Marcelo Galindo

Reconociendo que existe un aumento importante de extranjeros en la ocurrencia de delitos en la región y en el país durante los últimos 10 años, el defensor nacional penal público, Carlos Mora, se refirió al fenómeno delictivo del que no ha quedado ajena la región.

Otro punto que destaca Mora tiene relación con el alto porcentaje de inseguridad que vive la ciudadanía y que se debería a que alrededor del 60% de las denuncias se relacionan con un imputado desconocido. El abogado estuvo en Puerto Montt conociendo diversas funciones que ejecuta la Defensoría en el plano local y regional.

-¿Cómo ha visto todos estos cambios que se han generado en el llamado "endurecimiento" de algunos tribunales de garantía, fenómeno del cual no está ajena la Región de Los Lagos?

-El endurecimiento proviene de distintos frentes, siendo el de los tribunales quizás el último. El aumento de la sensación de inseguridad ciudadana ha llevado al Poder Ejecutivo a priorizar la agenda de seguridad, reforzar los presupuestos para persecución penal y al Parlamento a dictar, entre 2022 y 2023, más leyes de carácter punitivo que en los 20 años anteriores. Es así como se ha aumentado la pena de muchos delitos, se han creado nuevos delitos, han aumentado los casos para decretar la prisión preventiva, han aumentado de manera importante las restricciones para optar a penas en libertad, se han aumentado las restricciones a los jueces para bajar las penas y se han restringido las posibilidades de libertad condicional para los condenados.

En general, este endurecimiento de los jueces obedece a un contexto social y legal que impone un tratamiento penal mucho más duro.

-Hay un incremento en la sensación de inseguridad. ¿Cuál sería el factor de incidencia?

-Si revisamos los informes estadísticos del Ministerio Público, los ingresos de casos en la última década se han mantenido estables, en torno al 1.300.000 anual, en promedio, de manera constante. Lamentablemente, lo que ha ocurrido es que el porcentaje de imputados desconocidos ha ido en aumento, siendo hoy en día más del 60% de las denuncias recibidas por el Ministerio Público, lo que favorece la sensación de inseguridad. Sin embargo, cabe reconocer que han existido aumentos en determinados delitos, tales como los homicidios, delitos sexuales y de drogas, y aquellos que se identifican con criminalidad organizada.

Efectivamente, además, ha aumentado la percepción de inseguridad ciudadana, lo cual refleja una interpretación de la realidad regional en materia criminal, y, por otro lado, se debe considerar la visibilidad mediática que han tenido ciertos delitos graves, como homicidios, secuestros y robos violentos, que tienen una alta cobertura de la prensa.

Extranjeros

-¿Existe un aumento de extranjeros en los distintos delitos?

-Evidentemente, el número de personas extranjeras o migrantes imputadas y condenadas ha venido incrementándose en los últimos años. De hecho, si el 2013, sólo el 1,4% de las personas atendidas por la Defensoría eran extranjeras, diez años después, en el año 2023, éstas alcanzaron un 9%. Con todo, la criminalidad migrante no ha aumentado más que el incremento proporcional que ha tenido la población migrante, en su proporción respecto de la población general.

Sin embargo, es necesario reconocer una incidencia mayor de esta población en ciertos delitos como el tráfico de drogas, homicidios y robos. A su vez, la proporción de extranjeros imputados y condenados es particularmente mayor en ciertas zonas del país como en las regiones del norte y, particularmente, en Tarapacá.

-¿Cree que es necesario endurecer las penas para lograr las sanciones por cometer un delito?

-De acuerdo a la experiencia criminológica, el endurecimiento de las penas no produce mayor impacto en la disminución de los delitos.

La solución de fondo pasa por mayor prevención de los delitos, mayor inteligencia en la persecución penal, y sobre todo, mayor reinserción social de los condenados, a efectos de no imponer una privación de libertad de mero castigo, de alto costo económico para la sociedad; pero inútil o incluso criminógena para el condenado, que no resocializa ni reinserta a las personas, sino que las somete a condiciones de hacinamiento y contagio criminal, saliendo de la cárcel peor de lo que entraron, repitiendo el ciclo del delito y de reincidencia, al no conocer otra opción de vida y tampoco el Estado contribuir a que reformen.

Se requiere un sistema penitenciario con mayores recursos, con una justicia especializada en ejecución penal y una legislación que ordene esta materia, en la línea de castigar, pero también resocializar de verdad a las personas condenadas.

-El Código Penal va a cumplir 150 años, ¿es necesario un cambio total o sólo en aquellos aspectos que son necesarios por los tiempos que se viven, en el aspecto tecnológico?

-Efectivamente se cumplen 150 años y es un momento simbólico para reflexionar sobre la vigencia de sus conceptos y contenidos para responder a los desafíos que exige la sociedad contemporánea.

Es un Código de 1874, que a lo largo de los años ha sido objeto de innumerables modificaciones, muchas de ellas asistemáticas entre sí, requiere de una pronta actualización, desde su lenguaje, hasta sus delitos y penas, conforme al desarrollo de la dogmática penal moderna.

El Ministerio de Justicia se encuentra encabezando este proceso de modernización del sistema penal, con el aporte de las instituciones operadoras y la posibilidad de disponer de un nuevo cuerpo normativo se vislumbra como muy positivo.

Evaluación

-A más de dos décadas de la Reforma Procesal Penal, ¿es necesario realizar una modificación, producto de la evolución que existe en la forma de delinquir, y que algunos hechos son más violentos, como hemos visto con el crimen organizado?

-El fiscal nacional (Ángel Valencia) ha indicado que el fenómeno de criminalidad organizada ha adquirido mayor notoriedad por el carácter transnacional que ha adquirido. Lo anterior requiere efectivamente un pronto tratamiento especial de investigación y penalidad, que con las recientes leyes dictadas y modificaciones procesales penal que están en curso, se espera hacer más eficiente su persecución.

-Si la Fiscalía está tomando medidas para enfrentar mejor el fenómeno del crimen organizado, ¿cómo debe actualizarse el trabajo de la Defensa Penal Pública para afrontar esto, como interviniente del sistema?

-La Defensoría Penal Pública debe cumplir su rol de defensa, interviniendo en todo el proceso penal desde el inicio de la investigación y hasta la completa ejecución de la sentencia, como mandata la ley.

Para ello, junto con el plan de fortalecimiento del Ministerio Público que se diseña actualmente en el Congreso, esperamos que como Defensoría seamos dotados también de mayores recursos y dotación, a efectos de cumplir el rol que la ley nos ordena ante todas las nuevas acciones e instancias de investigación y judicialización que el Ministerio Público podrá desplegar con estos nuevos recursos. Igualmente debería acontecer con el poder judicial.

Lo que esperamos es que el fortalecimiento de nuevos recursos para enfrentar al crimen organizado, sea fortaleciendo al sistema de justicia en su conjunto y no con mayor dotación de una institución y menoscabando a otras en dicha tarea. En un Estado democrático de derecho tan importante como es la persecución penal, es el cumplimiento a los derechos humanos y a las garantías judiciales de los ciudadanos.

"Es un Código (Penal) de 1874, que a lo largo de los años ha sido objeto de innumerables modificaciones, muchas de ellas asistemáticas entre sí" "Si el 2013, sólo el 1,4% de las personas atendidas por la Defensoría eran extranjeras, diez años después, en el año 2023, éstas alcanzaron un 9%"