"Me parece correcta la posición de la Fiscalía, en orden a maximizar la pretensión punitiva en delitos tan graves como la trata de personas con fines de explotación sexual y asociación ilícita, especialmente en casos de pluralidad de delitos como ocurre en la especie y considerando además que el combate al crimen organizado es una prioridad nacional".

Así el ex fiscal regional Marcos Emilfork se refiere a la alta pena solicitada por el Ministerio Público, para los cuatro integrantes de la célula del Tren de Aragua, que hasta marzo del año pasado estaba actuando entre Temuco y Puerto Montt.

En uno de los casos, para el líder de la banda se está solicitando la pena de cadena perpetua y para los otros tres acusados 20 y 17 años de cárcel, respectivamente.

De acuerdo con Emilfork, la Fiscalía "tendrá, eso sí, el enorme desafío no solo de probar hechos y participaciones, sino que, además, de superar la interpretación proimputados de normas concursales que pueden llevar al tribunal a imponer, en caso de condena, penas más bajas que las solicitadas por el ente persecutor".

Declaración

Para el ex fiscal Naín Lamas, el delito de trata de personas es un ilícito complejo de acreditar, ya que la "piedra fundamental son las víctimas, quienes muchas veces ya no están disponibles para concurrir al juicio, se han ido del país o han sido objeto de presiones para no declarar".

Recordó Lamas que producto de estos inconvenientes es que los fiscales toman la precaución "de tener la declaración de las víctimas grabadas como prueba anticipada y la Unidad de Víctimas hace un trabajo de acompañamiento y apoyo durante el proceso, sobre todo tratándose de víctimas vulnerables", señala. Agrega el penalista que "aun así, no obstante existir prueba, su valoración no es algo unívoco o de resultado cierto, pues en algunos juicios, y habiéndose rendido la prueba, los magistrados que estuvieron juntos y observaron lo mismo, no logran unanimidad en el veredicto, estando algunos por condenar y otros por absolver, casos en que rige el voto de mayoría".

Trata de personas

Giovanna Moreira, delegada presidencial regional, recordó que el Ministerio del Interior es querellante en esta causa, y que la idea central es el esclarecimiento de los hechos, para que se apliquen las penas que contempla la ley contra aquellos que resulten responsables.

Indica Moreira que el objetivo es no sólo aportar en la investigación, sino que también "hemos abordado de manera integral el delito de trata de personas, a través de una mesa intersectorial, que nos permite coordinar distintas acciones para promover la prevención de este delito, además de la protección y reparación de las víctimas".

Explica la delegada que el mandato del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la Política Nacional contra el crimen organizado "es hacernos cargo de la tarea de identificar y desarticular organizaciones criminales que llevan violencia, temor, armas y drogas a distintos territorios de Chile".

Sostiene la autoridad que "esta es una lucha que el Estado está decidido a hacer y esto demuestra que estamos cumpliendo además en el Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, hemos priorizado el delito de trata de personas. En abril de este año el gobierno suscribió un acuerdo con ambas cámaras del Congreso para priorizar 31 proyectos de ley en materia de seguridad".

En ese contexto está la nueva normativa que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, recuerda.

Según la delegada, esto "nos permite perseguir de manera más eficaz las bandas y organizaciones criminales que están detrás de los graves delitos que afectan a la población".

Expulsarlos

Fidel Espinoza, senador socialista, expuso que no sólo es preocupante cómo han ido llegando estos carteles de crimen organizado al sur del país, "sino más aún que estén operando desde las propias cárceles, cometiendo delitos del más diverso tipo, entre ellos sicariatos, secuestros y robos con violencia nunca antes vista".

Ante esto, anota Espinoza, que "se debe actuar con rapidez para expulsarlos cuando sea posible y condenarlos con las penas más altas cuando sean llevados a juicio. Sólo con mano dura vamos a poder erradicarlos de nuestro país y de nuestras regiones. No hay que estigmatizar a todos los inmigrantes, pero a los que