"Lo que sí tiene que tener claro la ciudadanía es que la Fiscalía en estos casos va a pedir la máxima pena que la legislación nos permita"

Caso Convenios

-Se cumplieron tres meses desde que anunció una investigación por las transferencias del Gobierno Regional a fundaciones. ¿Se ha acotado la eventual participación de funcionarios públicos?

-Lo primero que tengo que dejar en claro es que cualquier investigación de delitos de corrupción, son investigaciones muy complejas desde el punto de vista de la información que hay que analizar. Nosotros hemos levantado un sinnúmero de evidencias; de hecho, se incautó bastante evidencia documental y digital.

Esa evidencia está en proceso de análisis. Además, agregar que los delitos de corrupción, son delitos que son difíciles de probar. Y volviendo a la pregunta inicial, no descarto ni la formalización de funcionarios públicos ni de particulares por lo que queda del año.

-¿Es su impresión que quienes tomaron la decisión de entregar recursos a fundaciones o corporaciones no lo hicieron con el celo necesario para resguardar el buen uso de los recursos públicos?

-Yo creo, y esto no lo digo yo, lo han dicho otras autoridades, acá hubo mecanismos legales, mecanismos reglamentarios que facilitaron que se entregaran recursos del Estado a fundaciones sin que hubiera sido necesario tomar los resguardos que uno como funcionario público, de sentido común, esperaría que se tomaran.

-¿Fue imprudente que un fiscal en ejercicio de esta Fiscalía Regional tuviera comunicaciones personales con autoridades que eran precisamente las investigadas?

-Sobre eso no puedo opinar ni pronunciarme porque eso es materia de un sumario administrativo que está vigente.

-¿Pero fue una situación incómoda para el Ministerio Público lo ocurrido?

-Es una situación preocupante. De hecho, desde el momento que tomé conocimiento de ello instruí una investigación administrativa para que se esclareciera qué fue lo que pasó y las responsabilidades que en eso podría haber tenido el fiscal que está siendo investigado.

-El modo de proceder en los recientes allanamientos, a su juicio, ¿fue el necesario, el adecuado o fue excesivo?

-Absolutamente fue el necesario, el adecuado, resguardando todas las garantías de los funcionarios y funcionarias. En ningún momento se vulneró los derechos de algún funcionario o funcionaria, en eso tengo que ser enfática. Se dio cumplimiento a la orden judicial en forma tranquila, normal y apegada a la forma.

Municipio allanado

-¿Está avanzada la investigación por eventuales delitos de cohecho al interior de la Municipalidad de Puerto Montt?

-En la Municipalidad de Puerto Montt la entrada y registro se solicitó al Tribunal de Garantía, y así se autorizó, porque después de bastante tiempo investigando nos dimos cuenta que faltaban algunos antecedentes que la única parte en que la podíamos encontrar era donde la fuimos a buscar.

-¿Eso significa que esta investigación está próxima a concluir?

-No. Porque ahora está en toda la etapa de análisis de todo lo que se incautó, evaluarlo y además cruzarlo a la luz de lo que ya tenemos.

-Aquí se allanaron 13 reparticiones de la Municipalidad de Puerto Montt. ¿Cuántas aristas tiene esta investigación y de qué delitos concretos estamos hablando?

-Efectivamente son varios funcionarios que se están investigando, son varias aristas, no puedo referirme a cuántas ni cuántas personas, pero son varios funcionarios. De hecho, por eso se entró y registró no sólo en dependencias de la municipalidad, sino que también en algunos domicilios particulares.

Pero para la tranquilidad que hay que darle a los ciudadanos de esta comuna, estamos haciendo una investigación seria, apegada a lo que nos faculta la normativa y esperamos llegar a resultados, ya sea para decir que acreditamos delitos de corrupción o para descartarlos.

-En el caso del "Robo del Siglo", uno de los principales autores quedó en libertad al año y medio. ¿Este es el criterio que podríamos esperar que se repita con el Caso Convenios o la investigación en la municipalidad?

-Desconozco el caso concreto, pero son delitos distintos. Algunos delitos de corrupción, no todos, tienen penas muy bajas que admiten la aplicación de un procedimiento abreviado que es en estos casos hasta 5 años de pena que pide el fiscal.

Lo que sí tiene que tener claro la ciudadanía es que la Fiscalía en estos casos va a pedir la máxima pena que la legislación nos permita. Principalmente porque los delitos de corrupción, para ser tales, implican que haya un funcionario público involucrado y que un funcionario público no solamente no ejerza la función para la cual está mandatado por el Estado, sino que además se aproveche del cargo para cometer un delito, para lucrar con el cargo, eso para mí es de suma gravedad, es un daño a la confianza que tienen que tener las personas en la administración pública, que creo que tiene que tener su correlato en la sanción penal.

Fiscal nacional al tanto

-¿Por qué se debió recurrir a personal del OS7 de Carabineros de Santiago?

-Llegó un momento en que vimos la necesidad de encargar diligencias a un equipo policial, y se nos sugirió trabajar con un equipo del OS7 de Santiago, que fue el equipo que trabajó el fraude en Carabineros, un equipo de vasta experiencia y bastantes recursos en comparación con las unidades de acá y, además, para evitar cualquier tema de filtración.

-¿Se lo sugirieron...?

-Fue en una reunión en la Fiscalía Nacional, que me comentaron que existía este equipo de Carabineros y que tenía vasta experiencia en temas de lavado (de activos) y en temas de delitos de corrupción, y por eso decidí trabajar con ellos.

-¿El fiscal nacional está particularmente preocupado por esta causa?

-El fiscal nacional desde que asumió ha tenido una especial preocupación por los delitos de corrupción en todas sus distintas aristas. Luego surgió el Caso Convenios, pero incluso antes de eso tenía una especial preocupación por casos de corrupción a nivel de municipalidades. Por eso yo trabajo todavía con un equipo de la Fiscalía Nacional, de la Unidad Anticorrupción, precisamente esta investigación.