Vicente Pereira

La Fiscalía confirmó que investiga presuntas irregularidades que se habrían cometido al interior del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt.

Se trata de una indagatoria desformalizada, a propósito de antecedentes que han sido recepcionados por el Ministerio Público, según lo confirmado a este Diario.

Esta acción guarda relación con lo expuesto por la directora de la entidad, María Luisa Rivera, hoy con licencia médica, quien acusó mal uso de recursos públicos y aseguró, en la edición de este martes, que "el nivel de desconocimiento de la norma en este Daem ha hecho que los recursos de los estudiantes de la comuna sean utilizados en lo que no corresponde". A sus cuestionamientos sumó, que en medio del debate presupuestario 2024, advirtió que los $6 mil millones sugeridos por la administración que encabeza el alcalde Gervoy Paredes (PS) alcanzarían hasta abril y, que de aprobarse, no se tendrían recursos para pagar los servicios básicos, a no ser "que se les ocurra ocupar recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)".

Investigar

Sobre esta materia, el ex fiscal regional, Marcos Emilfork, en tanto, sostuvo que ante cualquier situación o hecho que pueda revestir caracteres de delito, debe investigarse. Incluso de oficio y más "todavía, cuando se trata de situaciones que podrían ser constitutivos de corrupción".

Sobre cuál pudiese ser el delito en este caso, sostuvo que los "hechos pueden ser subsumibles dentro de distintas figuras o no, ya que se puede esclarecer si es que existe o no". Y en ese sentido, plantea que puede que se llegue a delitos que sean irregularidades de orden administrativo, aunque también se puede llegar a esclarecer que existen o no hechos constitutivos de delitos.

Y en este caso, apuntó a que son varias las figuras que pudiesen existir. En el fondo, "todo el catálogo de delitos de funcionarios son los que se investigan, como malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, entre otras".

Agregó que "pueden existir distintas situaciones que se tienen que esclarecer en una investigación".

Colocó acento en que "si una autoridad, a cargo de fondos públicos, está señalando expresamente que existen irregularidades, indudablemente tienen que ser investigados desde la perspectiva administrativa. Esto es Contraloría, auditorías internas y también, atendido que se trata de fondos públicos, por la Fiscalía, para esclarecer si existe o no algún hecho constitutivo de algún delito funcionario".

Delitos

Frente a dichas aseveraciones y si es que lo que acusa pudiera constituir presuntos delitos, como malversación de caudales públicos, el ex fiscal Naín Lamas explicó que ello podría no configurarse. Y en tal sentido detalló que los dineros deben tener un objetivo, pero para que sea constitutivo de delito no es suficiente que el funcionario público gaste en otros fines públicos. "Obviamente que si desvían los dineros para intereses particulares estamos hablando de fraude al Fisco o malversación. El asunto es que cuando los fondos públicos terminan gastándose en fines públicos, pudiera ser constitutivo de delito sólo en la medida que exista un actuar arbitrario, de mala fe de parte de la persona, pero no por la sola aplicación de los fondos", precisó.

Ante la consulta respecto a cuál podría ser la figura en caso de que se compruebe que se ocuparon dineros provenientes de un programa del Ministerio de Educación, por ejemplo, para cancelar remuneraciones del Daem, expuso que "en la medida que esté justificada la aplicación del dinero no necesariamente se configuraría el delito. Podría haber una infracción de orden administrativo para quienes tomaron la decisión. Ahora, si se pagan servicios que no existen pudiera existir una malversación o fraude al Fisco, lo mismo que si se contratan funcionarios fantasmas que no trabajan". Y es que -explicó Lamas- en el caso de la malversación "puede ser tanto dolosa, como culposa. Es decir, la negligencia en la malversación también se sanciona".

Detalló que en el caso de los delitos de fraude al Fisco siempre hay una acción dolosa. Es decir, dos personas se ponen de acuerdo y una de ellas, por ejemplo, elabora una trama para perjudicar al Fisco y la otra es la de malversación, que es cuando el funcionario que tiene a su custodia los caudales públicos, "los sustrae o consciente que los sustraigan. Y este caso puede darse en la figura de trabajadores fantasmas", por cuanto se genera un engaño para justificar los pagos que se están realizando. Y ahí se podría estar ante la figura de "malversación dolosa o culposa (negligente)".

Sobre lo expresado por María Luisa Rivera, desde la Dirección Jurídica del municipio señalan que "respecto de las denuncias por presuntas irregularidades en la que se cuestiona la gestión administrativa y de recursos realizados por el equipo Daem, del que la propia directora forma parte, el municipio, en caso de ser requerido por las autoridades competentes, y como siempre lo ha hecho, se compromete a aportar todos los antecedentes que le sean solicitados, teniendo la convicción de que todas las acusaciones realizadas quedarán desvirtuadas". Agregan que "para esta entidad edilicia, si bien resulta indispensable que todo el actuar en materia educacional se realice con transparencia frente a la ciudadanía y con estricto apego a los protocolos y a la ley, también resulta necesario que se informen verazmente los hechos sin denostación".

El Concejo Municipal de Puerto Montt definirá esta tarde si revoca o no el cambio de nombre a Regimiento, transcurridos siete meses desde que se hiciera efectiva la modificación a "Los Deportistas". Una determinación, sin embargo, que fue adoptada por el ex Concejo Municipal, en octubre de 2020, como una forma de rendirle homenaje a los cuatro futbolistas asesinados en dictadura.

Un hecho ocurrido el 31 de enero de 1974 y sobre el cual la Corte Suprema condenó a cuatro efectivos de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en el homicidio calificado en contra de Pedro Bahamonde, José Soto, Héctor Maldonado y José Mañao.

Al respecto, Jacquelin Paz, administradora municipal, explicó que la junta de vecinos del sector, además de los vecinos, formalizaron ante el alcalde Gervoy Paredes, una carta mediante la cual solicitaron la revocación del nombre y restituir Regimiento.

Para ello, explica Paz, se desarrolló una Comisión de Infraestructura del Concejo, instancia en la cual presentaron sus argumentos y un documento que contiene la firma de más de 600 vecinos del lugar que respaldan este requerimiento, por lo que tras ser revisada y analizada la solicitud, entonces la administración municipal definió incorporar esta materia en la tabla y es por ello que será el Concejo Municipal el que decida si es que proceden o no a revocar el cambio de nombre.

La sesión del cuerpo colegiado comenzará a las 15:30 horas.

Myriam Kahler, una de las voceras de los vecinos que solicitaron que se revoque la determinación adoptada por el Concejo hace tres años, reconoce que están expectantes respecto de lo que pudiera suceder en la presente jornada.

Kahler lamentó que se esta votación se dilatara y destacó el respaldo de los ediles.