Caracas: opositores refugiados en embajada argentina denuncian el "asedio" de Maduro
VENEZUELA. Seis dirigentes agradecieron la gestión del Gobierno de Milei y acusaron "persecución desatada".
Dirigentes opositores venezolanos al Gobierno de Nicolás Maduro, que están refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, confirmaron ayer que están "a resguardo", aunque bajo "asedio" del oficialismo, que, según ellos, cortó la electricidad en la sede diplomática.
"La posición del mandatario argentino (Javier) Milei es valiente", destacó el diputado Omar González Moreno a Radio Rivadavia.
Los seis venezolanos están agradecidos por estar "bajo protección" y se sienten "seguros" en la representación diplomática argentina, dijo el escritor: "Esta enaltecedora actitud de los argentinos por darnos refugio a seis líderes políticos que estamos siendo acosados, hostigados, perseguidos", para "que nos metan en calabozos y salas de tortura, y valientemente Argentina ha salido a darnos cobijo para que eso no ocurra".
En un comunicado oficial difundido en la víspera, el Gobierno argentino apeló a la Convención de Viena para justificar el refugio concedido a los opositores -identificados como Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y González Moreno, más un sexto cuyo nombre se desconoce- y protestó por el corte en el suministro de electricidad.
"Tras emitir una orden de aprehensión, comenzó un asedio a la embajada argentina en Caracas. Nos cortaron la electricidad. Los refrigeradores, agua, servicios elementales", contó González Moreno, quien indicó que hay "evidencias de videos" de funcionarios de la estatal empresa eléctrica retirando "parte de los equipos que permiten sólo a la residencia del embajador argentino en Caracas estar sin servicio eléctrico".
Los refugiados están "bien", coincidió Urruchurtu, coordinador de la campaña de la opositora María Corina Machado, en Radio Mitre, aunque también resaltó el corte del suministro eléctrico, lo que "es una situación inaceptable y violatoria del derecho internacional", que calificó como "un asedio".
"persecución"
"Es parte del persecución desatada para quienes estamos defendiendo la libertad de los venezolanos de votar libremente", explicó González, quien indicó que los opositores que pudieron inscribirse como candidatos -a diferencia de Machado o Corina Yoris- fueron "escogidos" por Maduro para "permanecer en el poder", al que accedió tras la muerte del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y cuya reelección busca el 28 de julio.
El diputado expresó que, de no encontrarse en la embajada, estaría "detenido" y denunció la "detención forzosa" de dos colegas, cuyo paradero se desconoce: "Es parte de la brutal tiranía en Venezuela".
El escritor destacó que incluso los izquierdistas Gustavo Petro (Colombia) y Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil) no defienden "la tiranía de Maduro".
"Otros países se aprovechan" de que la comunidad internacional "voltea la cara", y citó a Irán, Rusia y China.
También afirmó que en su país se "cobijan organizaciones criminales", "cárteles de narcotráfico tienen tomado el territorio nacional", hay "explotación ilegal" de minerales y en aeropuertos pequeños hay vuelos semanales a Teherán.
"Seguimos en la lucha por la liberación de Venezuela", dijo el escritor, "haciendo frente para sacar a Venezuela de esta tiranía por la vía electoral, que Maduro califica de terrorista".
Masivo apoyo a cpi
En paralelo, 243 legisladores de Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un texto conjunto en respaldo a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre "presuntos crímenes cometidos por funcionarios venezolanos al menos desde el 12 de febrero del año 2014".
Según el texto, entre los hechos presuntamente cometidos bajo la Presidencia de Nicolás Maduro, se incluyen "graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución política, violencia sexual y torturas".
En un comunicado, los parlamentarios se refirieron a "la represión y persecución sistemática contra los venezolanos"; en concreto, "la persecución contra miembros y directivos de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de DDHH o personas que se manifiestan o protestan pacíficamente en contra del Gobierno de Nicolás Maduro".