.

Este aumento de la delincuencia ha llevado a los comerciantes a reforzar sus medidas de seguridad, como la instalación de más cámaras de seguridad, alarmas, rejas y contratación de guardias, incrementando los gastos en seguridad.

La delincuencia es un tema que preocupa a los ciudadanos en general, y al comercio en particular, porque ven que, más allá del gobierno de turno, ésta no cede, por lo cual desde diversos sectores se hacen frecuentes llamados a las autoridades para que sea abordado de forma constante y persistente y no sólo en algunas épocas del año. Es evidente que se requiere de forma urgente una solución a nivel país, impulsada desde el poder central.

Muchas de las víctimas deciden no denunciar los ataques y robos que sufren, lo que es muy frecuente en el comercio minorista, pues estiman que no habrá resultados o porque lo consideran una pérdida de tiempo. Al no haber registros oficiales sobre ellos, pasan a integrar las "cifras negras de la delincuencia".

Con la reciente aprobación del proyecto de ley sobre usurpaciones, por fin se da una respuesta concreta al grave problema delictual que representa la ocupación ilegal, violenta o no, de un inmueble ajeno, fenómeno cuyo epicentro se sitúa en las regiones más golpeadas por la denominada "violencia rural", sin perjuicio de su proliferación en todo el país, incluyendo nuestra región.

El paso que se ha dado no es simbólico. Aquí lo que se ha hecho es elevar sustancialmente el costo para quienes ejecutan estas conductas, aumentando las penas y robusteciendo las posibilidades de actuación del Estado. Con una mayor penalidad la usurpación deja de ser una falta penal que impedía la detención, para pasar a ser un simple delito que no sólo "posibilita", sino que "obliga" a la policía a detener en situación de flagrancia, sin que se requiera de orden judicial ni autorización alguna del fiscal.

La nueva normativa explícita, además, que se trata de un delito de consumación permanente, de manera que la limitación de las 12 horas de la flagrancia -en la práctica muchas veces utilizada como excusa para la inactividad-, desaparece. Ambos cambios son claves, porque conllevan el "desalojo" de los usurpadores, no por la vía civil, sino por la penal a través de la detención, a la que seguirá la realización de una audiencia de control de la misma, en la cual se impondrán -o debieran imponerse- medidas cautelares coherentes con la naturaleza del delito y el interés de la víctima, como la prohibición de acercarse al inmueble y a sus propietarios o legítimos tenedores. De esta forma, el desafío que se viene para las policías y la Fiscalía es enorme.

Esta nueva legislación, aprobada democráticamente por los representantes del pueblo en el Congreso ha sido, sin embargo, duramente cuestionada por el Gobierno y sus aliados, especialmente en relación con la legítima defensa privilegiada. Se afirma que proliferarían ejércitos armados y enfrentamientos entre civiles, es decir, una especie de autotutela descontrolada a niveles de barbarie, lo que carece de todo fundamento. La norma lo único que hace es brindar protección jurídica a las víctimas abandonadas por años y sólo para casos de usurpaciones violentas, a través de una presunción simplemente legal que, por lo demás, admite prueba en contrario. Pero parece que aún sigue viva en varios la "progresista idea" de que la ley debe servir exclusivamente a la protección de los delincuentes.

La esperanza que el Estado de Derecho deje de ser una frase vacía y se convierta en una realidad para las víctimas se ve, lamentablemente, una vez más en riesgo por las amenazas de veto presidencial. Llega así el momento de escoger una posición: o se está del lado de los delincuentes que usurpan o se está del lado de las víctimas.

80 años | 3 de septiembre de 1943

Sesiona el Comité de Padres de Familia

Con el objetivo de planificar la realización de una ramada para Fiestas Patrias, cuya recaudación será destinada para apoyar las labores de la Escuela Número 9 de Alerce, sesionó el Comité de Padres de Familia de Alerce, instancia en la que se acordó también que en el próximo encuentro se elegirá a un directorio y se designarán las comisiones de trabajo para las ramadas.

50 años | 3 de septiembre de 1973

Salud importará cinco motores para lanchas

La Décimo Segunda Zona del Servicio Nacional de Salud (SNS), con asiento en Puerto Montt, se encuentra finiquitando las gestiones tendientes a importar cinco motores para las lanchas que se integrarán próximamente al servicio en la región. Estas embarcaciones fueron construidas para que las comisiones de salud pública costera mejoren su recorrido insular en la juridicción.

10 años | 3 de septiembre de 2013

Partió proceso de relicitación de la concesión

Hasta el 15 de noviembre se extenderá el proceso de relicitación de la tercera concesión del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

Ese día, según informan desde el MOP, se cerrará la recepción de las ofertas y agregan también que la actual concesión debiese durar hasta el primer semestre del próximo año, para comenzar luego una que se extenderá por un período de cuatro años.