Incautan $230 millones en especies tras golpe a la mafia del salmón
CHILOÉ. En operativo en el centro-sur de la Isla se decomisaron 7,5 toneladas de pescados, como también una lancha, 4 vehículos y armamento. 7 sujetos fueron formalizados en Quellón y quedaron en prisión preventiva.
En un certero zarpazo a la mafia del salmón en la provincia, se desbarató en las últimas horas una banda criminal vinculada a lo menos a 6 ataques a centros de cultivo emplazados al sur de la Isla. Un operativo multisectorial que dejó 7 sujetos en prisión preventiva y la incautación de especies avaluadas en más de 230 millones de pesos.
La información de testigos como de las empresas afectadas activó la indagatoria encabezada por unidad Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos) de la Fiscalía Regional de Los Lagos, teniendo como eje el despliegue de la Policía Marítima y el aporte especializado del OS-9 de Carabineros de Puerto Montt.
Tras 4 meses de análisis de los antecedentes denunciados, la Armada se desplegó con 3 unidades y a 5 millas náuticas al noreste de Queilen interceptó una embarcación sospechosa, incautando 7,5 toneladas de salmones avaluados en 94 millones de pesos.
De acuerdo a lo indicado por el gobernador marítimo de Castro, Claudio Vidal, el trabajo policial "llevó a la detención de los 6 ocupantes de la lancha a motor Constanza, con matrícula de Quellón, sacando de circulación su carga sustraída desde un centro de cultivo, la cual tenía como destino la comercialización en Chiloé como el continente".
Además, el capitán de navío remarcó que "se realizaron dos intervenciones más en tierra, en Quellón y Dalcahue, con apoyo del OS-9. Gracias a órdenes de entrada y registro se detuvo a otra persona más, incautando otras especies".
En total, junto al cargamento salmionídeo que fue desnaturalizado se requisaron un camión, un furgón, un auto y una camioneta, como también la embarcación que no tenía su documentación vigente. También se recuperaron dos armas de fuego y municiones.
Rotulado
Por su parte, el general Héctor Valdés, titular de la X Zona de Carabineros Los Lagos, relevó el despliegue conjunto que permitió desarticular esta organización ilícita que procesaba los ejemplares no aptos para el consumo, incluso con etiquetado para su posterior venta.
"Estos recursos iban dirigidos a diferentes compradores del país, con rotulado que daba cuenta de un presunto origen. Esta información falsa reflejaba un peligro sanitario para el consumidor, quien creía en la calidad del producto con estos datos", advirtió el oficial.
Bajo esta dinámica, la fuente sostuvo que "las diligencias continúan para tratar de establecer todos los eslabones de esta cadena productiva ilegal".
Detallando las pericias instruidas en el caso, el jefe de la unidad Sacfi, Rodrigo Oyarzún, consignó que las acciones indagatorias responden al fenómeno delictivo focalizado a nivel zonal, correspondiente al robo de recursos hidrobiológicos.
"Esta operación responde a este foco identificado, relativo a la sustracción de salmones desde las pisciculturas del sur de Quellón, a través de la utilización de embarcaciones, el desembarco de la carga y el traslado hasta plantas clandestinas donde el producto era procesado y luego distribuido en Chiloé y el continente", explicó el persecutor.
Formalización
Con relación a la situación procesal de los 7 imputados, el abogado detalló que todos fueron formalizados por el delito reiterado de robo a centros de cultivo, "que tiene una penalidad bastante alta, similar al robo en lugar habitado; es decir 5 años y un día de presidio hacia arriba", aclaró.
Es más, el jurista puntualizó que la prognosis de pena de los implicados, de acreditarse la reiteración por los 6 casos detectados, "sería superior a los 10 años de cárcel".
Justamente, por la gravosidad de los ilícitos, el número de los mismos, la forma de comisión y por considerarse un accionar criminal organizado por parte de los encartados, "se invocó la prisión preventiva estimando que la libertad de ellos es un peligro para la seguridad de la sociedad", apuntó el profesional, sumando que 5 de los 7 imputados tienen antecedentes penales anteriores.
La precautoria fue cuestionada por el defensor Darwin Loreto, quien representó a 6 de los detenidos. Argumentó que "los antecedentes presentados no dan cuenta con exactitud la participación de todos en la sustracción, además de configurarse la colaboración sustancial ante un eventual abreviado podrían optar a una pena sustitutiva, ante lo cual la cautelar es desproporcionada".
Pese a estas alegaciones, la magistrada del Claudia Villa acogió la prisión preventiva y decretó un plazo de 90 días para la investigación. Desde ya, el defensor aseguró que "se apelará en alzada esta medida".