ninguna institución necesita que la ley lo obligue. Por ejemplo, hay que revisar el caso de Dani Alves (jugador brasileño enjuiciado por violación en España). El club reaccionó inmediatamente (fue despedido por el Sao Paulo). Claro, hay países en los que los clubes tienen cláusulas y esto no sé si ha sido debatido al interior del directorio de Blanco y Negro, porque es una empresa, aunque me duele decirlo porque soy colocolina, pero claro, tiene que debatirse en el marco del derecho privado.

-Usted misma menciona que la dependencia económica es una de las razones por las que las víctimas muchas veces no denuncian o vuelven a vivir con sus agresores. ¿Hay forma de ayudarles en eso?

-Actualmente, de lo que disponemos es de un mecanismo rápido de acceso al subsidio de arriendo del Serviu. Eso ya está operando y existe desde hace muchos años, no lo creamos nosotros. Se conoce poco, pero las mujeres que se atienden en los centros de la mujer del Sernameg pueden acceder de forma preferente a subsidios de arriendo para poder salir. Hay una especie de afán de pensar que la solución de todo son las casas de acogida. Pero las casas de acogida no son soluciones permanentes. Son sólo para riesgo inminente y grave. ¿Por qué? Porque a la larga pueden terminar siendo peores. Porque es a la mujer a la que se encierra. Por eso nuestro foco en la Ley Integral está en no encerrar a la mujer, sino en fortalecer la vigilancia y las sanciones contra los agresores en épocas más tempranas, no cuando ya estamos llegando a un caso grave.

-Ministra, la Ley Integral lleva seis años de discusión en el Congreso. ¿Qué pasa que no se ha aprobado? ¿No hay voluntad política de los partidos?

-Creo que aquí podemos hablar de varias cosas. En primer lugar, este proyecto de ley lo presentó la Presidenta Bachelet y, lamentablemente, estuvo sin urgencia todo el gobierno anterior. Ahí ya tenemos un rango importante de tiempo. Desde que asumimos el gobierno le ingresamos la urgencia y la hemos ido subiendo. Además, es un proyecto de ley largo. Cuando nosotros asumimos, el proyecto de ley tenía 400 indicaciones y lo simplificamos, por supuesto. Una de nuestras primeras tareas fue sustituir y simplificar el proyecto, y ahora estamos cerca de poder discutir las últimas 10 indicaciones de ese total. O sea, estamos cerca del final de la tramitación en el Senado. Esperamos que pronto pueda ser ley.

-¿En qué mejora la situación actual esta ley?

-Desde la perspectiva de lo que viven las víctimas, hay mejores medidas de protección y cautelares, con más control por parte de las instituciones. En segundo lugar, la incorporación de niños y niñas como víctimas y no sólo como testigos, para que no se usen como moneda de cambio para que las mujeres desistan de las denuncias. Porque eso es lo que ocurre. En tercer lugar, un fortalecimiento del rol del Servicio Nacional de la Mujer que atiende a 60.000 mujeres al año. A mí muchas veces me preguntan, "ministra, ¿por qué usted no se ha referido a este caso?". Y es porque el ministerio, el SernamEG, no puede actualmente asumir una causa de motu proprio, no puede llegar y entrar en un juicio. Necesita la autorización, el patrocinio de la víctima o de sus familiares. Además, eso es incompatible con tener un abogado privado. Es decir, si la familia opta por tener un abogado personal, no puede entrar el SernamEG. Eso nos parece que termina siendo un obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que además las cifras nos muestran que cuando Fiscalía y SernamEG actúan juntos desde la primera audiencia, tenemos un mucho mejor juicio, tanto en la experiencia que viven las víctimas, durante el proceso judicial, como en las condenas que se tienen.

-Este Gobierno se ha definido como feminista. En ese sentido, ya llegando a la mitad del mandato y con todas las dificultades que han tenido, ¿ha cumplido sus objetivos personales para el ministerio?

-Bueno, las dificultades son parte del ejercicio de gobernar. Nadie podría esperar que todo pase exactamente igual como se planificó. Ahora, en materia de nuestra cartera, hemos obtenido avances presupuestarios por segundo año consecutivo en un servicio que fue muy castigado en años anteriores. Hemos promulgado ya tres leyes, la de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos; la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y sus Familias, que por primera vez crea una petición de apoyo, reparatoria, para los niños y niñas cuyas madres han sido asesinadas por femicidio, y la Ley Antonia, que fue impulsada principalmente por el padre de Antonia Barra y que a nosotras nos tocó asumir en su trámite final y buscar los acuerdos para que pudiera concretarse. Además, hemos podido implementar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que fue creado por ley en el anterior gobierno, pero a nosotras nos tocó levantar los planos en realidad; sin recursos, además, porque era una ley que no venía con recursos. Actualmente, además de la Ley Integral, estamos avanzando en la Ley de Sociedad Conyugal, que lleva 14 años pendiente.

-¿Está una ley de aborto más amplia entre sus prioridades?

-Hemos estado buscando un acuerdo con las organizaciones y la ley de aborto más amplia no está incluida en estos objetivos para lo que queda del gobierno, porque hay opiniones muy disímiles. Hay algunas que creen que hay que avanzar a todo evento, hay otras que creen que hay que perfeccionar la existente, ya que las tres causales tienen un amplio apoyo en la población, y si hemos podido implementar las tres leyes aprobadas en forma transversal, es porque siempre lo hemos hecho en conjunto con la sociedad civil. Y estamos a la espera de ese consenso.

-Afirmar la ley vigente igual puede ser un desafío, considerando la propuesta constitucional que se votará en diciembre y de la cual muchos expertos aseguran que pone en riesgo la Ley de Aborto en Tres Causales.

-En eso hemos trabajado de todas formas. Hay que recordar que ya en enero de este año lanzamos el manual de fiscalización de la atención en tres causales. Era algo que estaba pendiente desde que se aprobó la ley, que le tocó implementar a otro gobierno. ¿Y de qué se trata eso? De asegurar que las personas que entran en alguna de estas tres causales reciban efectivamente una atención buena. Considerando además que son tres causales que son dramáticas. No son personas que puedan esperar mucha derivación.

-¿Cómo es tratada la mujer en la propuesta constitucional?

-Yo miré con mucha expectativa cómo, al inicio del trabajo del Consejo Experto, se buscó un ánimo de acuerdo. Creo que eso se perdió en el camino.

-Hay voces críticas que hablan de retrocesos para la mujer.

-Yo creo que, en derecho, en el ámbito jurídico, las palabras significan mucho y no es casual cambiar una por otra. Tiene efectos y esos efectos, en su mayoría, los viven las mujeres. En Chile hemos tenido una historia, desde 1877, desde el Decreto Amunátegui, de continuo avance, en el que cada generación le entrega a la siguiente generación de mujeres una libertad más amplia. Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.

-¿Y cuál es su respuesta a esa pregunta? ¿Hay avances en la propuesta?

-Tengo una respuesta, pero no puedo hablar.

-¿Está satisfecha con cómo lo ha hecho el Gobierno?

-Yo creo que eso es algo que tiene que evaluar la ciudadanía, ¿no? Es muy autorreferente y un poco estético de mi parte decir "lo hemos hecho súper bien". Yo creo que siempre podemos mejorar y ese es el ejercicio en el que estamos.

-¿Ha sido muy duro gobernar? La oposición ha sido dura.

-Hay distintos sectores en la oposición y hay que saber dialogar con los que piensan distinto a uno. Si no, no podríamos lograr mayorías. Nosotras ya llevamos dos leyes de autoría propia que fueron aprobadas sin votos en contra en una situación de minoría legislativa. Creo que nadie puede pensar que gobernar es fácil. Involucra siempre tomar decisiones difíciles, posiciones incómodas, en las que hay que pensar por el bien país y salir un poco de la caja de la idea propia.

"Yo miré con mucha expectativa cómo, al inicio del trabajo del Consejo Experto (para la nueva propuesta constitucional), se buscó un ánimo de acuerdo. Creo que eso se perdió en el camino".

Las fuerzas silenciosas que amenazan al medioambiente

A principios de los años 90, nuestro país experimentaba serios problemas medioambientales, como la contaminación del aire y de las aguas, la sobreexplotación pesquera y, cómo olvidar, las montañas de chips de bosque nativo que se exportaban desde el sur de Chile. Hoy, después de más de 30 años de esfuerzo, se han generado importantes avances institucionales y aportes desde la sociedad civil que han permitido avanzar efectivamente en la protección y valoración del medio ambiente. Lamentablemente, estos avances se han visto contrarrestados por la aparición de importantes amenazas, como el impacto del cambio climático en la biodiversidad y la falta del Estado de Derecho en ciertos espacios naturales, permitiendo su degradación de forma silenciosa.

En 1992, nuestro país participaba decididamente en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y se comprometía por parte del Estado y los privados tanto el cuidado ambiental como la sostenibilidad y la generación de un marco legal eficaz. En marzo de 1994, se promulgaba la Ley de Bases del Medio Ambiente, la cual materializaba las necesidades y compromisos ambientales del país.

Durante los siguientes años, por parte de actores de la sociedad civil y privados se gestarían importantes áreas protegidas privadas en tierras amenazadas, como, por ejemplo, los parques Pumalín y Chacabuco, la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Karukinka en Tierra del Fuego, que suman cerca de un millón de hectáreas de conservación. Gracias a esas iniciativas innovadoras, hoy existen más de 100 iniciativas privadas de conservación en nuestro país.

En ese mismo sentido y como una iniciativa que ha tenido el apoyo transversal de diversos gobiernos, se han generado importantes áreas de protección marina, cubriendo hoy más del 36% de la zona económica exclusiva de Chile. Adicionalmente, se han creado exitosamente áreas de manejo para la protección y uso sustentable de los recursos pesqueros por parte de organizaciones de pescadores artesanales que deben regirse a planes de manejo.

En los últimos años, nuestra matriz energética se ha descarbonizado, dando paso a importantes proyectos de energía eólica y solar que han permitido sustituir centrales alimentadas con combustibles fósiles. Las empresas productivas y el sistema financiero se han adaptado a las exigencias ambientales de los mercados externos y han adoptado criterios de sostenibilidad en el corazón de sus estrategias corporativas.

Lamentablemente, todos estos esfuerzos y avances se están viendo contrarrestados por dos fuerzas silenciosas que han aparecido con fuerza en los últimos años. La primera de ellas es el impacto del cambio climático en nuestra biodiversidad, que ha dañado fuertemente nuestra vegetación nativa, sobre todo en la zona central, produciendo serios daños desde la región de Valparaíso hasta la región del Ñuble.

Según un reciente e influyente estudio publicado en Nature Vegetation (2023), este daño en la vegetación se ha producido a una velocidad e intensidad récord comparada con otros países mediterráneos. Esta situación puede generar desequilibrios desconocidos hasta hoy en los ecosistemas, poniendo en peligro la provisión de servicios ecosistémicos y la capacidad de captura de carbono de los bosques.

La segunda fuerza corresponde a la ausencia de Estado de Derecho en ciertos territorios, permitiendo, por ejemplo, la corta ilegal de leña o extracción de especies amenazadas, como es el caso del alerce o la caza de vicuñas en el norte. Esta falta de Estado de Derecho facilita la formación de mafias que se benefician con la extracción ilegal de maderas, mariscos, especies amenazadas o los cultivos ilegales, generando además el potencial de generar redes de protección en el territorio.

A pesar de los numerosos avances medioambientales que hemos tenido, hoy debemos enfocarnos con decisión y efectividad en reducir las amenazas a nuestra naturaleza, reduciendo los riesgos de incendio, evitando el sobrepastoreo, la degradación de nuestra ruralidad y la contaminación, pero también enfocarnos en restituir el Estado de Derecho y fiscalización en todos los rincones de nuestro país.