Liviandad civilizatoria

En el último tiempo diversos personajes de la escena pública, en especial políticos, han incorporado en sus declaraciones el término "civilizatorio", muchas veces de manera imprecisa o evidentemente errónea. El concepto deriva de civilización, lo que la antropología cultural define como el conjunto de costumbres, saberes y valores propios de una sociedad humana; pero su significado va más allá y se asocia al progreso.

El concepto civilizatorio surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta hoy es objeto de análisis por las Ciencias Sociales, muchos basados en Norbert Elias, quien analizó en detalle los procesos civilizatorios. Sin duda, la adhesión a los principios y conductas que emanan de esta declaración fue uno de ellos, ya que planteó una nueva ética, una renovada visión de los DDHH.

Sin embargo, hay hechos que no podemos plantear como avances civilizatorios, porque no todos los entienden como progreso. Eso depende de los principios de quien hace ese juicio. En ese sentido, es un uso inapropiado calificar como avance civilizatorio que el aborto sea irrestricto hasta las 14 semanas de gestación, pues aquello está sujeto a la definición que surge de valores morales no sujetos a mayorías.

Avanzar en ese tipo de definiciones sobre mínimos civilizatorios sería profundamente cuestionado por una parte de la sociedad. Estamos tomando demasiado livianamente conceptos que son muy profundos. Las verdades sobre lo que es un avance siempre están sujetas a la perspectiva desde donde se mire.

Hugo Lavados Montes Rector Universidad San Sebastián

Brecha de ingresos

Diversos estudios dan cuenta del aumento de la brecha de ingresos laborales en desmedro de las mujeres. Esto se corrobora con la precariedad de las ocupaciones que tienen parte de ellas, con mayor informalidad que los hombres y relacionadas con microemprendimientos de subsistencia.

La rigidez del mercado laboral contribuye a este fenómeno, perjudicando la mayor incorporación de mujeres al trabajo formal y desincentiva su contratación, a través de una discriminación positiva que termina por perjudicar su acceso a un empleo decente.

La política de paridad de género y contratación igualitaria del sector público parece no tener su correlato en el privado. Las empresas que sostienen el trabajo formal y de calidad actúan técnicamente acorde a principios de la eficiencia y eficacia. Si analizamos esto según género, la productividad de las mujeres es muy similar a la de los hombres y, en algunas actividades, es mayor.

Sin embargo, el costo de contratación de las mujeres es más alta que la de los hombres. Esto, paradójicamente, lo provoca el mismo Estado con normativas legales que pretenden protegerlas, pero que finalmente las conducen a la informalidad.

Guillermo Riquelme, académico Universidad Autónoma de Chile

El sueño de la casa propia

Desde el inicio de nuestras vidas, escuchamos sobre el "sueño de la casa propia", pero lamentablemente, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que está muy lejos de hacerse realidad para la mayoría de las familias chilenas. Recientemente, el INE publicó la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) donde muestra que menos de 3 de cada 10 personas podría comprar su vivienda propia. Esto, porque sólo un 28, 5% de la población recibe un ingreso mensual igual o superior a $800 mil pesos, piso mínimo exigible para un crédito hipotecario.

Ante esto, hay dos alternativas: o nos resignamos a la situación y simplemente renunciamos a este sueño, o intencionamos que otras alternativas de financiamiento entren con fuerza al sistema para que, de una vez, se logre la factibilidad real de optar a uno de los préstamos más importantes para las personas.

David Muñoz, CEO de Creditú

Estado sin pitutos

En momentos en que la polarización y las diferencias se toman la agenda, desde Pivotes queremos valorar un hito que muestra el valor del debate y los acuerdos. La propuesta Por un Estado sin Pitutos, que presentamos en conjunto con IdeaPaís y Horizontal como iniciativa popular de norma ante el Consejo Constitucional, puso el foco en cuatro artículos del anteproyecto de la Comisión de Expertos e incorporaba un nuevo artículo para crear la agencia de calidad de políticas públicas y un Consejo de Alta Dirección Pública.

La aprobación de la mayor parte de esta iniciativa en la comisión de Sistema Político, sin prácticamente votos en contra, refleja el consenso transversal que existe para modernizar el Estado. Los consejeros incorporaron a la propuesta constitucional la separación entre gobierno y administración pública, las especificaciones al nuevo régimen de empleo público, el régimen especial para los funcionarios de exclusiva confianza y los estándares de digitalización del servicio público. Además, incorporaron un Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas y al Servicio Civil como órgano rector del sistema de alta dirección pública y de la Administración del Estado.

Más aún, el tono del debate nos genera esperanzas, dado que los planteamientos de los consejeros de ambos lados del espectro en la comisión fueron siempre en la línea constructiva, apertura que valoramos, dado que en nuestra tarea nos tocó conversar con consejeros y comisionados expertos de todas las sensibilidades políticas. Esperamos que el proyecto general que se discute pueda seguir el camino que esta iniciativa logró alcanzar, poniendo en relieve su relevancia y urgencia más allá de consideraciones políticas.

Rafael Palacios, Pivotes