Erwin Schnaidt

Con "suma urgencia", la Municipalidad de Puerto Montt informó la publicación de tres decretos de demolición de igual número de propiedades decretadas "en estado de abandono".

La información oficial emitida por la corporación edilicia porteña da cuenta de su "demolición inmediata, por su condición ruinosa, insalubre e insegura a la comunidad". Agrega que sus propietarios no han sido ubicados.

Asimismo, se incorpora un listado de 13 propiedades declaradas en estado de abandono. Se trata de igual número de sitios eriazos, también "con propietarios desconocidos e inubicables".

Para el caso de las demoliciones, se emitieron los decretos 9701, 0702 y 9703, todos ellos fechados el pasado 11 agosto de 2023, para proceder de esa forma con inmuebles localizados en las poblaciones Miramar, Modelo y Marina Mercante, respectivamente.

En el caso de las propiedades abandonadas, se trata de una en la población Manuel Montt y las otras 12 ubicadas en el sector Alerce.

En abril de este año, el municipio también anunció vía decretos, la demolición de tres viviendas situadas en el sector Crucero, en el centro y en la población Modelo.

Apoyo vecinal

El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos "Reloncaví", Raúl Aburto, valoró la decisión municipal, por cuanto se trata de construcciones que generan ocupaciones ilegales (casas okupa), en las que tienen lugar todo tipo de incivilidades, lo que deriva en riesgos para la seguridad de esos vecinos.

"Esas casas tienen dueños, pero no son capaces de estar preocupados de su estado. Algunos las arriendan, otros no. Entonces, en esos casos hay que hacer lo que hay que hacer nomás y lo más pronto posible. No hay otra manera de poder parar todo lo que está pasando", comentó.

El líder de la Unión Comunal porteña aseveró que en muchas ocasiones no se trata sólo de un grupo familiar que las habita sin consentimiento de los dueños, sino que de "un montón de gente que llega a ocuparlas. Se hace difícil poder sacarlos después. A las Juntas de Vecinos se les complica mucho", insistió.

Aburto definió que hay algunos sectores con más casos, como Modelo y Barrio Puerto. Admitió que habitualmente en esa organización reciben quejas de dirigentes vecinales. Explicó que "como hay gente que ve que nadie se preocupa de esas casas, entonces las ocupan. Ha habido reclamos de todos los lugares. Nosotros hemos hecho ver esto en Seguridad Pública. La Municipalidad tiene que hacer su pega".

Seguridad

Emilio Garrido, presidente de la Comisión de Seguridad en el Concejo Municipal, remarcó que para llevar a cabo esta acción "se hizo un trabajo reglamentario para evaluar la pertinencia de la demolición".

Precisó que con ello se dará solución a situaciones relacionadas con temas de inseguridad de la comunidad donde están situadas estas casas.

Garrido destacó que la administración municipal "está tomando decisiones en el camino correcto", puesto que esos inmuebles "que afectan a una comunidad, a una población, tienen que ser demolidos para solucionar problemas asociados a incivilidades".

El concejal dijo esperar poder disponer de información sobre el resultado de la aplicación de estos decretos.

Procedimiento

La gestión de estos decretos está a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuya directora, Javiera Torres, explicó que corresponde a un procedimiento incluido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Mediante esa herramienta, las DOM solicitan al alcalde de turno que decrete la demolición de un inmueble que amenaza ruina o no cumple con la LGUC; "o sea, que no tiene permiso", especificó la arquitecta.

Torres manifestó que previo a ello se notifica al propietario, si es que es localizado, a quien se le otorga un plazo de 30 días, en general, para regularizar esa situación.

Si se mantiene el incumplimiento tras esos 30 días, se oficia al Juzgado de Policía Local que aplica multas que corresponda. "Sin perjuicio de eso, la Dirección de Obras solicita al alcalde el decreto de demolición, lo que se comunica al propietario que está en esa trasgresión a la ley", precisó.

La jefa de la DOM porteña añadió que como en este caso no fueron ubicados los dueños de esos tres inmuebles, se publicó el aviso, tras lo que el municipio determina en forma interna si es que esa demolición es llevada a cabo por sus propios medios o bien mediante una licitación de ese trabajo.

Como sea que se ejecute la demolición, agregó Torres, "esos costos los debe cobrar (el municipio) a través de tribunales, al trasgresor de la ley".

13 propiedades abandonadas también figuran en el listado que publicó el municipio. De ellas, 12 están ubicadas en el sector Alerce.

11 de agosto fueron emitidos los respectivos decretos de demolición de inmuebles que están definidos como "en estado de abandono".

La alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, expresó su preocupación por el estado del puente Las Toninas, ubicado en el kilómetro 42 de la Ruta 7, por lo que instó a autoridades regionales a tomar medidas.

La jefa comunal hizo un llamado directo a la delegada presidencial, Giovanna Moreira, así como a Vialidad, Transportes y Senapred, solicitando una atención urgente.

Recordó que ese puente se vio afectado por un derrumbe ocurrido el 22 de agosto, pero que persisten escombros, los accesos están en condiciones precarias, y uno de los paneles de cemento instalados ha colapsado, representando un peligro inminente para quienes transitan por la zona.

Al referirse a las autoridades mencionadas, cuestionó "si se dan cuenta la situación en que estamos".

Se quejó por la falta de información técnica sobre el estado estructural del puente, subrayando la necesidad de una evaluación detallada para garantizar la seguridad de los habitantes de la comuna y de los conductores que utilizan la Carretera Austral.

Admitió que su inquietud pasa por la próxima llegada de turistas que desconocen el verdadero estado de esa estructura, que "no se ha reforzado", a pesar del continuo paso de vehículos, buses y camiones.

"Por favor, las autoridades regionales salgan un ratito a ver la realidad, a ver cómo se ha comportado ese puente desde el día uno que fue el aluvión. Ustedes como no viven la realidad, están sentaditos detrás de un escritorio. Sigan sentaditos. Después, cuando -Dios no lo quiera- vuelva a pasar una situación similar, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos. Estas autoridades regionales que son nombradas por un presidente, no se dan cuenta, ni siquiera hacen la pega. Después, quien se lleva todos los reclamos, somos los alcaldes", enfatizó la jefa edilicia.

Extendió su preocupación por la seguridad de los habitantes de Caleta La Arena y se quejó porque no hay un letrero de advertencia.

Espinoza aseveró que es la última vez que hace un llamado de alerta por este caso, "especialmente a la delegada presidencial, que es la jefa de todos estos directores y seremis, que le dé las instrucciones, la orden para intervenir".