La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario y gratuito, por el cual una persona o su familia deciden cederlos para que sean extraídos e implantados en otra. Puede ser realizada por personas vivas que lo aportan a algún familiar, siempre que no altere el funcionamiento vital de su cuerpo, o por pacientes fallecidos, previa autorización de su entorno.

Sin embargo, tanto las cifras de donaciones como las de trasplantes en Chile son todavía insuficientes. Chile cuenta con solo 10,4 donantes por cada millón de habitantes, mientras que Brasil tiene 17,5 y España 48,9 donantes por millón. En 2023, se efectuaron 608 trasplantes en nuestro país, con 640 órganos trasplantados. De estos, 511 provinieron de donantes fallecidos y 97 de donantes vivos.

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, actividad esencial para ayudar a quienes han perdido la posibilidad de sanar o mantener en buen funcionamiento un órgano vital y necesitan que sea reemplazado para tener la oportunidad de seguir viviendo.

En Chile, según la ley, todas las personas mayores de 18 años de edad son donantes, a menos que en vida acudan a una notaría y declaren la voluntad de no serlo. No obstante, la palabra final la tienen los familiares. En el caso de los fallecidos en nuestro país, solo el 2% es un potencial donante de órganos, ya que para que una persona sea considerada donante, la ley establece que debe haber fallecido por criterio neurológico, es decir, haber tenido una muerte encefálica. En esta situación, los órganos y tejidos que pueden ser trasplantados son corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, intestino, córneas, huesos y piel. En cambio, en el caso de un donante vivo, debe ser mayor de 18 años y el receptor del órgano siempre es algún familiar directo, su cónyuge o conviviente. Los aportes están muy lejos de cubrir la demanda de casi 2.500 pacientes que se encuentran en lista de espera en el país, muchas de las cuales requieren de un trasplante para poder seguir viviendo.

Resulta clave promover este acto de vida para con el otro, el que incluso se traduce en que un ser querido seguirá viviendo tras la muerte.

Ya han pasado 15 años desde la entrada en vigencia de la Ley Lafkenche, normativa que permite a los pueblos originarios solicitar al Estado el reconocimiento y la administración de espacios costeros a través de la acreditación de usos ancestrales y ceremoniales, con el fin de resguardar su cultura y tradiciones. Sin embargo, en este tiempo, la poca información pública respecto a las solicitudes, la masiva presentación de estas a nivel nacional, el excesivo tamaño de los espacios, la poca coordinación entre los servicios públicos intervinientes, la falta de recursos para llevar adelante estos procesos y el que las peticiones suspendan por varios años cualquier trámite para desarrollar o renovar proyectos en el borde costero (como puertos, áreas de manejo, caletas, concesiones marítimas, etc.), han generado conflictos y dificultades entre las diversas actividades y solicitantes que conviven en el borde del mar.

El ejemplo más patente de lo anterior es el actual trámite de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) en Cisnes e Islas Huichas, en la Región de Aysén, procesos que partieron hace casi 8 años y que, con sorpresa y desconocimiento de parte importante de la comunidad, se votará el 29 de febrero. En ellos, CONADI ya acreditó a cerca de 30 personas 621 mil hectáreas, lo que las convierte, por lejos, en una de las peticiones más extensas a nivel país, abarcando un porcentaje mayoritario del borde costero de la región. Desgraciadamente, a pesar de su relevancia en materia social y económica, en estos procesos que llevan años de tramitación, no hemos visto por parte de la institucionalidad responsable ni de parte de las autoridades de la Región de Aysén una voluntad real de informar, ni de hacer parte a la diversidad de actores que ocupan el borde costero. Tampoco, se advierte que se sopese esta desproporción, donde un grupo reducido de personas podría poner en jaque el desarrollo futuro de una región completa, generando preocupación por los precedentes futuros y el impacto que podría generar una medida de este tipo en la macrozona sur, donde lo que ocurre en una región impacta a las regiones vecinas por el encadenamiento productivo que acá se genera.

Todos estos antecedentes tienen que poner la voz de alerta. La mala utilización de la norma, el no cumplimiento de plazos y la desprolijidad en la aplicación de la ley ya ha generado que senadores de todos los sectores políticos presentaran un proyecto de ley para revisar la Ley Lafkenche, tema que también se ha debatido en la Comisión Presidencial por la Paz y Entendimiento. Por lo mismo, creemos que frente a la votación de estas dos solicitudes controvertidas no pueden tomarse decisiones a la ligera, ni a última hora. Las autoridades nacionales y regionales deben tomar nota de los vicios detectados, analizar las solicitudes en su mérito, y también deben tener en cuenta los impactos en el desarrollo de los territorios.

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El crucero motor San Rafael termina hundido

A sólo semanas de la botadura y bautizo del hermoso yate San Rafael, tipo crucero motor, ayer se reportó un accidente que terminó con la nave con serios daños. Según la investigación, un trabajador responsable de la carga de las baterías olvidó cerrar las claraboyas. Al subir la marea el agua ingresó a la nave, la que terminó totalmente hundida.

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General Augusto Pinochet visitará Puerto Montt

A fines de esta semana se espera la llegada a Puerto Montt del presidente de la Junta Militar de Gobierno, general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte. El general Pinochet llegaría el viernes 1 de marzo, para regresar el sábado a Santiago. En Puerto Montt se impondrá del desenvolvimiento de las actividades fundamentales y aspiraciones de la zona sur del país.

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Hallan a niñas fugadas de hogar de menores

Detectives de la PDI de Puerto Montt encontraron en un céntrico inmueble abandonado de la ciudad a cuatro adolescentes, quienes estaban con dos hombres adultos. Tras el control de identidad, se confirmó que todas las niñas se habían fugado de un hogar de menores. Carabineros anunció que oficiará al municipio, para que encargue a los dueños el cierre de los perímetros.