Hay heridas dejadas por la pandemia que están lejos de cerrarse, según reveló el estudio "Cicatrices de la pandemia en el mercado laboral femenino", del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC). En él se establece que 148.000 mujeres aún necesitan volver al trabajo para alcanzar los niveles de participación que existían antes de la emergencia sanitaria. Esta partida abrupta se relacionó con la necesidad de dedicar más tiempo a las tareas domésticas y al cuidado de los demás.

Todavía no se recupera el empleo femenino en el país. Los informes indican que la crisis económica que se derivó del covid afectó especialmente a la ocupación de las mujeres, lo que significó un retroceso en los avances que se habían logrado en materia de participación laboral. En 1990, la fuerza laboral femenina en Chile era de un 31% y previo a la pandemia promediaba el 48%, aunque fue uno de los segmentos más afectados por el desempleo y las alteraciones que sufrió el mercado laboral con la crisis sanitaria.

Se estima que durante la pandemia, 900 mil mujeres salieron del mercado laboral y fueron las más afectadas por los despidos. El efecto fue tal que hizo retroceder las ganancias en términos de participación laboral femenina, que había mostrado una tendencia creciente hasta antes de la llegada del covid. Y la evidencia muestra que la reintegración al trabajo ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres.

Además, persiste la brecha laboral y salarial, ya que las mujeres reciben en promedio un ingreso 29% menor respecto de los hombres, en igualdad de funciones. Las mujeres muestran mejores tasas de escolaridad que los hombres, incluso en las áreas más rurales y deprimidas, y tienen menor deserción en el nivel escolar y en educación superior, pero por paradoja, al llegar a analizar el empleo, se presenta una diferencia desfavorable para ellas. Las mujeres acceden a trabajos más precarios y peor pagados. Las causas detrás de esto revelan un problema social, ya que aún en algunos sectores son percibidas como menos capaces para la realización de trabajos como para aspirar a cargos de mayor responsabilidad.

Las autoridades han tratado de dar prioridad a reforzar las políticas de empleo y asegurar una mayor participación a las mujeres en sectores que dinamizan la economía, así como abordar la pérdida de ingresos de ese segmento de la población.

El Consejo Constitucional sigue avanzando contra el tiempo en la aprobación de las disposiciones que integrarán el "eventual" proyecto de nueva Constitución que, también "eventualmente" debiera ser sometido a plebiscito el 17 de diciembre de este año. Digo esto de esta forma, porque todo el trabajo realizado hasta aquí tiene aún un final incierto, no por el resultado de la consulta ciudadana, sino porque es posible que el órgano constituyente no logre el quórum necesario de 3/5 de sus miembros en ejercicio para aprobar "la totalidad del texto", como señala el artículo 152 de la Carta actual, lo que consecuencialmente haría que se caiga el plebiscito, frustrando todo el proceso.

Esta posibilidad, desastrosa para el interés nacional en orden a resolver de una buena vez la cuestión constitucional, habita hoy en un delicado ecosistema de desconocimiento y apatía ciudadana respecto del tema, donde además las encuestas -de cuestionable credibilidad- mostrarían que la opción "en contra" llevaría la delantera. Aún más, lo que sucederá o no está en manos de los diferentes sectores y partidos políticos, cuya naturaleza es rehuir cualquier costo electoral, sobre todo teniendo a la vista que los próximos dos años se disputarán prácticamente todos los cargos de poder en el Estado, incluyendo la Presidencia.

Por eso no sería extravagante pensar que desde ya para algunos pudiera perecer una buena idea evitar las consecuencias políticas que podría traer consigo un posible fracaso en el plebiscito de salida, adelantándolo al seno del Consejo Constitucional, por la vía de no alcanzarse el quórum necesario para la aprobación del texto del proyecto. La lógica sería evitar la consulta popular y de esa manera diluir la responsabilidad política y no comprometer el "capital" de nadie, o al menos, no afectarlo gravemente.

Una estrategia de estas características sería, sin embargo, democráticamente reprochable, desde que la dirigencia política con ello privaría a la ciudadanía de la posibilidad de pronunciarse. Sería además injusta para con un proyecto que hasta aquí cumple cabalmente con la promesa de una buena y nueva Constitución para todos los chilenos y, además, sería espuria, ya que en la decisión habrían primado intereses políticamente mezquinos completamente ajenos al bien común.

Por ello, más que nunca llegó la hora de prestar atención a lo que esta sucediendo en el proceso constituyente y aproximarse al contenido de la propuesta sin sesgos, entendiendo que la última palabra la tenemos los chilenos en el plebiscito y que nuestro país necesita terminar con la incertidumbre, cerrando de una vez por todas el desafío constitucional.

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