UDI pide a Contraloría aclarar legalidad del protocolo instaurado en el Gore
POLÉMICA. Abogado Carlos Oyarzún consideró que existe "riesgo evidente de entorpecer el actuar de la justicia". Jefa jurídica (s) aclaró que "esta institución está abierta a colaborar en las investigaciones".
Hasta la Contraloría General de la República acudió el abogado querellante en el Caso Convenios, Carlos Oyarzún, para solicitar que sea el órgano contralor quien se pronuncie acerca de la legalidad de la resolución exenta N°2705, que estableció un "Protocolo de acción para resguardo de integridad de funcionarios del Gobierno Regional de Los Lagos frente a actuaciones judiciales".
Lo anterior, luego de las críticas que recibió el documento firmado el 29 de agosto por Viviana Godoy, en su rol de gobernadora regional subrogante; entre ellas, las del abogado Sergio Coronado, también querellante en la causa que indaga las transferencias de recursos entre el Gore Los Lagos y fundaciones.
Carlos Oyarzún, en su calidad de abogado que representa a la UDI en la misma causa, calificó el protocolo como un "escándalo absoluto", pues sostuvo que "es primera vez, desde que yo tengo memoria, que hay una autoridad del Estado que le está dando instrucciones de cómo actuar a sus funcionarios cuando se vean involucrados en diligencias de investigación".
En este sentido, el jurista afirmó que el Gobierno Regional no tiene atribuciones para establecer obligaciones o sugerir incluso cierta forma de actuar a personas frente a diligencias investigativas. A modo de ejemplo citó la Resolución 58/4, que emitió en octubre de 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 8 se refiere a los códigos de conducta que deben adoptar los funcionarios públicos. "Cada Estado considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones", subraya el documento.
Defensa corporativa
"Aquí hay un riesgo evidente de entorpecer el actuar de la justicia. El Ministerio Público, las policías, dentro de una investigación penal, tienen atribuciones amplias y aquí el único deber de los funcionarios públicos, y también de las personas en general, es respetar, cumplir y efectivamente colaborar, que es lamentablemente en lo que más ha fallado el Gobierno Regional, y particularmente el gobernador, para que las diligencias y las investigaciones penales al final lleguen a buen puerto", enfatizó Oyarzún, quien agregó que "está bueno ya que nos pasemos la Constitución por el aro. La Constitución está para respetarse y los órganos del Estado, los órganos públicos, están sometidos al principio de la legalidad y están autorizados solamente a aquello que la ley expresamente los autoriza".
Similar postura expresó el diputado UDI por el distrito 56, Fernando Bórquez, quien recalcó que "los funcionarios públicos saben de antemano que deben respetar la Constitución y las leyes, y en caso de cometer actos ajenos a la probidad y la legalidad que se espera de sus actos, deben responder de forma individual. No puede existir una defensa corporativa que signifique que los funcionarios públicos, y en este caso del Gobierno Regional, sean protegidos con recursos de todos los chilenos y particularmente de los habitantes de la Región de Los Lagos".
Abiertos a colaborar
Por su parte, Fabiola Yáñez, jefa jurídica subrogante del Gore Los Lagos, comentó que "esta institución está abierta a colaborar ampliamente en las investigaciones que se encuentran abiertas y en curso, para lo cual se están haciendo todas las gestiones necesarias al interior de este servicio para entregar la información en forma completa, rápida y expedita ante los requerimientos que sean solicitados por el fiscal o Policía de Investigaciones. Todo esto siempre resguardando la integridad física, síquica de los profesionales y funcionarios de este Gobierno Regional", mencionó.
En cuanto al protocolo en cuestión, la abogada explicó que "busca ordenar la actuación funcionaria de jefaturas, área jurídica, comunicaciones, de los propios funcionarios ante solicitudes de información o entrega de herramientas para la continuación de estas investigaciones en curso. Y como se señaló, busca que esta entrega de información sea eficiente, sea rápida y sea completa".
Protocolo anterior
Oscar Montecinos, abogado querellante en representación de la Asociación de Funcionarios del Gore Los Lagos, comentó que tres semanas antes de conocer esta resolución ellos presentaron un protocolo muy distinto para afrontar procedimientos judiciales. "Hay que decir que el Gobierno Regional este supuesto protocolo lo presentó de manera absolutamente tardía a las diligencias, a pesar que se había comprometido. En cambio, los funcionarios presentaron uno primero donde establecía información cierta, concreta y clara para que estos pudieran enfrentar este tipo de diligencias prestando colaboración, pero solicitando el respeto a sus derechos", observó el jurista, y acotó que "eso es lo que debe tener un protocolo, facilitar la entrega de información para que la investigación avance y no entorpecerla de la forma que la hace la actual información que está entregando el Gobierno Regional", opinó.
El abogado Carlos Oyarzún detalló que esperarán el pronunciamiento de la Contraloría en cuanto a la legalidad de esta resolución exenta y no descartó que, posteriormente, se puedan perseguir las responsabilidades administrativas de quienes corresponda.
29 de agosto se firmó la Resolución Exenta 2705 con el protocolo de acción ante actuaciones judiciales.
7 de septiembre fue ingresado a Contraloría el oficio que pide aclarar la legalidad del protocolo.