Narcos y amenazas a dirigenta social
La intimidación que sufrió una representante vecinal de Puerto Montt debe enfrentarse con urgencia y decisión.
No es ninguna novedad afirmar que la seguridad ciudadana es hoy por hoy la principal preocupación de la población en el país. Así se refleja en cada estudio de opinión pública que explora la percepción de las personas, tanto a nivel nacional como regional. Desde hace algunos años, el temor se ha ido apoderando de las familias, al punto que se han producido cambios en los hábitos de los ciudadanos, precisamente para evitar ser víctimas de la delincuencia, como lo reflejó la encuesta regional de Gente del Sur y la Universidad San Sebastián, cuyos resultados se conocieron hace pocas semanas.
En medio de un poder político que no ha sido capaz de innovar a tiempo para enfrentar la delincuencia, ésta ha seguido evolucionando, tanto en técnicas delictivas como en la violencia empleada para sus fines. Sicariato, secuestro, trata de personas, mayor uso de armas de fuego y aparición de nuevas bandas criminales se han convertido en hechos casi regulares para un país que aún asiste sorprendido a estos nuevos fenómenos.
Las emergentes expresiones de la delincuencia se han unido, en cuanto a variables que generan temor, a un narcotráfico extendido que se ha ido tomando las poblaciones vulnerables, donde el Estado no ha sabido estar presente. Visto así, es casi una secuencia lógica que tarde o temprano estas bandas terminen por intimidar a los dirigentes vecinales, que históricamente se han constituido en la primera conexión que tiene la gente con las distintas vertientes del Estado.
Por eso es que resulta tan inquietante el episodio conocido la semana pasada en Puerto Montt, donde una dirigenta social de la Villa Rayén fue amenazada por microtraficantes que probablemente vieron en ella un obstáculo para sus pretensiones de control del sector. La representante vecinal estampó la denuncia, se realizó la detención y después la audiencia en el tribunal, pero el responsable quedó en libertad y al día siguiente ya estaba intimidando nuevamente a la víctima.
Todo esto refleja el escaso nivel de seguridad que hay en los barrios. La justicia dictaminó pobres medidas de seguridad para la víctima y pareciera que el Gobierno no logra dar con el tono para tomarse en serio y con urgencia la amenaza real que es el narcotráfico.