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Muy clara
José Luis Andrés, abogado penalista y querellante en la causa de ocupación ilegal del predio de Frutillar, dijo que es llamativo que las autoridades que están designadas y nombradas en el fallo de la Corte Suprema "no erradicaran a estas familias" en todo este tiempo.
Andrés comentó que "hace un par de meses dirigí un correo electrónico a la delgada presidencial, Giovanna Moreira, sin respuesta y al alcalde de Frutillar (César Huenuqueo), quien sí me respondió y señaló que se había contactado con varias autoridades para buscar una solución".
Afirmó que como parte querellante exigirán que el fallo se cumpla. "Las personas fueron notificadas oportunamente y tuvieron seis meses para salir por su propia voluntad y sus medios. Lo lamento por ellos, pero la Corte Suprema fue muy clara al ordenar el desalojo y lo que señala no tuvo ningún resultado y las familias aún siguen allí".
Fuerza pública
El penalista dijo que en Chile los fallos se deben cumplir y, por lo mismo, "vamos a pedir que se cumpla y se haga el desalojo. Pero ahora tendrá que ser con la fuerza pública".
Observó que la labor de desalojo es competencia de Carabineros. "Los contactamos y están al tanto de la situación"..
El abogado hizo un llamado las familias que permanecen con el predio en toma, "para que salgan por sus propios medios, porque enfrentar a la fuerza pública, es algo que la Corte Suprema quería evitar que pasara".
No lo hicieron
De acuerdo a antecedentes recopilados por la ONG Campo Seguro, actualmente existen siete usurpaciones vigentes, conocidas popularmente como tomas, en predios silvoagropecuarios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Además, en los últimos tres años se han registrado 28 usurpaciones en estas regiones.
El diputado Daniel Lilayú (UDI) sostuvo que este caso "es la forma más clara de cómo este gobierno está manejando el tema de las usurpaciones de terrenos, porque tuvieron seis meses, los ministerios del Interior, de Desarrollo Social, Bienes Nacionales, Vivienda y la Municipalidad de Frutillar para buscar una solución a estas familias y no lo hicieron".
Agrega que "si el fallo de la Corte Suprema, que es la máxima instancia judicial del país, no los mueve para buscar soluciones, es que realmente tienen un problema muy grande de gobernabilidad".
Lilayú manifestó su preocupación por el posible uso de la fuerza. "Ojalá no se llegue a la ocupación de la fuerza pública, porque entendemos el problema de las familias que también necesitan de un lugar donde vivir".
Anotó que este tipo de actos no pueden seguir ocurriendo en la región. "Lo importante es que ya fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Usurpaciones que castiga penalmente a quienes ocupen terrenos, obligando su restitución, aunque este avance ha sido con el veto interpuesto por el Gobierno, demostrando con ello que el derecho de propiedad no es de su interés".
El alcalde de Frutillar, César Huenuqueo, detalló que el municipio ha trabajado permanente y coordinadamente con la Delegación Presidencial y con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para generar diversas posibles soluciones a las personas respecto de las cuales hay una orden de desalojo por ocupación irregular de terrenos.
"En ese sentido, en diversos encuentros de trabajo con dirigentes del lugar, se ha entregado orientación y apoyo directo para la postulación a subsidios de arriendo, de compra de vivienda usada y para posibles incorporaciones a comités de vivienda, además de la evaluación de soluciones de carácter más inmediato con el apoyo de la unidad de asistencia social de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco)", adujo Huenuqueo.
El Llanquihue contactó a la Delegación Presidencial y a la Seremi de Vivienda para conocer su versión en este tema, pero no hubo respuestas a las consultas.
20 inmuebles fueron levantados en este terreno privado emplazado en el acceso a Frutillar, muy cerca de la carretera.
2021 es el año que se llevó adelante la usurpación, manteniéndose en la actualidad 11 familias.
180 días de plazo tuvieron los servicios e instituciones estatales para ayudar a las familias a salir del terreno ocupado ilegalmente.