El Tribunal Supremo de Justicia (Corte Suprema) se pronunció este martes a favor del estado de Texas permitiéndole la entrada en vigor de una ley que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

La legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.

El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Los demandantes habían pedido a la Suprema que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.

Ayer los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. "Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU", y subrayó que la ley ya está en vigor.

Arresto por sospecha

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.

El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.

Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de ayer como "decepcionante".

El abogado añadió en un comunicado que la ley "amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso" por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.

Situación crítica

Mientras esto ocurría en Texas, en la frontera sur de México miles de migrantes, en su mayoría de Haití y Honduras, saturaron las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), lo que provocó enfrentamientos por la disputa de los espacios para recibir atención.

Los vecinos alrededor de la oficina en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, reportaron que la dependencia del Gobierno volvió a colapsar con la presencia de miles de migrantes.

Funcionarios de la Comar explicaron sobre el terreno que hay muchas personas, en especial de Haití, que quieren una cita para la entrevista de elegibilidad, en la que su equipo está trabajando a marchas forzadas para atender a los migrantes.

Los migrantes llegaron desde el jueves pasado a realizar filas y muchos se quedaron a dormir hasta ayer.

El hecho refleja el flujo migratorio sin precedentes a través de México, donde las peticiones de asilo subieron 18,2% en 2023 hasta un récord de 140.982, la tercera cifra más alta del mundo, según el Gobierno.

El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, anunció ayer que acepta la invitación del Gobierno para llevar a cabo una "negociación jurídica" que los lleve a un acuerdo de paz, formulada la víspera por el presidente Gustavo Petro.

Así lo aseguró ese grupo armado, que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en un comunicado en el que señala que están dispuestos a acudir a donde se les indique para sentarse a hablar de paz.

"A pesar de que se desconoce nuestra identidad al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para la regiones en donde hacemos presencia", señala el comunicado.

Durante un acto de Gobierno celebrado el lunes en Apartadó, Antioquia, Petro planteó una "negociación jurídica" del Clan del Golfo con la Fiscalía para acabar con los negocios ilícitos de ese grupo, lo que daría paso a nuevos diálogos de paz.

"El que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve 'guerriamos', porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de negociación", expresó el jefe de Estado.

Petro manifestó que cree "que se puede negociar, pero previamente esa organización tiene que tener muy claro que no se entra a negociar con el Gobierno para duplicar el narcotráfico sino para acabarlo", y lo mismo debe ocurrir con otros delitos a los que se dedica ese grupo armado ilegal.

Al respecto, el Clan del Golfo señaló en el comunicado "que las economías ilícitas", como el narcotráfico, que es junto con la extorsión y el tráfico de personas migrantes una de sus fuentes de negocio, "existen en las regiones mucho antes de que fuéramos una realidad como organización" y que no fueron ellos quienes las crearon.

"Igualmente, no tenemos el poder de crear las condiciones para que se registre un flujo migratorio de las proporciones del que se vive en los últimos años en el Darién", afirmaron sobre la selvática región de frontera entre Colombia y Panamá por la que a diario transitan miles de migrantes de diferentes países con destino a Estados Unidos, y a los que el Clan del Golfo les cobra por dejarlos pasar.

En ese sentido, alegan: "No tenemos ninguna relación con este nefasto tráfico".

De concretarse el inicio de una negociación de paz, se sumaría a las que el Gobierno tiene con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.