Ángel Valencia acepta renuncia del fiscal Marcello Sambuceti
ARISTA CASO CONVENIOS. Fiscal nacional firmó ayer resolución. Senador Espinoza dijo que, de ser efectivo, evaluará seguir como querellante en la causa judicial. Ex persecutor tuvo comunicaciones con funcionaria de confianza de Vallespín.
A través de una resolución administrativa firmada ayer lunes, el fiscal nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, aceptó la solicitud de renuncia que presentó el ahora ex fiscal de Puerto Montt, Marcello Sambuceti Correa.
El abogado, quien formaba parte del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Los Lagos, estaba suspendido desde principios de agosto luego que se descubrieran comunicaciones telefónicas que involucraban además a la administradora del Gore, Viviana Godoy -hoy en prisión preventiva-, quien es funcionaria de confianza del gobernador regional, Patricio Vallespín.
Dicho antecedente surgió de la revisión de los equipos telefónicos incautados durante el primer allanamiento al Gore Los Lagos, el 20 de julio. Del análisis realizado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), trascendió que se encontraron mensajes de WhatsApp que tuvieron lugar el mismo día en que el gobernador Vallespín llevó 69 cajas con documentos para ponerlas a disposición de la investigación que lleva el fiscal Marco Muñoz, de Sacfi, por las transferencias de recursos desde el Gore a entidades privadas, entre ellas fundaciones.
Fin al Sumario
Tras enterarse por el persecutor de la causa de estas supuestas "asesorías directas", la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer resolvió suspender al fiscal Sambuceti e iniciar un sumario administrativo, el cual fue encargado al fiscal jefe de Castro, Enrique Canales.
La investigación sumaria cerró el 22 de septiembre, con la recomendación de destitución del referido fiscal. Sambuceti fue notificado de la conclusión del sumario y posteriormente, el 16 de octubre, interpuso un recurso de protección contra la fiscal regional y el fiscal que lo instruyó. En el extenso documento, de 74 páginas, su representante, el abogado Roberto Garrido, expuso que "la investigación disciplinaria contra mi representado está plagada de vicios, ilegalidades y arbitrariedades, que con manifiesta desviación de poder lo ha privado de un debido proceso, racional y justo".
Tras pasar por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y Valdivia, dicho recurso ingresó el pasado 30 de noviembre a la Corte Suprema y derivado a tramitación en la Tercera Sala.
No obstante, al aceptarse la renuncia de Sambuceti, la recomendación de sanción administrativa que había llegado a manos del fiscal nacional para su resolución quedaría finalmente sin efecto, situación que también ocurriría con el recurso de protección.
Tráfico de influencias
Además de la arista administrativa, existe contra Sambuceti una causa penal por el delito de tráfico de influencias, cuya investigación -aún vigente- se asignó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. En una declaración realizada el 7 de septiembre, la persecutora regional confirmó "que nos encontramos a cargo de una investigación penal, iniciada en virtud de la decisión del señor fiscal nacional y asignada a esta fiscal regional por antecedentes que fueron puestos en su conocimiento desde la Fiscalía Regional de Los Lagos".
Las diligencias de esta investigación fueron entregadas a la PDI.
"Una pésima señal"
Una vez conocida la resolución de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, El Llanquihue se comunicó con Marcello Sambuceti, quien declinó referirse en esta oportunidad, "sin perjuicio de que pueda hacerlo en el futuro", aclaró.
El senador Fidel Espinoza (PS), en tanto, fue crítico con la medida adoptada por la Fiscalía Nacional. "Es el único caso en Chile en donde un fiscal en ejercicio no sólo está siendo investigado, sino que además consta su eventual participación en al menos querer obstruir la investigación de su propio colega Marco Muñoz, en el marco del Caso Convenios. Es de tal gravedad esta situación que desde la propia Fiscalía Regional se ha solicitado su destitución como fiscal", recordó.
El legislador por la Región de Los Lagos afirmó que aceptar su renuncia "sería una pésima e inaceptable señal, que dañaría profundamente el rol que juega la Fiscalía en la investigación de los delitos, no importando la condición del investigado. De ser así, evaluaré muy seriamente mi continuidad como querellante en el Caso Fundaciones, porque sería avalar actos que debemos erradicar de nuestras instituciones", enfatizó.
El 30 de noviembre, mismo día en que Viviana Godoy ingresó en condición de presa preventiva al penal de Alto Bonito, se supo que el abogado Sergio Coronado, ex querellante del Caso Convenios, dejaba de representar al senador Espinoza en esta causa.
Tal decisión ocurrió luego que el congresista cuestionara de forma pública la postura del abogado Coronado en los alegatos ante la Corte de Apelaciones, quien estuvo por apoyar a la Fiscalía en la solicitud de prisión contra Godoy, medida cautelar que Espinoza dijo, en declaraciones a este Diario, "no compartir".
22 de septiembre