Hace unos días, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sostuvo que la temperatura media global podría situarse este año en torno a los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, el límite que el Acuerdo de París aconsejaba no superar. Si bien la afirmación está condicionada a que se mantenga la actual tendencia al aumento en el largo plazo, la ciencia dice que es probable que 2024 sea un año más cálido por la incidencia del fenómeno de El Niño.

Una temperatura media global de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales durante 10 años consecutivos demostraría que no se está cumpliendo el Acuerdo de París, en el que se advertía sobre un alza aún mayor de las catástrofes climáticas si se llega a esa situación. Desde la misma organización se recordó que a nivel mundial se enfrenta un desafío complejo y que frente al cambio climático la humanidad debe actuar como una familia global, unida por responsabilidad compartida, visión por el futuro de las nuevas generaciones y también un destino común.

Es el momento y la obligación de cambiar el curso de los acontecimientos en materia climática, buscando soluciones que estén al alcance de los ciudadanos y de las grandes organizaciones. La OMM ya tiene en marcha un programa destinado a que todos los países del mundo dispongan de sistemas de alerta temprana, para prevenir desastres naturales y así salvar vidas. La conexión directa de esta estrategia con la crisis climática es que el aumento de gases de efecto invernadero es una bomba de tiempo que amenaza con el derretimiento de los casquetes polares, con riesgo sobre países y zonas costeras muy pobladas.

Los informes de diversos especialistas insisten en los efectos de la crisis climática ya comienzan a sentirse con aumentos de temperatura inusuales y con tormentas en zonas donde usualmente no había, que son consideradas como señales de que el fenómeno avanza más rápido de lo que se esperaba.

Chile es un país pequeño e influye poco en esta realidad, pero está haciendo lo suyo, en especial en el sector energético, donde en un plan por etapas se están cerrando las plantas generadoras termoeléctricas a carbón, junto con desarrollar energías renovables no convencionales, como solares y eólicas. La pregunta es qué pueden hacer los ciudadanos para aportar a evitar que la crisis climática siga avanzando.

Lejos de ser inocuas, como se ha pretendido instalar, las reuniones entre ministros de Estado, parlamentarios e importantes representantes del sector privado, realizadas a puertas cerradas en el departamento de un político sin cargo y actual lobista, parecen haber confirmado en la praxis lo que hasta aquí era sólo una hipótesis, en todo caso muy arraigada en el imaginario colectivo: la forma en que verdaderamente se ejerce el poder y se toman las decisiones importantes.

La masiva y conveniente "amnesia" de los políticos que aceptaron la invitación de Pablo Zalaquett no ayudan mucho a esclarecer los hechos. Menos aún las burdas e infantiles explicaciones de las autoridades.

Lo único que sí está claro, por ahora, es que fueron reuniones "irregulares" a la luz de la Ley de Lobby, ya que los propios ministros involucrados, que primero defendieron con vehemencia que las citas no estaban sujetas a dicha normativa, a los pocos días comenzaron a registrarlas, en un ejercicio que a estas alturas resulta tan extemporáneo como insulso.

Pero quizá lo que más llama la atención es la pasividad institucional, con la salvedad de la Contraloría, que ha sido la única que ha exhibido voluntad de llegar al fondo del asunto. Ni comisiones investigadoras, ni el inicio de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, ni nada. Pareciera que nadie, salvo la contralora, está dispuesto a escarbar en un tema que previsiblemente sólo traerá costos para quienes lo intenten.

La transparencia en el ejercicio de la función pública no sólo es una de las mayores cortapisas para la corrupción, sino que además es la base fundamental de la legitimidad de las decisiones de la autoridad, de la construcción de la confianza ciudadana y de la propia democracia.

Además, no cabe duda que el diálogo, vendido hasta el cansancio como bastión de gobernanza, es útil para acercar posiciones y avanzar en políticas públicas que redunden en un mayor bienestar de los gobernados.

Pero nada de eso sucede ni es aceptable con el diálogo clandestino, oculto, secreto, bajo el radar, y en el seno del poder, cuyos contenidos, alcances y consecuencias para la ciudadanía y para los propios "dialogantes" nadie conoce.

Así, en tiempos en que los derechos se han impuesto por sobre los deberes, aquí encontramos un caso donde ambos confluyen. Por un lado, el derecho de los ciudadanos a saber qué sucedió en esas reuniones y, por la otra vereda, el deber de las autoridades de transparentarlo. Lamentablemente en el Chile de hoy, donde la ley parece ser sólo un dato más y el pudor parece haberse convertido en un bien escaso, probablemente ni lo uno ni lo otro va a suceder.

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