(viene de la página anterior)
que son cercanas a la UDI o a Renovación Nacional, si es que no militantes e incluso cercanas al Partido Republicano, porque son buenos profesionales".
Para la autoridad, lo que está ocurriendo es un tema político y por ello acusa que "están respirando por la herida y tratan de contaminar este proceso llevado por cuatro concejales. Existe debilidad en los argumentos y eso me deja muy tranquilo".
Insistió que en la municipalidad, bajo su administración, ha contratado gente de distintos colores políticos y por ello "rechazo todas las declaraciones que se han dado en el tribunal".
Testimonios
De acuerdo a Paredes, el abogado (recurrente en la causa, Braulio Sanhueza) trata de elaborar una estrategia con un argumentos de los testimonios que no le han servido de mucho, lo que es "un pésimo argumento, porque nosotros estamos presentando todos los documentos que nos han solicitado y son los mismos que hemos entregado a la Contraloría y al Concejo Municipal. Lo que está pasando son como manotazos de ahogado".
El alcalde está esperanzado en declarar pronto y así "terminar, porque tengo el derecho de defenderme y hago un llamado a la tranquilidad a muchos parlamentarios que están preocupados de perder sus escaños".
El abogado recurrido, que defiende al alcalde Paredes, Isidro Solís, observó que en el Tribunal Electoral Regional "no ha pasado nada distinto desde que se presentó la solicitud de remoción y el procedimiento sigue avanzando de manera regular".
Favores políticos
Braulio Sanhueza, abogado recurrente que representa a los cuatro concejales, explicó que en la apreciación de los hechos, el TER actúa como jurado y falla conforme a derecho.
"De manera que en la apreciación de los hechos hay una libre convicción, no hay una prueba legal o tasada. Cualquiera se forma la impresión de que estos hechos, que, efectivamente, ocurrieron del modo que dicen los testigos", dijo.
Acusó que son dos directoras. La de la Dirección de Obras (Javiera Torres) y la del DAEM, (María Luisa Rivera), junto a la presidenta de un sindicato de comerciantes que ocupaban la carpa (que estuvo ubicada a un costado del Mall Paseo Costanra), "que sindican directamente al alcalde de pagar favores políticos con su instalación en ese lugar, además de la existencia de funcionarios fantasmas, lo que ha quedado corroborado con este chofer que prestaba servicios de manera telemática, como hizo referencia la directora del DAEM. Y lo que es más importante, es que aquí estos hechos son múltiples, son graves y las declaraciones son concordantes con la prueba documental de más de 9.000 fojas de las que consta el expediente".
Consecuencias
El ex senador socialista y ex alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros, en nuevas declaraciones realizadas ayer, señaló que si estos hechos son ciertos, "entonces no sólo falló el alcalde, también el Concejo, que no habría cumplido oportunamente su rol fiscalizador y el equipo de asesores de la autoridad, que no supo o no quiso detectar ni poner una voz de alerta frente a estos sucesos".
Anotó que ante estas graves acusaciones, es necesario que el alcalde entregue, a la brevedad, su testimonio. para esclarecer la situación o y que en caso de confirmarse los hechos asuma las consecuencias. "La dilación de estos procesos le hace mal a la fe pública".
Para Quinteros, "aquí no caben defensas corporativas ni partidarias. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones inmediatas para abordar esta preocupante situación. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales".
Ayer el diputado liberal, Alejandro Bernales, recordó que el apoyo del comercio ambulante en las campañas municipales era evidente. Incluso, en lo gráfico, con una fotografía tomada en las últimas elecciones en Puerto Montt.
Inhabilitado
Un punto relevante en esta causa, que fue aclarada por el abogado Isidro Solís -representa al alcalde Paredes-, se refiere a la suspensión de la audiencia de prueba (declaración de testigos) programada para el 21 de diciembre.
Antes que se concrete la audiencia, el 19 de diciembre, el ministro Jorge Pizarro, presidente del TER, presentó un certificado de inhabilidad porque su hija se desempeñaría en el estudio jurídico que defiende a Paredes.
"Lo que ocurrió con la suspensión de la audiencia fue una casualidad y a pesar de todo lo que se ha dicho, es falso que la hija del ministro trabaje en mi oficina. Eso no es así", señaló.
Comentó que "lo que ocurrió es que yo tenía una audiencia de prueba en La Serena y para ir a Puerto Montt le solicite que tomaran la audiencia y le pidieron a una colega que lo hiciera y sólo la contratamos para que compareciera a esa audiencia y así yo poder ir a Puerto Montt y esa circunstancia causó todo este desorden cuando era algo circunstancial. La contratamos como se hace en todo el país, porque la oficina (estudio jurídico) litiga en todo el territorio. Me atrevo a decir desde Antofagasta a Punta Arenas".
"Tengo el derecho de defenderme y hago un llamado a la tranquilidad a muchos parlamentarios que están preocupados de perder sus escaños"
Gervoy Paredes, Alcalde de Puerto Montt
"No sólo ha fallado el alcalde, también el Concejo, que no habría cumplido oportunamente su rol fiscalizador"
Rabindranath Quinteros, ex alcalde de Puerto Montt
21 de diciembre fue suspendida la audiencia de prueba en el TER por la inhabilitación del ministro Jorge Pizarro. Será reprogramada.
9.000 hojas lleva la causa por la acusación de notable abandono de deberes realizada por cuatro concejales contra el alcalde Paredes.
4 son los concejales que solicitan la destitución. Se trata de Fernando Binder, Emilio Garrido, Yerco Rodríguez y Juan Carlos Cuitiño.