Carlos Ilabaca

Diversas son las dudas que persisten al interior del Consejo Regional (Core) de Los Lagos en torno a la condición administrativa en la cual se encuentra la administradora regional, Viviana Godoy, quien desde el jueves cumple prisión preventiva en el módulo 81 del penal de Alto Bonito, tras ser formalizada por eventual fraude al fisco, en el marco del Caso Convenios.

La preocupación de los consejeros radica, una vez más, en la falta de información oficial de parte del Gobierno Regional (Gore), por lo cual durante esta jornada esperan lograr el consenso para que se oficie al gobernador Patricio Vallespín y pueda dar respuesta a estas dudas mañana, durante la sesión plenaria que tendrá lugar en Puerto Montt.

Así lo planteó la consejera Patricia Rada (RD), quien si bien tildó la situación como compleja, reconoció que las instituciones encargadas de investigar están funcionando.

"Dada la prisión preventiva de la administradora regional, también en el Consejo Regional existen algunas dudas sobre cuál es el estatus administrativo de contratación y cumplimiento de funciones, y también cómo se está haciendo la subrogancia, toda vez que no se puede hacer estando el titular activo, administrativamente hablando, y eso significa asegurar el adecuado funcionamiento del Gore de manera paralela mientras avanzan las investigaciones", dijo. Si bien Rada confirmó haber realizado consultas informales, espera que en la sesión de hoy de la comisión conjunta de Hacienda se pueda tomar una decisión para oficiar a la autoridad regional.

Señales claras

Dudas similares planteó el consejero César Negrón (RN), quien espera poder preguntarlas en la sesión plenaria del Core del día miércoles, para poder aclarar si quien hoy asumió esta responsabilidad como administrador regional, Luciano Belmar, está en calidad de suplente, subrogante, si es algo temporal o en definitiva va a ser el administrador regional titular. "Hoy día como está la situación el Gobierno Regional necesita dar señales claras y eso también dice relación con lo que hagamos como consejeros regionales, y yo creo que este cargo de administrador regional, que no es cualquier cargo, es el segundo de a bordo en el Gobierno Regional, tiene que tener una designación definitiva, un nombramiento oficial", dijo.

La misma situación se ha planteado al interior de la Comisión de Régimen Interno, que reúne a los jefes de bancada de las diferentes corrientes políticas del Core. Su presidente, el consejero Ricardo Kuschel (RN), expresó que el tema preocupa profundamente "porque ha pasado el tiempo, el señor gobernador no ha contestado públicamente y siempre dice que la investigación es secreta y no se puede entregar información, pero por fuera también se escucha información y la gente maneja información; y si el señor gobernador no dice nada, los que quedamos mal somos los consejeros regionales", dijo.

En este sentido, Kuschel se refirió a la Segunda Encuesta de la USS y Gente del Sur, donde el 65% de los encuestados responsabilizó al gobernador regional por el Caso Convenios en el Gore Los Lagos y mostró su preocupación por el 60,3% que apunta sus dardos a los funcionarios del Gore, mientras que el 33% responsabiliza a los consejeros regionales.

"Personalmente, nunca he tomado contacto con ninguna fundación y estoy absolutamente convencido que cada vez que hemos levantado la mano para que se saneen los títulos de dominio, de que eso es súper importante para la gente (...) Pero no puede ser que se entreguen los $1.200 millones a una fundación que no sabía, que no tienen ningún papel y se encuentren con $1.200 millones en la cuenta corriente", puntualizó.

Kuschel comentó que frente a los últimos sucesos en la indagatoria que lleva la Fiscalía, los cores están evaluando contratar un asesor legal.

Ante una consulta de El Llanquihue desde el Gore se informó que "la administradora regional se encuentra bajo licencia médica que inició antes de la nueva medida cautelar. Cualquier medida debe ser analizada considerando los derechos legales del funcionario público y, ante todo, este Gobierno Regional se rige por la normativa legal vigente para cualquier proceso".

Una ampliación de la querella que presentó la semana pasada por falsificación de instrumento público, y que podría abarcar a otros funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), anunció el abogado Óscar Montecinos, quien aseveró tener antecedentes de que el uso de datos falsos podría eventualmente extenderse a encuestas de empleo en la región.

El querellante volvió a referirse a las declaraciones que emitió la dirección regional del INE Los Lagos, que confirmó la existencia de cuestionarios con datos adulterados e informó la presentación de los antecedentes ante el Ministerio Público. En ese sentido, el jurista aseguró que "a través de la presentación de la querella se pudo establecer que existen fundamentos claros, precisos y notables para establecer el delito" y aseguró que en este caso existe una responsabilidad administrativa de carácter grave.

"Esperamos que la autoridad central por lo menos separe de sus funciones al director regional (Sergio Zuloaga), ya que él ha omitido cumplir una de las obligaciones que están establecidas en el Código Procesal Penal, que es, ante el indicio de un delito, poner esta información ante el Ministerio Público o ante tribunales", dijo.

En la querella que Montecinos presentó en representación de la coordinadora de proyectos especiales del INE, Silvia Traimante, incorporó antecedentes de la inclusión de datos no fidedignos tanto en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), como la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut). Sin embargo, a juicio del abogado, podrían no ser las únicas.

"Yo creo que es tan grave la situación que de hecho deberíamos revisar todas las políticas públicas, tanto en las encuestas de empleo, de seguridad ciudadana, de uso de tiempo; todas esas encuestas, tanto en Puerto Montt, Puerto Varas, Calbuco, hoy día revisten índices de falsificación", afirmó Montecinos, quien además cuestionó que sea el mismo equipo regional el que está a cargo de la coordinación del próximo Censo. "Creemos que esto es un mecanismo que se volvió habitual, que a través de la configuración de un delito se aceptaba información que es absolutamente equivocada".

Desde el INE regional declinaron volver a referirse al tema, que hoy está centrado en la justicia.