Marcelo Galindo

Fue el magistrado Francisco Almonacid, el mismo que tuvo a cargo la audiencia de control de la detención y formalización, quien ratificó la prisión preventiva para el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao Gavilán, imputado por los delitos de lavado de activos y delitos de estafa y apropiación indebida de fondos provenientes de órganos del Estado.

De acuerdo al juez Almonacid, el imputado registra peligro de fuga, razón por la cual ratificó la medida cautelar más gravosa en el actual sistema penal y que fuera impuesta el sábado 5 de agosto. El abogado de Ancalao, Ramón Sepúlveda, solicitó la libertad de su representado por una medida cautelar menos gravosa.

El caso, que es llevado adelante por el fiscal especializado en delitos funcionarios y económicos, Marco Muñoz, que aún sigue siendo reservado, nace del traspaso de dineros a tres fundaciones desde el Gobierno Regional (Gore), entre ellas a la Corporación Kimün, relacionada a Diego Ancalao.

"El tribunal, oyendo los argumentos de las partes, resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Como Ministerio Público nos encontramos conforme con lo resuelto entendiendo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, así como también existe un peligro concreto de fuga", sostuvo Muñoz.

Cautela de garantías

Ayer en la audiencia estuvo presente el abogado de Puerto Montt, Andrés Firmani, quien solicitó una cautela de garantías, para que la Fiscalía haga entrega de toda la información particular que se hubiese incautado a Viviana Godoy, cuya representación asumió recientemente.

Se trata de la información privada de la administradora del Gobierno Regional que supuestamente le fue incautada en los allanamientos realizados por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), de la PDI de Puerto Montt.

Ante ello, el magistrado Francisco Almonacid accedió a la solicitud; pero hizo mención a que es el Ministerio Público el que revisa y pondera estos planteamientos.

Otro punto relevante es que ayer definitivamente la defensa de Diego Ancalao fue asumida por los abogados Ramón Sepúlveda y José Díaz. El primero conocido por ser el abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). El 11 de agosto, tras asumir como abogado defensor, dijo a La Tercera, que "recién asumimos su defensa y claramente nuestro primer objetivo es modificar la medida cautelar que afecta a Diego, ya que a la luz de los antecedentes que conocemos del caso es injusta y desproporcionada".

OFICIO

Fidel Espinoza, senador socialista, y querellante en la causa, sostuvo que es una medida absolutamente acertada por parte de la justicia, "en el sentido de determinar la continuidad de la prisión preventiva de Diego Ancalao por ser claramente un peligro para la (seguridad) de la sociedad y por existir claros indicios que hay posibilidades de una eventual fuga".

Espinoza recuerda que "el mismo día que se abre una investigación de oficio de parte de la Fiscalía de Los Lagos para investigar a Kimün, él envió un oficio al Gobierno Regional señalando que se iba del país porque había obtenido, supuestamente, una beca para cursar un doctorado en Nueva Zelanda. Entonces, claramente hay indicios que nos permiten señalar que puede pretender huir y por lo tanto cortar toda la posibilidad que toda esta investigación siga su curso en profundidad".

Finalizó que en este caso "se robaron $1.200 millones en 6 meses, en los otros (casos) algo de dinero se ha ido recuperando".

120 días es el plazo inicial para llevar adelante la investigación, período que se mantendrá de acuerdo a la audiencia de ayer.

2 abogados privados tiene Daniel Ancalao. Se trata de José Díaz y Ramón Sepúlveda. Este último abogado del alcalde de Recoleta.

La Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt lleva adelante la investigación que busca establecer la causa de muerte de una persona que fue detenida mediante una acción ciudadana el domingo pasado en la noche.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, Carabineros del retén Contao y de la Tenencia Hornopirén concurrieron el domingo -a eso de las 23:40 horas- hasta el sector rural Chaqueihua, luego de recibir el reporte de una supuesta "detención ciudadana", a la altura del kilómetro 104 del camino a Pedreros.

En el lugar se entrevistaron con dos hombres quienes mantenían reducido y maniatado de pies y manos a una persona de 56 años, quien -de acuerdo a Carabineros- presentaba diversas lesiones visibles en su rostro y cuerpo.

Según relataron, momentos antes esta persona había ingresado ebrio a un predio, premunido de un arma blanca, para luego subir a un vehículo particular perteneciente a la familia propietaria de la parcela.

Señalaron que dentro de dicho vehículo se encontraba una mujer embarazada de 8 meses, junto a su hija de 4 años, quienes lograron abandonar el móvil y solicitar ayuda a vecinos, quienes al llegar al lugar y ante la negativa del sujeto a bajarse por su voluntad del vehículo, habría sido sacado a la fuerza y reducido a la espera de personal de Carabineros.

Los funcionarios policiales trasladaron al sujeto hasta el centro de salud familiar de Río Negro Hornopirén, donde el médico de turno constató su muerte a las 00:12 horas.

La mujer aseguró que no mantiene relación familiar o de amistad con el fallecido, quien correspondería a una persona conocida del sector.

El fiscal Piero Buscaglione de la Fiscalía de Hualaihué, explicó que las pericias instruidas a la PDI, buscan poder establecer las causas de muerte y si existe o no la participación de terceras personas. "Entre las diligencias que se han instruido por parte de esta Fiscalía, se encuentran el empadronamiento de los testigos, la revisión de cámaras de seguridad y lo que está pendiente y es de suma importancia, es la autopsia al cuerpo de la persona fallecida", detalló.