Probidad y privilegio

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La ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que al "resguardar las instituciones, su funcionamiento, la confianza que ellas tienen que generar frente a la ciudadanía, (hay que) tomar medidas por la probidad y contra todo lo que pueda sonar a privilegio y consideraciones especiales indebidas dentro de una institución que se debe a la ciudadanía y que se debe a lo público", por ejemplo, el fin del contrato de arriendo de la casa del exdirector nacional de la PDI, Sergio Muñoz, que ascendía a $5 millones mensuales.