Es claro que la relatividad del tiempo es juez de los procesos y los resultados. En ese orden, lejos quedó en el calendario el plebiscito de septiembre de 2022 y el diciembre del "Acuerdo por Chile" que dio apertura a un nuevo proceso constituyente: hoy le restan poco menos de tres semanas al proceso en Comisión Experta y en Consejo Constitucional; después la propuesta de Carta Política transitará hacia el plebiscito de salida del 17 de diciembre de 2023.
Esta proximidad a la fecha de entrega de la propuesta, es decir, el 7 de noviembre de 2023, facilita efectuar un balance del proceso y del proyecto sin que sea anticipado.
Bajo esa idea, lo primero que se debe afirmar es que el proceso constitucional se caracterizó por lo reflexivo: esto explica que tanto el proceso como el texto de la propuesta hayan abandonado esa pretensión refundacional e iniciar todo de cero. Por el contrario, bien se puede decir que el proceso buscó reconocer que la identidad de un país guía no solo los cambios significativos, sino también la interacción entre las diferentes generaciones.
Precisamente, ese carácter reflexivo del proceso ocasionó que se tuviese más uniformidad desde lo social y lo cultural en contraste con el anterior. Solo que esto no es un defecto: puede ser leído más bien como un decaimiento de la efervescencia que dio origen al primer proceso o, si se prefiere, un asentamiento de la realidad más allá de lo coyuntural; lo cual es más útil al momento de tomar las decisiones relevantes y de largo plazo.
Ahora, lo expuesto no quiere decir que el proceso haya sido perfecto, solo que aprendió de los recientes acontecimientos lo propicio si se quería hacer una propuesta constitucional seria. En esa medida, el nuevo proceso tuvo que hacerse cargo de momentos en que las inclinaciones y gustos constitucionales intentaron ahogar los consensos, donde las declaraciones y las recriminaciones generaron un sin sabor que aumentaba la fatiga o cansancio de la ciudadanía. Pero, a pesar de todo, este proceso ha sido capaz de sanear las fragilidades previas y centrarse en la labor encomendada. Por ello, hay un texto (casi) listo. Un texto que se caracteriza por algo sustancial: no es la anterior propuesta, ni estructural ni lingüísticamente.
A ciencia cierta, en muchos aspectos, el texto pasó por ese ámbito ponderado que se esperaba. Por tanto, resulta improbable que sea una obra que lleve el eslogan "Aprobar para reformar": su elaboración se asentó en el orden, lo que hará fácil su unificación y asimilación. Claramente no es una obra donde prime la unanimidad ni tampoco el minimalismo, aunque abandonó la pretensión de que todo quedase en la Constitución, lo cual da paso a que ciertos temas importantes sean tratados por el legislativo como representante democrático y de la soberanía. Evitó, por ende, la hiperconstitucionalización y dará un espacio para materializar el texto, su perdurabilidad y que la obra se adapte mejor a la realidad cambiante.
Y pese a las opiniones sobre la eliminación de derechos, una lectura de la propuesta muestra lo contrario, por ejemplo, se incluyeron derechos nuevos -como la vivienda adecuada, al trabajo decente, a la cultura, al agua y al saneamiento-, se complementaron otros existentes y se integran expresamente derechos de las mujeres, como la participación política, la no discriminación en salud y en la remuneración por trabajo de igual valor, la protección de la maternidad.
Tampoco es menor que se haya construido una obra que no desconoce las 12 bases constitucionales que se firmaron en ese ya distante diciembre de 2022: así lo puso de manifiesto la Comisión de Venecia, como ente externo, y lo refleja la no intervención de ese tercer órgano que se creó para el proceso que fue Comité Técnico de Admisibilidad y que iba a servir de árbitro ante posibles infracciones a las normas y bases establecidas.
Es, en ese sentido, que se hace necesario empezar a discutir desde lo que dice el propio texto y no desde las meras aspiraciones o sospechas, porque en camino al plebiscito de salida, el diálogo y la crítica deben sostenerse en la veracidad de la información y dotarse de sensatez para alcanzar una decisión para un mejor Chile.
Investigador posdoctoral de la Facultad de Derecho y
de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.
