Fiscalía investiga una nueva arista en el caso fundaciones que reveló contralor Bermúdez
CONVENIOS. Ministerio Público recibió informe del órgano fiscalizador e indagará en forma separada estos hechos. Seremi de Vivienda confirmó que en un caso recurrieron al Consejo de Defensa del Estado para solicitar devolución de recursos.
El Ministerio Público confirmó que inició una investigación por la situación develada por el contralor nacional, Jorge Bermúdez, sobre los $1.778 millones que entregó la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo a las fundaciones Urbanismo Social y Acción Digital, entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023.
Desde la unidad de comunicaciones de la Fiscalía, ratificaron que se abrió una investigación sobre la nueva arista, pero una indagatoria separada de la que se realiza en el Gobierno Regional (Gore) por el traspaso de fondos a la Fundación Chinquihue, Corporación Kimün y Fundación Participa.
Aunque el informe de la Contraloría llegó el jueves al Ministerio Público, no está claro qué fiscal llevará adelante esta indagatoria. Se especula que podría ser el abogado Marco Muñoz, especializado en investigar este tipo de ilícitos.
Arista diferente
De acuerdo al ex fiscal Nain Lamas, si la Contraloría detecta un hecho que reviste caracteres de delito, lo informa a la Fiscalía dentro de 24 horas, plazo de obligación de denuncia que tiene todo funcionario público.
Posteriormente, agrega, "la Fiscalía inicia una investigación, si no la hubiere hasta ese momento. Pero, si lo denunciado ya está siendo indagado, esa información se agrega a la investigación en curso. Si se trata de una arista diferente, la Fiscalía puede decidir investigarla en la misma causa o de manera separada", anota Lamas.
El penalista explica que conforme el artículo 185 del Código Procesal Penal, es facultad del Ministerio Público agrupar o separar investigaciones.
"Agrupar muchas aristas puede implicar el retardo de la causa, lo que pugna cuando hay plazos de investigación corriendo con imputados ya formalizados. En definitiva, todo depende de la estrategia que determine el persecutor", observa.
Recuperar recursos
Los antecedentes revelados por el contralor nacional, también fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al que recurrió la Seremi de Vivienda para recuperar $75 millones que no ha rendido la fundación Acción Digital.
El seremi Fabián Nail sostuvo ayer que ese Ministerio valora el informe entregado por la Contraloría, "porque reafirma una serie de observaciones que internamente hemos venido implementando para modificar un modelo de transferencias que debe modernizarse, para garantizar mayores controles, más probidad y más transparencia".
Comentó que en el caso de lo ocurrido en la región, Urbanismo Social y Acción Digital son las dos fundaciones con las que se suscribió convenios desde 2021, también con municipios, para trabajar con campamentos en distintas comunas.
"Con Urbanismo Social se establecieron cinco convenios, por un monto total de 721 millones de pesos, sin que existan antecedentes por demoras o incumplimientos. Con Acción Digital se estableció un convenio por 234 millones de pesos que ya está terminado, porque cumplió su objetivo", agregó.
Reveló que en el caso de esta última fundación, "presentó rendiciones por un monto menor a lo transferido, por lo cual le fue solicitada la devolución de un saldo de casi 75 millones de pesos, sin que las instancias administrativas lograran el reintegro de esos recursos, por lo que los antecedentes del caso fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado, que nos representa ante la Justicia".
Nail subrayó que "como Gobierno reiteramos nuestro compromiso para seguir implementando las medidas internas necesarias para cambiar el modelo de trabajo en los campamentos, así como informar con transparencia a otros organismos del Estado, porque nadie puede enriquecerse con los dineros destinados a mejorar la calidad de vida de las familias que más lo necesitan".
Renuncias
El senador Iván Moreira (UDI) planteo que más allá de las responsabilidades penales, "hay responsabilidades políticas. Lo que debiera hacer el Presidente (Gabriel) Boric, es estudiar los antecedentes y pedir la renuncia de todos (los seremis) y si es necesario también del ministro (Carlos Montes)".
Según Moreira, tras lo señalado por Bermúdez, el gobierno debería pensar en un cambio de gabinete, puesto que "el Minvu ha quedado muy mal parado".
Llegar a los responsables
El diputado Mauro González (RN), sostuvo que el objetivo de los antecedentes que hizo llegar a la Contraloría "es que se aclaren todas las irregularidades cometidas tras el traspaso de recursos entregados en forma irregular desde el Gobierno Regional a las fundaciones". Según González, ante la nueva investigación se debe dejar que las instituciones sigan funcionando, "como hasta el momento lo han hecho, hasta llegar al fondo del asunto y tener claridad de todo lo que ocurrió".
Su colega Daniel Lilayú (UDI) dijo que el informe del contralor Bermúdez refleja la carencia del control de recursos transferidos a fundaciones. Lilayú dijo que como parte querellante en el caso de fundaciones de la región, espera que "se delimiten las responsabilidades a quienes corresponda", al tiempo que "nunca más tengamos que conocer que los dineros de todos los chilenos, sean mal utilizados". El diputado valoró que la Fiscalía investigue esta nueva arista. No descartó hacerse parte con una nueva querella, ya que "este tipo de situaciones no se pueden repetir, ni en este, ni en el próximo gobierno".
$1.778 millones transfirió el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a dos fundaciones en la Región de Los Lagos.
29 de junio la Fiscalía inició una investigación de oficio por la transferencia de fondos a tres fundaciones.