A fines de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Colegio Médico y la Confusam.

La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones. Las penas que pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. En caso de que la agresión genere una enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, la sanción será de 541 días a cinco años de presidio.

Esta ley ha sido importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años, de acuerdo con recomendaciones preventivas del Ministerio de Salud y la mesa de seguridad laboral. Cuando se agrede a un funcionario, se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que se provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, que incitan a la renuncia del personal, lo que ocasiona efectos para todo el sistema de atención.

Recientes allanamientos por delitos de corrupción en la Municipalidad de Puerto Montt y en domicilios de funcionarios municipales terminaron, por hallazgo casual, con el ex administrador municipal y actual director de concesiones detenido y formalizado por microtráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. Fueron a su casa por evidencia informática y se encontraron con marihuana dosificada, un revólver calibre 38 y una buena cantidad de billetes de 10 y 20 mil pesos.

Este hecho trae a la memoria el caso de la Municipalidad de San Ramón y los nexos entre el poder político y el narco, tema que más allá de discursos de buena crianza debiera ser hoy una de las prioritarias preocupaciones de las autoridades, atendido el desarrollo del crimen organizado, agravado por el asentamiento en nuestro suelo de organizaciones criminales extranjeras que, en sus países de origen, han probado su capacidad de permear el aparato público. ¿Hay leyes específicas para atacar este fenómeno? No. ¿Hay una política pública consistente en esta área? Tampoco.

Otro tanto sucede con el objeto principal de esta investigación que son los delitos de corrupción. La idea de que basta con mejorar algunas leyes penales para frenarla -como sucedió después del escándalo de las platas políticas- es tan utópica como ingenua, o derechamente falaz. A la par de cambios normativos que en serio eleven el costo delictual deben existir herramientas eficaces de prevención, detección y control, en manos de organismos capaces de realizar esa tarea y que estén verdaderamente coordinados entre sí. ¿Hay alguna política pública específica para diseñar una institucionalidad en estos términos para enfrentar la corrupción? No.

Seguir descansando en el sistema penal como la exclusiva o principal fórmula para solucionar estos problemas no logrará terminar con los fenómenos de raíz, ya que siempre llegará tarde, es decir, después de los hechos y sólo en aquellos casos que lograron detectarse.

No puede olvidarse que se trata además de ámbitos donde el silencio y la coparticipación "leal" reinan, dificultándose en extremo las posibilidades de develación. Ello sin mencionar las complejidades que de por si tiene el proceso criminal, cuyos resultados siempre son inciertos.

La represión penal eficaz por cierto que es clave, pero sigue siendo solo una de las aristas que queda coja si no se fortalece la institucionalidad preventiva y de control administrativo, en el marco de un diseño institucional que se haga cargo de todos aquellos aspectos que en definitiva hacen posible la corrupción y la penetración del narcotráfico en el Estado. Esto, claro está, en el entendido que se le quiera poner de una vez por todas el cascabel al gato.

80 años | 17 de septiembre de 1943

Recuerdan el centenario de los jesuitas

Ante una numerosa concurrencia se realizó el acto que recordó el centenario del retorno de los jesuitas al país. El evento se llevó a cabo en el Colegio RR.PP. Jesuitas. El número de fondo consistió en la recreación de Los Mártires de Caaró, evento ocurrido durante la conquista de América, cuando tres sacerdotes fueron asesinados por indígenas en el territorio que hoy es Paraguay.

50 años | 17 de septiembre de 1973

Garantizan gasolina para el transporte público

Tal como ha sido la tónica desde la caída del gobierno del Presidente Allende, los servicios de Puerto Montt y la provincia han retomado su tranco. Por ejemplo, ayer desde el jefe de Plaza se reportó que la locomoción colectiva opera con normalidad y se garantizó la existencia de combustible para micros y taxis. El transporte de alimentos que escasean también se priorizará.

10 años | 17 de septiembre de 2013

A tiros un detective atrapa a narcotraficante

Mediante un operativo realizado en calle Parque Industrial de Puerto Montt, fue detenido un narco de 31 años. Los hechos ocurrieron cerca de un supermercado, en momentos que el imputado estaba realizando una transacción de droga. Al huir en un auto, el delincuente trató de arrollar a los policías, sin embargo, uno de los detectives lo detuvo tras dispararle a las ruedas.