Gestión pública bajo la lupa
Tanto el Gobierno Regional como el municipio de Puerto Montt han enfrentado allanamientos. El escenario es tormentoso.
Más que complejo se está viendo el panorama para la gestión pública local, luego que se confirmara que por distintas vías, con distintos actores y con diferentes mecanismos, el Ministerio Público se encuentra investigando sendos "delitos de corrupción" -como se ha asegurado desde el propio ente persecutor-, tanto en el Gobierno Regional como en la Municipalidad de Puerto Montt. Complejo porque el ciudadano común y corriente, aquel que se esfuerza a diario para llevar el sustento a su hogar, enrevesado en una crisis económica, con los retazos de la pandemia y con la incertidumbre constitucional a cuestas, atisba que la gestión pública, esa llamada a mejorar la calidad de vida de las personas, se encuentra bajo la lupa porque hay indicios de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho.
Por más que sus responsables hayan declarado inicialmente a los cuatro vientos, no sin cierta candidez o con algo de voluntarismo, que todo está en regla, lo cierto es que la Fiscalía debe contar con suficiente información como para haber realizado, en corto lapso de tiempo, dos allanamientos al Gobierno Regional y otro al municipio puertomontino, además de hogares de funcionarios de esta última entidad, donde el hallazgo de droga y un arma de fuego en uno de ellos parece haber sido sólo un añadido inesperado.
Mientras en el Gobierno Regional la decisión de asignar recursos a fines del año pasado con la premura de ejecutar el presupuesto lo llevó a un tortuoso escenario de dudosos convenios, con uno de los cuales está en duda la recuperación de $1.200 millones de pesos (el escándalo de Kimün y el ex presidenciable de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao), la Municipalidad de Puerto Montt arrastra desde hace tiempo numerosas dificultades de gestión, donde figuran, por mencionar algunos, la pileta siempre pronta a reestrenarse, la calle Antonio Varas abandonada, el Daem que se ha convertido en un agujero negro de recursos y situaciones personales de sus directivos que se encuentran en manos del Ministerio Público.
La gestión pública está en problemas, qué duda cabe. Para que la confianza en ella se recupere, se precisa de una investigación rápida, completa y certera de la Fiscalía, como también de un cambio de rumbo para garantizar fuera de toda duda el correcto uso de los recursos públicos.