Carlos Ilabaca

En los últimos tres meses la fiscal regional del Ministerio Público en Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, ha aparecido en los medios por las bulladas investigaciones del Caso Convenios y de cohecho al interior de la Municipalidad de Puerto Montt, ambas con sendos allanamientos de por medio.

Sin embargo, más allá de la fotografía que quedará grabada este año en Puerto Montt, con el Consistorio y el edificio de la Gobernación Regional siendo objeto de masivos operativos policiales, la fiscal prefiere poner el acento en la seriedad con que el Ministerio Público ha decidido llevar adelante estas indagatorias, sin ocultar que el combate a la corrupción es una preocupación que nace del propio fiscal nacional.

Dos hitos vivirá Carmen Gloria Wittwer en octubre, partiendo por los 4 años que cumple en el cargo de fiscal regional, lo que se suma al vigésimo aniversario de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, que en Los Lagos se inició un 16 de octubre de 2003. Aprovechando esta fecha, decidió revisar con El Llanquihue los principales sellos de su gestión y referirse a la contingencia regional.

-¿Cuánto ha cambiado el trabajo de los fiscales desde que usted ingresó al Ministerio Público y cuáles son sus desafíos en la actualidad?

-Al ser parte de esta institución desde hace 20 años (como abogada especializada en violencia de género y derechos humanos asumió en 2003 como fiscal adjunto), he podido ver cómo ha evolucionado la Fiscalía en estos 20 años y particularmente en estos 4 años que me ha correspondido liderar la institución. Evidentemente todo ha cambiado, esto es un sistema dinámico. Por un lado, Chile ha ido ratificando distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, respecto de las víctimas y los imputados, y nosotros nos hemos tenido que también hacer cargo de eso. El fenómeno de la criminalidad también ha evolucionado. A lo largo de dos décadas se han creado nuevos delitos, se han modificado delitos y nos han asignado nuevas competencias como Fiscalía, por ejemplo, la Ley de Violencia Intrafamiliar y luego la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Los fenómenos criminales también han ido mutando, tenemos mayor presencia de drogas en la región. Hace 20 años la droga era bastante residual, lo mismo que las armas, el fenómeno del crimen organizado y eso hoy lo tenemos muy presente en la región y tenemos que hacernos cargo, tenemos que tener la capacidad como Fiscalía de investigar más y mejor.

-¿También los recursos disponibles para el trabajo investigativo se han ido adecuando a las exigencias?

-En lo que es infraestructura, efectivamente hemos mejorado bastante. El recurso humano se ha ido incrementando a lo largo de los años por distintas leyes, pero no significativamente; o sea, el cálculo que se hizo cuando se instauró la Reforma Procesal Penal en la región, fue sobre la base de ingresos que tenían los tribunales del crimen y otros factores, cálculo que evidentemente después, más todas las otras competencias que nos han sido agregadas con el tiempo, hacen que la dotación no sea la ideal para toda la demanda y todos los ingresos de causas que tenemos en el año.

En este punto, la fiscal regional desglosa que el ingreso anual en la Fiscalía Regional de Los Lagos bordea las 70 mil causas, lo que con 29 fiscales en su dotación, significa que en promedio cada uno debe asumir 2.400 causas al año.

-¿Se contempla en el corto plazo un aumento de dotación?

-Esto se está discutiendo en el contexto de la Ley de Presupuestos y el fiscal nacional presentó un proyecto para fortalecer a la Fiscalía, específicamente acá. La idea es aumentar en varios fiscales más y varios funcionarios más en la región.

-¿Cuál considera que ha sido su personal sello en la Fiscalía Regional?

-Desde el día que asumí he querido dar a la gestión una impronta de innovación, mayor uso de tecnologías para acercar a la justicia y acercar la Fiscalía a las personas. Y en ese sentido, hemos incorporado varios sistemas, por ejemplo de mensajería de texto, en que a las personas les llegan los datos de sus causas a través de mensajes de texto. Con las policías también tenemos un sistema en que ya no tienen que ir a las fiscalías a entregar los partes policiales, sino que todo lo tenemos interconectado de manera de hacerlo más ágil.

Los fiscales ya no tienen carpetas de papel, tenemos todas las causas digitalizadas, también pudimos instalar en los tribunales un computador para que los fiscales tengan acceso a toda la carpeta digital.

El otro sello que ha marcado mi gestión ha sido el tratamiento que le damos a los casos de violencia de género. Con el sinnúmero de modificaciones legales que ha habido en el último tiempo, la Ley Antonia, la Ley Gabriela, yo personalmente me preocupo que ese espíritu de las nuevas modificaciones, pero sumado a los mandatos que nos dan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se plasme en la litiga-

ción de los fiscales en cada caso. Y así hemos tenido sentencias en que esta mirada, la perspectiva de género, ha quedado plasmada en fallos interesantes.

Tren de Aragua

-¿Es partidaria de mantener las audiencias telemáticas?

-Yo soy partidaria de un sistema mixto, que la regla general sea la presencialidad. Creo que la presencialidad va de acuerdo con el espíritu del sistema procesal penal que tenemos, que es la oralidad, que es la inmediación, esos son principios básicos del sistema procesal penal. Ahora bien, creo que hay ocasiones, hay momentos y hay tipos de audiencias que pueden hacerse perfectamente en forma telemática sin que se perjudiquen las garantías de los intervinientes.

-Esta Fiscalía lleva investigaciones por secuestro y trata de personas con miembros del Tren de Aragua. ¿Ha sido necesario adoptar medidas de protección especiales?

-Esa causa que usted señala tiene audiencia de preparación de juicio oral pronto. Los imputados que se encuentran en prisión preventiva por estos hechos ellos se atribuyen ser integrantes del Tren de Aragua, cosa que no ha sido comprobada. Pero sí son delincuentes extranjeros que se aprovecharon de mujeres para engañarlas y traerlas a la zona a ejercer el comercio sexual.

Vamos a evaluar la necesidad de medidas de seguridad. Esa decisión tampoco la tenemos tomada y tampoco la vamos a comunicar precisamente para que sea efectiva.