La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó el viernes que se pagó una cifra millonaria por el rescate de un empresario secuestrado en la Región de O'Higgins, hecho que despertó críticas ante un eventual aumento de este tipo de ilícitos. El fin de semana esta situación se vivió dos veces en Tarapacá y, ayer, el subsecretario Manuel Monsalve dijo que "la primera tarea de las instituciones del Estado es rescatar con vida a ese hijo, hermano, madre o padre".

"Esa capacidad de cómo se rescata con vida a esa persona está radicada en las capacidades del Ministerio Público y de las policías. Y hay que confiar en esas capacidades", agregó la autoridad, junto con destacar la existencia de "manuales respecto a cómo se manejan delitos de esta complejidad".

En medio de la tensión por liberar a la persona aprehendida, "eventualmente, puede haber negociación" con los antisociales, dijo Monsalve. "Cuando hay un secuestro, hay una vida en juego, y hay que dejar que los equipos especializados tomen las decisiones que consideren correctas para salvar la vida de la persona y para llevar adelante la investigación que permita identificar y detener a los responsables".

"Con toda la gravedad de estos hechos, en los tres secuestros de los últimos días se ha rescatado a la víctima con vida, se han tomado detenidos", subrayó el subsecretario y, "desde hace muchos años, el secuestro es un delito que tiene una tendencia al alza a nivel mundial".

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que los secuestros son "un desafío que, probablemente a ese nivel de sofisticación y complejidad, no habíamos enfrentado, pero estoy seguro que vamos a poder ir perfeccionando cada vez mejor nuestro protocolo".

Aunque las 35 horas que pasó desaparecido el empresario rancagüino, "si bien es un asunto que tiene particularidades que lo diferencian de manera bastante notoria de otros, no nos pilló desprevenidos", señaló el persecutor, aunque sin referirse al pago por el rescate.

El exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo en CNN durante la víspera que la ministra al revelar el factor financiero "fue imprudente", ya que "hay manuales respecto de cómo manejar este tipo de situaciones", donde "lo lógico es que haya sido una comunicación combinada y conjunta con las autoridades que llevaban a cabo la negociación".

"¿Cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía (con las palabras de Tohá): ¿fue el Estado capaz de resolver esta situación? ¿O se resolvió de la manera de aquellos que cometieron el delito?", cuestionó Galli.

Uber responde

Una denuncia de secuestro por parte de un conductor de Uber fue publicada el fin de semana por El Mercurio, donde un padre contaba cómo su hijo abordó un vehículo de la aplicación, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron en un sitio eriazo.

La empresa ayer respondió que "el usuario no habría abordado el vehículo con el conductor confirmado por la plataforma en el día y hora señalados", mientras que los choferes deben presentar "certificado de antecedentes penales sin anotaciones, que deben renovar cada 6 meses, tal como lo hizo el socio conductor que aceptó el viaje bajo investigación".