Marcelo Galindo

"Necesitamos que las autoridades regionales y comunales, las policías, Carabineros y la Fiscalía actúen y apliquen la Ley de Usurpaciones que aprobamos en esta sala para eliminar estas casas okupa y también las ventas de terreno en tomas que hay en Puerto Montt", expresó el diputado liberal Alejandro Bernales, quien advirtió un alza respecto de este tipo de delitos en la región.

El planteamiento de Bernales, cuya tienda se apartó del Frente Amplio, pero que aún es parte del Gobierno, tiene relación con las diversas denuncias que han surgido en el Barrio Puerto y en el sector de Pelluco, por el abandono de viviendas y casonas, algunas destruidas por incendios en el contexto de abandono de inmuebles.

El legislador solicitó al gobierno que aplique la Ley de Usurpaciones en la Región de Los Lagos, la cual fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, aplicando medidas como la prisión efectiva, el desalojo y la prohibición de acercarse a los dueños de la vivienda.

"La semana pasada estuve recorriendo algunos barrios de la región junto con vecinos y carabineros, viendo una serie de casas okupa que se han transformado en un foco de delincuencia y peligro para las y los vecinos de los sectores", puntualizó el parlamentario, quien visitó, entre otros, el Barrio Puerto de la capital regional. Bernales sostuvo que desde el Congreso se oficiará a las instituciones para fortalecer la seguridad en los barrios de la Región de Los Lagos y de este modo iniciar un trabajo que fortalezca las medidas preventivas en la población.

Restitución efectiva

Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, dijo que el interés de este organismo es el resguardo del derecho a la propiedad en el ámbito agropecuario, pero "sin perjuicio de ello, hay que señalar que esta nueva ley de usurpaciones permite la aplicación en cualquier tipo de inmueble ya sea rural o urbano, en departamento, casas o sitio eriazo en los centros urbanos, y en ese sentido lo más importante es que se aplica una flagrancia permanente, es decir, en cualquier momento de la ocupación se puede presentar la denuncia ante la Fiscalía o Carabineros e incluso esta última puede actuar en flagrancia".

Sostiene Muñoz que se suma además la herramienta legal de restitución efectiva, es decir, que "vía penal se puede exigir la restitución efectiva del inmueble o propiedad, y también hay que considerar las penas que arriesgan los usurpadores en el caso de uso de violencia o daño a las cosas, y en ello cabe el presidio".

El representante de Campo Seguro señala que la aspiración es lograr una mejora en la ley respecto a la realidad rural, "debido a que estas propiedades se utilizan en faenas agropecuarias y cualquier usurpación interrumpe la productividad de estos terrenos, sin perjuicio que es un avance importante (la nueva ley), respecto que los propietarios legalmente constituidos tengan derecho a su propiedad y hacer uso de sus bienes".

Marcha exploratoria

Las autoridades y los vecinos del Barrio Puerto realizaron un recorrido por los puntos más problemáticos de este punto patrimonial de Puerto Montt, y pudieron conocer en terreno los problemas que se registran por las ocupaciones de inmuebles."Estoy segura de que cada uno va a cumplir una función importante, que es la seguridad y también, sacar el menoscabo que tenemos actualmente y hacer un barrio próspero", sostuvo María Elena Santana, presidenta de la junta de vecinos. Paulina Muñoz, encargada regional de Seguridad Pública, valoró la instancia en terreno, destacando el valor patrimonial. "Particularmente el Barrio Puerto es un sector con identidad, con cultura y con pertenencia. Queremos relevar, justamente, esta historia que los mismos vecinos y vecinas nos han contado la realidad".

5 casas, algunas de ellas levantadas hace casi un siglo, permanecen tomadas en el Barrio Puerto al igual que en Pelluco.

21.633 es la ley de usurpaciones que sanciona a quienes ocupen ilegalmente una propiedad, ya en el sector rural o urbano.

Una dura pena es la que dictaminó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt a dos extranjeros acusados del delito de tráfico de drogas.

Uno de los condenados ya había sido sentenciado a una pena por un delito similar e incluso hace 4 años fue expulsado del país, por lo que se presume que retornó cruzando la frontera por un paso ilegal.

Los dos extranjeros acusados por el delito de tráfico de drogas fueron sentenciados a cumplir 12 años de presidio.

La fiscal de Puerto Montt Nathalie Yonsson dijo que uno de ellos es de nacionalidad dominicana y el segundo colombiana.

Sobre el segundo, comentó la persecutora penal que en 2019 ya había sido condenado por un delito de tráfico de drogas y había sido expulsado del territorio nacional, pero regresó siendo detenido junto al dominicano el 14 de diciembre de 2022 portando 700 gramos de clorhidrato de cocaína.

Junto con ello, Yonsson señaló que los acusados portaban dos armas de fuego -una pistola y un revólver- aptos para el disparo.

La fiscal valoró la decisión del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, de dictar condenas altas por los delitos de tráfico de drogas, además de tenencia ilegal de arma de fuego.