En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, 27 presos que cumplen condenas en Punta Peuco dieron a conocer una carta en la que reconocen que muchas de sus acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, a la vez que criticaron al alto mando por nunca haberse hecho cargo de lo que les ordenaron y pidieron "conmiseración" para poder volver con sus seres queridos.

El documento de este grupo de exuniformados recluidos por cometer delitos de lesa humanidad en el recinto que cuenta con 134 internos con una edad promedio de 77,5 años, fue leído en la Cámara de Diputados por el legislador Gonzalo de la Carrera (exRepublicanos), quien estaba acompañado de su par Gloria Naveillán (Partido Social Cristiano).

En el texto, los firmantes (ver recuadro) expresan: "Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación".

Luego reprochan la actitud del alto mando: "Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos".

Ante ello añaden que "no correspondiéndonos, a partir de ello venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados".

"Por lo mismo, en este acto solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos", exhortaron.

Portazo del gobierno

"Vamos por la parte positiva", respondió luego el ministro de Justicia, Luis Cordero: "En esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado".

"Es una carta al parecer escrita a favor de terceros, suboficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los DD.HH.", añadió y enfatizó que lo importante es que la carta "deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y, con la misma iniciativa, sería muy relevante que nos dijeran dónde están, que, por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia conciencia, la pudieran entregar a los jueces a cargo de la investigación".

Cordero explicó que "en el contexto de Plan Nacional de Búsqueda no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficios (...) Esto requiere adecuaciones normativas con ese fin. Por ahora no es algo que esté evaluando el Gobierno".

Reacciones

La lectura de la carta se da luego de que el Ejecutivodescartara hace una semana el cierre del penal Punta Peuco, dada la sobrepoblación carcelaria en el país, y generó diversas reacciones.

Jaime Araya, jefe de la bancada PPD, la tachó como "una provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron", y su par Leonardo Soto (PS) hizo ver que "no hay ninguna línea que diga que ellos van a colaborar para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos, y en esas condiciones evidentemente no pueden, como quieren, tener beneficios procesales".

Juan Antonio Coloma (UDI) tomó distancia: "Cualquier persona tiene siempre el legítimo derecho a pedir beneficios penitenciarios, pero tienen que ser los tribunales los que lo resuelvan. Intentar llevar esto al Parlamento no es lo que legalmente al menos corresponde".

Firmaron Jaime Torres Gacitúa, Carlos Herrera Jiménez, Iván Quiroz Ruíz, Patricio Román Herrera, Enrique Sandoval Arancibia, Daniel Guimpert Corvalán, Hernán Ramírez Hald, Roberto Ampuero Alarcón, Manuel Muñoz Gamboa, Gerardo Aravena Longa, Gerardo Godoy García, René Villarroel Sobarzo, Carlos Tapia Galleguillos, Harodo Latorre Sánchez, Raúl Quintana Salazar, Manuel Provis Carrasco, José Zara Holger, Cristoph Willeke Floel, Reimer Kohutz Fell, Fernando Rojas Tapia, Ricardo Álvarez Jalabert, Vittorio Orvieto Tiplitzky, Manuel Carevic Cubillos, Juan Mancilla Díaz, Arturo Silva Valdés, Walther Klug Rivera, Patricio Maraboli Orellana.

La Cancillería chilena citó ayer al encargado de negocios de Nicaragua en Chile, Gadiel Arce, para entregarle una nota de protesta por los dichos del presidente de ese país, Daniel Ortega, contra Carabineros.

La reacción diplomática se produjo luego de que en un acto oficial de la policía del país centroamericano el jefe de gobierno afirmara, en el contexto de los mensajes con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que "el 44% de los chilenos siguen añorando a Pinochet y que gobiernos fascistas lleguen al poder. Los carabineros chilenos no son como la policía de Nicaragua. Están formados por el asesinato masivo, formados para asesinar al pueblo".

Las palabras de Ortega fueron duramente criticadas por políticos de todos los sectores.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería (PS), sostuvo que "Ortega no es un interlocutor válido sobre ningún tema. Su policía se ha convertido en una policía política".