La expulsión del país de 60 personas cuyo vuelo no se concretó por la supuesta falta del permiso aéreo en Venezuela "pasó el fin de semana y si no ha pasado alguna, va a pasar hoy día" (ayer), afirmó al mediodía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En simultáneo, la ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que "las expulsiones judiciales (48) se están concretando, y estamos a la espera de poder continuar con las administrativas (12)". Minutos después, la autoridad aclaró que cuatro personas quedaron en libertad vía recursos de amparo.

Terminada la vocería de Gobierno, cerca de una hora más tarde la titular de la cartera salió a explicar que "de las 12 personas que estaban consideradas para expulsiones administrativas, cabe recordar que son personas que ingresaron de manera irregular, no que cometieron delitos, cuatro se pudieron concretar a través de vuelos comerciales y están pendiente otras cuatro, porque pusieron recursos de amparo y la Corte determinó no innovar y eso obliga a la PDI suspender aquello y tendrían que liberarse".

"Las otras (cuatro) están esperando la expulsión administrativa esta semana y se mantienen detenidas", agregó la secretaria de Estado, porque al momento de ser rechazado el vuelo en el país caribeño, el jueves 23, las personas quedaron detenidas. Sin embargo, por Ley, en caso de no ser repatriadas, al quinto día quedan en libertad.

Esto permitió a cuatro personas presentar recursos de amparo y ser liberadas, frente a lo cual la ministra dijo que "es lamentable la consecuencia. Nosotros considerábamos estas expulsiones la semana pasada y todos supieron lo que sucedió, pero la idea es que este tipo de situaciones no vuelva a pasar".

Estas palabras fueron parte de la rectificación de Vallejo, lo que despertó interrogantes sobre la comunicación al interior de La Moneda: "La verdad es que esta es información viene oficializándose recién durante la vocería. Es imposible estar con un teléfono recibiendo la información", declaró.

Sobre lo planteado por Monsalve, la titular de la Segegob explicó que "el subsecretario dijo que debió haber pasado o debería estar pasando. Textual".

La autoridad de Interior señaló antes en Mega que quienes "estaban detenidos (por motivos judiciales) son expulsados en vuelos comerciales", tras la negativa para ingresar al espacio aéreo venezolano. "Eso ya pasó y si no ha pasado con alguna va a pasar hoy día, porque era el último día" del plazo antes citado, mientras que "las otras eran personas que no estaban detenidas, y ya se sabía quiénes eran y dónde estaban, por lo tanto, se les iba a ir a buscar para detenerlas y expulsarlas".

"descabezamiento"

Cuando Venezuela negó el permiso aéreo, el Ejecutivo declaró que se estaban realizando gestiones diplomáticas "de alto nivel" para remediar esta situación en el futuro, mientras que RN pidió la renuncia del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.

Vallejo respondió ayer que "hay un sector, no todo, de la oposición, que ve como única solución el descabezamiento de autoridades, en vez de colaborar y contribuir" en el avance de las políticas migratorias y de seguridad.

La ministra pidió "seguir trabajando intensamente" en estas materias, para lo cual "requerimos a nuestros equipos trabajando, y también mantener las relaciones diplomáticas con nuestro país vecino, porque nos necesitamos mutuamente para poder ordenar la situación".

El exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, sostuvo ayer que el Gobierno busca que las isapres dejen de existir "de facto", con el fin de obligar a los usuarios a cambiarse al sistema público.

El director de la isapre Esencial reconoció en radio Cooperativa que "la crisis inicialmente la provocaron las isapres al oponerse a cambios legales que se les propusieron, pero a partir del año 2014, cuando las isapres se allanaron a cambios y reformas, el sistema político tampoco concordó esas reformas y un sector importante dijo 'ya no quiero reformar y mejorar las isapres; quiero hacer desaparecer a las isapres'".

El militante de Amarillos por Chile planteó que "no ha habido un acuerdo legislativo para sustituir la legislación que permitiría, ya sea hacer desaparecer a las isapres en el marco de una reforma programada, consensuada, de transición, sin crisis o haber establecido que se podrían transformar en entidades privadas de seguridad social".

"El Gobierno está más preocupado de que por la vía de facto, de realidad, se produzca la quiebra del sistema y más que intentar reformar el sistema, generar la situación de hecho de que todos nos vamos a ir a Fonasa. El problema es que va a ser con consecuencias sanitarias muy preocupantes para la población", lamentó el experto.

Dar certezas

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "el Ministerio de Salud ha estado trabajando en eso y con otras carteras para evaluar qué podemos anticipar legislativamente para cumplir o dar ciertas certezas a lo que es el fallo de la Corte Suprema". "Hay aspectos de la ley corta que podrían eventualmente adelantarse, en el marco de la discusión del reajuste del sector público, pero eso está en evaluación y no queremos anticipar nada sin tener toda la evaluación técnica".