El Consejo Constitucional aprobó ayer incluir en la propuesta de nueva Carta Magna que "cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado", por 33 votos a favor y 17 en contra, negativa liderada por la oposición, donde el consejero Luis Viveros (PC) señaló que "intentan constitucionalizar las isapres".

El artículo que ingresó al borrador del texto que se votará en diciembre indica además que "es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias".

También en el artículo 16 se dio el visto bueno por 32 votos a que "la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales".

El delegado republicano, Luis Silva, dijo al comenzar la jornada que "nosotros votaremos a favor de la libertad de elección, en salud, en educación y en pensiones", ya que "hay una razón más de fondo y es constitucional ¿cuál esa razón? Es limitar al Estado para evitar que se transforme en la mayor amenaza de la persona".

"Muchos", afirmó el representante de la oposición, "querrían el monopolio estatal, que sólo el Estado provea salud, educación y se haga cargo de las personas: precisamente por eso no dejamos esta materia a abierta y no dejamos esta materia al legislador, porque podría llevarnos al monopolio estatal".

Viveros agregó que "la derecha intenta dar un salvavidas" a las Isapres, porque "la libertad de elegir es un espejismo que sólo se consigue si tienes dinero para pagar, si tienes dinero puedes decidir si vas a una clínica o a un Cesfam, pero sino tienes dinero sólo vas a la salud pública".

Pensiones

Por 33 votos de la oposición y 17 en contra, del oficialismo, fue visado "el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que administre e invierta" sus ahorros previsionales y, "en ningún caso, podrán ser expropiados o apropiados por el Estado".

Esta decisión se tomó en el comienzo de la segunda fase de la Gira mejores pensiones para Chile, reforma que se votará durante las próximas semanas en el Congreso y para la cual la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ya recorrió diez ciudades en el sur, junto a su par de Hacienda, Mario Marcel; a las que se sumaron Arica e Iquique, ayer, Antofagasta; y hoy será el turno de Copiapó y mañana, Ovalle.

La Contraloría ayer, en paralelo, ordenó un informe de las actividades realizadas la gira, debido a que promueve un proyecto de Ley, por lo cual, denunciaron legisladores de RN, podría existir mal uso de recursos.

Educación

Los mismos 33 escaños de oposición aprobaron luego que las familias o tutores "tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho".

Tras las primeras votaciones del capítulo de derechos, Viveros sentenció que "hoy se ha sellado el ataúd del Estado social y democrático de derecho como lo tienen países desarrollados o con una visión social como muchos y muchas chilenas y chilenos anhelábamos. La derecha ha terminado por convertir, la salud, la educación y las pensiones en una mercancía con las cuales se lucran y pasan a ser un producto del mercado".

Finalmente el consejero Yerko Ljubetic determinó que "hoy, como está después de estos juicios, no llamaría a aprobar un texto que establece menos derechos, menos libertades que incluso que la Constitución vigente".