"Por fraude al fisco formalizan a la administradora regional". En el marco del Caso Convenios, Viviana Godoy -imputada por fraude de $1.200 millones- quedó bajo arresto domiciliario total, mientras que Gloria González, ex jefa de Fomento e Industria del Gobierno Regional, quedó en cuartel de la PDI al ampliarse su detención. Se le indaga por lavado de activos.
@TomasGarate
Después de largos años y mucho trabajo, aprobamos el nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Varas en el CORE Los Lagos, que busca una ciudad a escala humana, con una mejor red vial, densidad en altura regulada y mayor acceso a áreas verdes y vivienda.
Vamos ahora a Contraloría!
@hospitalpm
En el #DíaNacionaldelTrasplante el @hospitalpm realizó una muestra fotográfica con pacientes de la institución que han sido trasplantados en los últimos años para visibilizar la importancia de la donación de órganos y el cambio de vida que significó para ellos
1.500 toneladas estiman la mortalidad de salmones en el Estuario Reloncaví producto de la floración de algas.
$17 mil millones postula la directora del Daem para 2024, mientras que la administración a un presupuesto de $6 mil millones.
7.000 personas se estima que trabajan embarcados en la zona sur austral del país, donde opera un 88,9% de la flota mercante.
4 toneladas de basura fueron retiradas desde el fondo marino, en un operativo realizado en el sector de Anahuac.
Los países requieren inversiones, en especial en infraestructura, para desarrollarse y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se trata de obras que brindan una mayor movilidad, más servicios a los ciudadanos y optimizan sus oportunidades de crecimiento, a través de la generación de empleo.
La realidad muestra que en Chile la inversión -como formación bruta de capital fijo-, ha caído: pasó de representar del orden del 27% del PIB en 2013 a un 22%, hoy. De este monto, el 65% corresponde a construcción y el resto maquinarias y equipos, y de la inversión en construcción, el 70% es infraestructura.
Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción de 2021, se requerirán alrededor de US$ 177 billones (miles de millones) en infraestructura entre 2022-2031. Dadas las restricciones presupuestarias, el Estado podría asumir del orden de un 40% y las empresas privadas y estatales podrían participar con un 33% adicional.
Por esta razón, la asociación pública-privada, es y será relevante para la concurrencia de capitales privados adicionales necesarios para la inversión en infraestructura de uso público. Esto ha sido posible por la existencia de la Ley de Concesiones que ha permitido un aporte significativo en grandes proyectos como autopistas, hospitales, cárceles, aeropuertos y otros.
En esa línea, la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) cumplió 20 años en abril, la que permite a los Servicios de Vivienda y Urbanismo y a las municipalidades captar recursos privados para realizar proyectos. Esta norma permite "celebrar con terceros contratos de participación, destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas, a cambio de una contraprestación consistente en otorgar derechos sobre bienes muebles y/o la explotación de uno o más inmuebles u obras".
La mayor parte de la infraestructura se debería materializar en espacios urbanos. Así, a través del FUC, se podrían construir centros de salud, colegios, jardines infantiles, veredas, plazas y parques y estacionamientos y otros. Se trata de iniciativas de menor escala donde la Ley de Concesiones no es el instrumento más adecuado.
Esta ley -bien intencionada-, ha presentado debilidades. Entre ellas están el desconocimiento de la ley; hay barreras para las empresas pequeñas y hay un alto riesgo asociado al éxito del proyecto. Además, no hay un tratamiento que incentive la iniciativa privada, ya que no existe un régimen de reembolso a todo evento de los estudios; no hay un sistema objetivo en cuanto a su valoración y tampoco "premios" a la licitación en que se haya presentado la iniciativa privada, entre otras críticas.
Estamos convencidos que esta legislación debe tener modificaciones y una buena difusión, pues podría ser un gran instrumento para potenciar inversión regional y municipal. El diálogo entre diversos actores nos permitirá identificar oportunidades de cambios a esta regulación valiosa, pero subutilizada.