La Superintendencia de Educación fiscalizará contrataciones del Daem
CONTROL. A partir de este lunes se realizará una evaluación del Proceso de Gestión de Personal, lo que implicará la revisión de más de 600 carpetas de funcionarios del Daem de Puerto Montt. Su director (S) dijo que es una auditoría "habitual y normal".
Como parte de su Plan Anual de Fiscalización 2023, la Superintendencia de Educación iniciará mañana una revisión de más de 600 carpetas de funcionarios contratados por la Dirección de Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt, con la finalidad de evaluar el Proceso de Gestión de Personal de dicha repartición municipal.
Así fue notificado al sostenedor de la educación municipal, en este caso la Municipalidad de Puerto Montt, con fecha 23 de octubre, con el objetivo de que se reúnan todos los antecedentes solicitados en la materia a fiscalizar.
Según explicó Fernando Pérez, director regional de la Superintendencia de Educación de Los Lagos, este programa de fiscalización tiene como "propósito comprobar que los sostenedores de establecimientos educacionales garanticen el cumplimiento de las adecuadas condiciones laborales de las y los docentes y asistentes de la educación, principalmente, en relación con el pago efectivo de remuneraciones y cotizaciones previsionales, además de la revisión de las funciones del personal que desempeña labores en la administración superior de la entidad sostenedora".
Siete DAEM a Fiscalizar
Fernando Pérez detalló que no se trata de una fiscalización exclusiva al Daem de Puerto Montt, sino que abarca otros siete establecimientos en la región, uno de los cuales ya fue sometido a este mismo proceso de control, explicó.
Este proceso de fiscalización se enmarca en la Ley N°20.529 que establece que, si se detectan vulneraciones normativas, el "sostenedor podría arriesgar sanciones que van desde la amonestación a multas en UTM, según la naturaleza y gravedad de la infracción", explicaron desde la Superintendencia.
"En cuanto a la rendición de cuentas, es importante reiterar que la normativa señala que los establecimientos que reciben recursos públicos, ya sea a través de la subvención general o de las subvenciones con fines especiales, se encuentran obligados a rendir una cuenta anual del uso de dichos recursos, en la forma, plazo y mecanismos que establezca la superintendencia. Este proceso permite velar por una mayor transparencia y claridad en el uso de los recursos, con el objeto de que estos sean utilizados para los fines establecidos en la ley y, de esta forma,