Redacción

El próximo 19 de enero se cumple el plazo para que el Ministerio de Transportes dicte el reglamento que regulará la ley que regula las aplicaciones de transportes en Chile, conocida como "Ley Uber", ante lo cual las empresas que prestan estos servicios han desatado una agresiva campaña de rechazo al cuerpo legal que debe comenzar a regir en abril. Ante esto, el ministro subrogante de la cartera, Jorge Daza, afirmó que dicha arremetida no inquieta al Ejecutivo.

Según un reporte del OCEC-UDP, 35.992 personas podrían verse afectadas, es decir, el 88,9% de los conductores de las aplicaciones de transporte no podría seguir trabajando en ellas, según el borrador del reglamento que se cita en el informe.

La Ley Empresas de Aplicaciones de Transporte busca regular y brindar mayor seguridad en este servicio mediante requisitos como tener licencia de conducir clase A, una antigüedad máxima del vehículo y también cilindrada.

En relación con las tensiones que este proceso ha generado entre el Gobierno y las mencionadas compañías de transporte, la autoridad expresó en radio ADN su sorpresa ante el despliegue publicitario, ya que la ley ya fue publicada en abril de 2023.

"Pareciera ser como si se estuviera tramitando la ley y ya está publicada. Y cuando uno está en la tramitación del reglamento, no se puede modificar lo que la ley dejó expresamente señalado y la ley dejó exigencias bastante explícitas: la licencia de conducir profesional, el periodo de congelamiento de conductores y exigencias en tecnología mínima, las que se le aplican a los taxis. Entonces, en el reglamento hay bien poco espacio para hacer precisiones de la ley", indicó.

El ministro recalcó que se realizó un "proceso participativo" que incluyó webinars y consultas a la industria y académicos, para recoger opiniones sobre el reglamento, por lo que dijo que "estamos tranquilos porque hemos escuchado a muchas personas para poder dictar este reglamento y que estamos ad portas de evacuar a la Contraloría General de la República".

"se escuchó a las partes"

Añadió que "se escuchó a todas las partes: aplicaciones, conductores, taxistas y al mundo académico", de manera de poder "precisar" puntos del reglamento antes de su dictación. "Y por eso nos sorprende que se esté haciendo una campaña que no corresponde, porque si se quería hacer una presión, se debía hacer previo a la tramitación de la ley en el Congreso. Estas campañas agresivas no nos inquietan, estamos trabajando de acuerdo a lo que nos señala la ley", agregó.

Además, Daza apuntó a los beneficios que aporta la nueva ley: "Va a hacer contribuciones importantes: aumentar la seguridad tanto de pasajeros y conductores con un registro nacional de automóviles y conductores".

Finalmente, la autoridad aclaró que "nosotros no estamos en contra de las aplicaciones; estamos en pie de poder regularlas y aumentar los niveles de seguridad. Hasta que entre plenamente en vigencia la ley, van a pasar prácticamente tres años, por tanto, hay plazos más que suficientes para que la industria y los conductores se adapten a las exigencias de la ley".