Redacción

El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, criticó duramente que se haya decretado arresto domiciliario para cinco de los 11 detenidos en la Región del Biobío el jueves por su vinculación con ataques incendiarios, robo de madera y tráfico de armas. Y junto con ello aseguró que el Gobierno apelará a dicha decisión con el objetivo de que todos queden en prisión preventiva.

Un operativo de la Policía de Investigaciones que incluyó allanamientos en 12 domicilios tuvo como resultado la detención de este grupo de personas entre las que hay integrantes de la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y dos carabineros, uno de ellos activo.

Pese a la seriedad de los delitos imputados, el Juzgado de Garantía de Curanilahue dejó solo a seis de los imputados en prisión preventiva, ante lo cual Monsalve afirmó que el Ejecutivo apelará.

"¿Qué justifica nuestra opinión de que debería mantenerse la prisión preventiva para los 11? La gravedad de los delitos. Estamos hablando primero del delito de asociación ilícita de acuerdo a la legislación anterior, porque hoy día es asociación criminal, pero este delito se viene investigando antes de la nueva ley", argumentó el ministro.

"Eso significa que hay un grupo de personas que se concertaron, se organizaron, para llevar adelante delitos que son muy graves, que tienen sanciones graves, como los ataques incendiarios, pero que además hacían uso de armas de fuego", añadió Monsalve.

Policía recibía pago

Durante la jornada de ayer se conocieron mayores detalles del rol de Darwin Castillo, el funcionario policial activo que fue detenido, quien confesó haber recibido 3,5 millones de pesos a cambio de información.

El fiscal Juan Yáñez detalló que "Celso le ofreció trabajar para él, necesitaba que le diera datos policiales, que tenía camiones y quería evitar que lo fiscalizaran y se los quitaran. Celso le señala que tenía un amigo en la PDI que le informaba de todo y él reconoce haber entregado comunicación a Celso Fonseca respecto de los movimientos de Carabineros, permitiendo que hubiera sustracción de madera".

Fonseca es sindicado como el líder de la organización y se encuentra en prisión preventiva desde noviembre del 2022.

Diputados apoyan

Parlamentarios de La Araucanía respaldaron también ayer la posición del ministerio del Interior en este caso.

El diputado Eric Aedo (DC) comentó que "es inexplicable que la Fiscalía haya dicho que hay irreprochable conducta anterior respecto de dos carabineros que fueron detenidos por apoyar este grupo terrorista y no haya sido pedida la prisión preventiva. Espero que la Corte de Apelaciones remedie esta situación y que estos cinco personajes estén en la cárcel y eso incluye a los dos carabineros".

Por su parte, Joanna Pérez (Demócratas) dijo que "necesitamos desbaratar a muchas más bandas que tenemos en la zona y que utilizan un conflicto para generar impunidad para el robo de madera u otros ilícitos, por eso el máximo rigor de la ley en esta materia, para los policías que se apartan de su misión que es justamente combatir el delito, perseguir e investigar cómo deben hacerlo en nuestro estado de derecho".

Optimismo

Más allá de este desacuerdo con la acción judicial, Monsalve se mostró satisfecho con el trabajo en la Macrozona Sur. En entrevista con La Segunda, afirmó que "si uno analiza la tendencia que ha ocurrido durante el transcurso de nuestro gobierno, una de las tareas ha sido justamente desarticular las organizaciones criminales para disminuir su capacidad operativa. Ojalá, desarticular por completo".

"Hay más de 10 organizaciones que operan en la Macrozona Sur. Yo diría que solo dos han logrado mantener su capacidad operativa", destacó la autoridad y añadió que "producto de los resultados en materia de persecución penal, que implica 325 condenados entre 2022 y 2023, 327 imputados, 124 en prisión preventiva (...) esto ha hecho que el resto de las organizaciones se hayan ido progresivamente debilitando".

Añadió que "las dos organizaciones que mantienen capacidad operativa y que han ido concentrando la atención son Resistencia Mapuche Malleco y Liberación Nacional Mapuche".

A menudo tendemos a responsabilizar a las personas, pero lo cierto es que la realidad del consumo de alcohol y drogas es multifactorial y nos invita a ver esta problemática con una mirada más amplia fortaleciendo, sobre todo, la prevención de riesgos y poniendo en alerta no solo a los trabajadores sino también a los líderes de empresas e instituciones frente al aumento de este fenómeno en el mundo laboral.

El consumo de alcohol y drogas afecta nuestras funciones cerebrales desde las primeras dosis, lo que se traduce en alteración de la coordinación de nuestros movimientos, menor velocidad de respuesta ante los estímulos y desinhibición de nuestra conducta, entre otros efectos. Éstos desaparecen paulatinamente, dependiendo de la cantidad que hemos consumido y del tiempo que llevamos utilizando estas sustancias, que en algunos casos son horas y en otros días, afectando nuestro desempeño por ese periodo.

Estas consecuencias, provocadas por el alcohol y las drogas, se han transformado en un importante problema en contextos laborales, afectando el desempeño, la conducción de vehículos o maquinarias, la reacción frente a emergencias, la toma de decisiones y la relación con las personas que nos rodean. Todos estos efectos constituyen riesgos potenciales de accidentes en el trabajo, pero que además se extienden a la vía pública, relaciones interpersonales e incluso nuestro hogar, incluyendo conductas agresivas.

Si bien los mayores esfuerzos de prevención y difusión se concentran en prevenir el consumo con el objetivo de evitar la dependencia, es de suma importancia señalar que el consumo esporádico o puntual de alcohol, drogas o medicamentos sedantes -aún en ausencia de una dependencia- también nos expone a riesgos de accidentes o conductas problemáticas que pueden tener graves consecuencias.

Las cifras de accidentes, secuelas graves, muertes y pérdidas económicas, asociadas a eventos provocados bajo el efecto de sustancias, muestran la severidad de la situación. Entre un 25 y 30% de los accidentes laborales se relacionan al consumo de alcohol y/o drogas, los que afectan tanto a quien las consume como a terceros, incluyendo graves lesiones e incluso la muerte.

Por esta razón, cabe una importante responsabilidad de los diversos actores del mundo laboral, enfatizando no solo en los trabajadores afectados directamente o potencialmente afectados, sino también de quienes lideran las empresas e instituciones para implementar y profundizar las políticas y programas de prevención del consumo de sustancias. Esto puede materializarse a través del control en recintos de alto riesgo de accidentabilidad, pero también favoreciendo planes educativos y espacios para el apoyo de trabajadores y trabajadoras afectados, lo que se traducirá en menor accidentabilidad, bienestar y mejor calidad de vida.

El consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral nos expone a importantes riesgos de accidentes y lesiones a todos. Por eso, no solo debemos poner énfasis en los trabajadores afectados por este problema, sino promover lugares de trabajo en los que predomine una mirada desde el bienestar, poniendo como desafío -a empresas e instituciones- la prevención como una herramienta clave para disminuir riesgos, evitando así un impacto negativo tanto en quien consume, como en su familia, compañeros de trabajo y todo su entorno.